Con gran satisfacción escribo uno de los primeros artículos del blog de ICON-S en idiomas ibéricos (español y portugués). Creo que este es un paso muy importante para la Asociación en su apertura al mundo, a diversas lecturas y formas de pensar el derecho público, y una señal relevante de que se pretende asegurar una efectiva diversidad de perspectivas, en nuestro debate común.
Las dificultades de articulación del debate entre diferentes culturas constitucionales plantean serios problemas, sobre los cuales creo que debemos reflexionar y discutir. Tales dificultades se manifiestan en varios fenómenos que podemos intentar superar, haciendo un esfuerzo consciente por construir más puentes, intentando incluir los horizontes del otro en el análisis de los problemas, en lugar de limitarnos a un marco conceptual caracterizado por adoptar mínimos denominadores comunes.
Como jurista ibérica, soy miembro de una cultura constitucional que se sitúa en el marco del derecho continental, y no en el universo de common law, y que bebe muchos de sus conceptos de la dogmática alemana del siglo XX. La doctrina portuguesa es tradicionalmente abierta a lo que se produce en otros sistemas, no solo el alemán, sino también el italiano o el español, teniendo, naturalmente, vínculos con las soluciones jurídico-constitucionales brasileñas y, más indirectamente, con las de toda América Latina. Por lo tanto, creo que algunos de los temas que plantearé a continuación serán bien comprendidos por compañeros de todas estas tradiciones constitucionales, y que esta contribución puede ser el comienzo de un debate más amplio.
I. Las lenguas como barreras o como puntos de entrada a diferentes culturas constitucionales.
El primer problema que me gustaría señalar es la limitación que supone reducir el horizonte común de significados y la bibliografía que sirve de base al debate a lo que se produce en inglés, la lengua franca de la academia internacional. De hecho, muy poco del conocimiento jurídico producido en otros idiomas es movilizado en las discusiones de la academia mundial. Esto obliga, por un lado, a que los miembros de una determinada tradición constitucional hagan un esfuerzo continuo de explicar, justificar y comparar según determinados paradigmas; por otro lado, es atendible la dificultad de los demás colegas para comprender cierto tipo de conceptos y cuestiones.
Además de la reducción del debate que tal estado de cosas implica, y que desarrollaré a continuación, la atribución de credibilidad académica solo a trabajos producidos en inglés crea otro problema. Por un lado, y por supuesto, el desconocimiento de discusiones y trabajos de enorme relevancia en los contextos nacionales. Pero, sobre todo, la posibilidad de presentar como únicas, o indiscutibles, posiciones sobre determinados temas intensamente debatidos y controvertidos, en el marco de una determinada cultura constitucional, o de un determinado país. Hay que tener en cuenta que el dominio del inglés, especialmente a efectos de publicaciones internacionales, depende, en muchos países, de factores como la edad, la clase social y la capacidad económica, tanto personal como institucional. Todo ello deja espacio para que una élite académica, que incluso puede tener posiciones minoritarias en el marco de su doctrina nacional, crezca en la academia internacional, transmitiendo una visión de las cosas asumida como la posición de su país, cuando, de hecho, se disputa internamente.
No tengo una solución milagrosa para este problema, pero creo que reconocer su existencia es un primer paso importante. Además, el esfuerzo por conocer, más que superficialmente, lenguajes constitucionales y culturas diferentes a la nuestra es imprescindible, por lo que el compromiso de varios compañeros de hacerlo, en el marco de ICON-S, es muy bienvenido.
II. La necesidad de conocer las discusiones fundamentales de diversas culturas constitucionales: el ejemplo del constitucionalismo transformador.
La barrera lingüística también lleva, en ocasiones, a ignorar una larga historia y una amplia discusión en torno a conceptos, instrumentos teóricos y problemas constitucionales que ocurren en otros espacios constitucionales.
Un ejemplo de este fenómeno es el reciente debate sobre el constitucionalismo transformador. En la literatura anglosajona se suele atribuir a K. Klare (Legal Culture and Transformative Constitutionalism, 14 S. Afr. J. on Hum. Rts. 146, 1998). Sin embargo, tiene vínculos claros con una larga y profunda discusión constitucional y política que ha tenido lugar, por ejemplo, en Portugal y Brasil, durante los últimos 40 años. Nacido de los enfrentamientos doctrinales alemanes desde la época de la Constitución de Weimar, y basado en el trabajo de varios autores, en particular de K. Hesse, el debate sobre las normas programáticas y la constitución rectora surgió en Portugal tras la adopción de la Constitución democrática de 1976 y de allí se exportó a Brasil, luego del proceso de democratización que condujo a la aprobación de la Constitución de 1988. Varios de los temas centrales del debate, por ejemplo, el papel de la justicia constitucional, y de los tribunales en general, en la realización de amplios catálogos de derechos fundamentales, también encuentran eco en parte de los países latinoamericanos.
Aunque no corresponde totalmente al concepto actual de constitucionalismo transformador, el conocimiento y estudio de este debate permite cuestionar algunas de las conclusiones dominantes sobre ese tema, a saber, su descripción como fenómeno del Sur Global. Muchos de los elementos centrales del constitucionalismo transformador han sido discutidos y ampliamente aceptados en diferentes países de tradición continental, al menos en Europa y Latinoamérica. Sin embargo, esta fue una discusión que no se llevó a cabo en inglés, por lo que solo atrajo la atención mundial cuando se reformuló a propósito del caso sudafricano.
III. La limitación del debate que ignora conceptos clave de determinadas culturas.
Finalmente, quisiera señalar que varias cuestiones clave de derecho público ven alterado, o incluso vaciado, su significado ante la negativa más o menos explícita a discutirlos a la luz de la noción de constitución normativa y del concepto de fuerza normativa de la constitución. Esta idea, común a quienes se inspiraron en la cultura alemana, es fundamental para una concepción de la constitución como mucho más que un mero instrumento de gobierno. Representante de una de las posibles manifestaciones de esta visión, y con amplia influencia en Portugal, España y Brasil, es la obra del jurista alemán P. Häberle, en la que la constitución se entiende como un proyecto en continuo desarrollo, representativo de la cultura y de la experiencia de una sociedad y, al mismo tiempo, abierta a la evolución y la utopía.
Esta concepción de la constitución se disputa, por supuesto, dentro de los propios espacios constitucionales nacionales, pero esta disputa es, en sí misma, significativa y, en regla, se basa en divergencias políticas, ideológicas y metodológicas. Así, la limitación del concepto de constitución a la idea de instrumento de gobierno deja en suspenso el proyecto político, social y económico inherente a cada uno de estos textos constitucionales, y las obligaciones que esto implica para los órganos nacionales. De esta forma, resulta difícil entender el significado que asumen en este contexto principios básicos como la separación de poderes o la igualdad, y el condicionamiento que supone para los órganos del poder constituido, a través de obligaciones del legislador y de la consagración de un amplio control judicial de los poderes públicos y de la constitucionalidad material de los actos del poder político.
Si no lo tenemos en cuenta, se reduce el horizonte de una serie de debates, por ejemplo, sobre el régimen jurídico y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales; sobre el papel del Estado en la organización económica y social, y sobre las tareas fundamentales que le son asignadas constitucionalmente (que, en el caso portugués, incluyen expresamente “promover el bienestar y la calidad de vida de las personas y la igualdad real entre los portugueses ”y la “realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mediante la transformación y modernización de las estructuras económicas y sociales”, y también “promover la igualdad entre hombres y mujeres”- véase el artículo 9. de la Constitución portuguesa de 1976).
Esta limitación no solo oscurece los fundamentos de determinadas soluciones constitucionales y el origen de varios conflictos entre los ordenamientos constitucionales nacionales y supranacionales, sino que también refuerza -inconscientemente- la posición de quienes, en los contextos de cada país, se oponen a las consecuencias de la idea de constitución normativa por no estar de acuerdo con el proyecto político y social específico consagrado en su texto constitucional. No es que esta o cualquier otra posición no pueda ser apoyada. Pero es fundamental que esto se haga de forma consciente y con plena consciencia del contexto, académico, pero también político.
G. Frankenberg (Order From Transfer, Edward Elgar Publishing, 2013) llama la atención sobre las limitaciones del constitucionalismo global, en el que el constitucionalismo liberal es el paradigma dominante como manifestación del fenómeno de la globalización, y apela a una comprensión de los conflictos de clase, género y raza cristalizados por la hegemonía de un lenguaje constitucional predominantemente anglosajón y eurocéntrico, y al reconocimiento del sustrato político e ideológico que le sirve de base. Creo que es este ejercicio el que necesitamos profundizar.
Lost in translation? Porque necessitamos de pensar o direito público em várias línguas.
É com grande satisfação que escrevo um dos primeiros posts do blogue da Icon.S em línguas ibéricas (castelhano e português). Creio que este é um passo importantíssimo da Associação na sua abertura ao mundo, a várias leituras e formas de pensar o direito público, e um sinal relevante de que se pretende assegurar uma diversidade efetiva de perspetivas, no nosso debate comum. As dificuldades de articulação do debate entre culturas constitucionais distintas levantam problemas sérios, sobre os quais creio que devemos pensar e discutir. Tais dificuldades manifestam-se em vários fenómenos que podemos tentar ultrapassar, fazendo um esforço consciente por construir mais pontes, por tentar incluir na análise de problemas os horizontes do outro, em vez de nos limitarmos a um quadro conceptual caracterizado por adotar os mínimos denominadores comuns. Como jurista ibérica, sou membro de uma cultura constitucional que se situa no quadro do direito continental, e não no universo da common law, e que bebe muitos dos seus conceitos da dogmática alemã do século XX. A doutrina portuguesa é, tradicionalmente, aberta ao que se produz em outros ordenamentos, não só o germânico, como o italiano ou o espanhol, tendo, naturalmente, laços com as soluções jurídico-constitucionais brasileiras e, mais indiretamente, de toda a América Latina. Creio, por isso, que algumas das questões que levantarei em seguida serão bem compreendidas por companheiros de todas estas tradições constitucionais, e que este contributo pode ser o início de uma discussão mais ampla.
I. As línguas como barreiras ou como portas de entrada para distintas culturas constitucionais. O primeiro problema que gostaria de assinalar é o da limitação do horizonte comum de significados e de bibliografia que serve de base ao debate ao que é produzido em inglês, língua franca da academia internacional. Efetivamente, muito pouco do conhecimento jurídico produzido em outras línguas é passível de ser mobilizado nos debates da academia global. Isso obriga, por um lado, os membros de uma determinada tradição constitucional a fazer um esforço contínuo de explicação, justificação e comparação em função de determinados paradigmas; por outro lado, é compreensível a dificuldade dos restantes colegas em entender determinado tipo de conceitos e questões. Além da redução do debate que este estado de coisas implica – e que desenvolverei em seguida – a atribuição de credibilidade académica apenas aos trabalhos que são produzidos em inglês origina outro problema. Por um lado, e naturalmente, a ignorância de discussões e obras de enorme importância nos contextos nacionais. Mas, acima de tudo, a possibilidade de apresentar como únicas, ou indiscutíveis, posições acerca de determinadas questões, que são, na verdade, intensamente debatidas e controversas, no quadro de uma certa cultura constitucional, ou de determinado país. É preciso ter em conta que o domínio proficiente do inglês, nomeadamente para efeitos de publicações internacionais, depende, em muitos países, de fatores como a idade, a classe social e a capacidade económica, tanto pessoal como institucional. Tudo isto abre espaço a que uma elite académica, que pode até ter posições minoritárias no quadro da sua doutrina nacional, singre na academia internacional, transmitindo uma visão das coisas assumida como a posição do seu país, quando é, na verdade, internamente disputada. Não tenho uma solução milagrosa para este problema, mas penso que o reconhecimento da sua existência é um primeiro passo importante. Além disso, o esforço por conhecer, além do superficial, línguas e culturas constitucionais diferentes das nossas é indispensável, pelo que o empenho de vários colegas, no quadro da Icon.S, em fazê-lo, é muitíssimo bem-vindo.
II. A necessidade de conhecer as discussões fundamentais de várias culturas constitucionais: o exemplo do constitucionalismo transformador. A barreira linguística leva também, por vezes, a ignorar uma longa história e uma ampla discussão em torno de conceitos, instrumentos teóricos e problemas constitucionais, tida noutros espaços constitucionais. Exemplo deste fenómeno é o debate recente em torno do constitucionalismo transformador. Na literatura anglo-saxónica, este é normalmente atribuído a K. Klare (Legal Culture and Transformative Constitutionalism, 14 S. Afr. J. on Hum. Rts. 146, 1998). Contudo, ele tem evidentes ligações a uma longa e profunda discussão constitucional e política que se travou, por exemplo, em Portugal e no Brasil, nos últimos 40 anos. Nascido de confrontos doutrinais alemães, desde o tempo da Constituição de Weimar, e assente na obra de vários autores, em particular, de K. Hesse, o debate acerca das normas programáticas e da constituição dirigente surgiu em Portugal após a adoção da Constituição democrática de 1976, e daí foi exportado para o Brasil, após o processo de democratização que levou à aprovação da Constituição de 1988. Várias das questões centrais do debate, – por exemplo, o papel da justiça constitucional, e dos tribunais em geral, na efetivação de amplos catálogos de direitos fundamentais -, encontram também eco em boa parte dos países da América Latina. Embora não inteiramente correspondente ao conceito hoje comum de constitucionalismo transformador, o conhecimento e estudo deste debate permite pôr em causa algumas das conclusões dominantes acerca daquele tema, designadamente, a sua descrição como um fenómeno do Sul Global. Muitos dos elementos centrais do constitucionalismo transformador foram discutidos e amplamente aceites em distintos países de direito continental, pelo menos, na Europa e na América Latina. Essa foi, no entanto, uma discussão não realizada em inglês, e por isso só chamou a atenção global quando reformulada a respeito do caso sul-africano.
III. A limitação do debate que ignora conceitos chave de certas culturas. Por último, queria assinalar que vários problemas de direito público, em particular, problemas constitucionais, veem o seu sentido alterado, ou até esvaziado, perante a recusa, mais ou menos explícita, de os discutir à luz da noção de constituição normativa, e do conceito de força normativa da constituição. Esta ideia, comum aos que se inspiraram na cultura alemã, é elemento central de uma conceção de constituição como muitíssimo mais do que um mero instrumento de governo. Representativa de uma das manifestações possíveis desta visão, e com larga influência em Portugal, Espanha, e no Brasil, é a obra do jurista alemão P. Häberle, na qual a constituição é compreendida como um projeto em contínuo desenvolvimento, representativo da cultura e da experiência de uma sociedade e, ao mesmo tempo, aberto à evolução e à utopia. Esta conceção de constituição é, evidentemente, disputada dentro dos próprios espaços constitucionais nacionais, mas essa disputa é, em si mesma, significativa, e tem, em regra, por base divergências políticas, ideológicas e metodológicas. Assim, a limitação do conceito de Constituição à ideia de instrumento de governo, deixa em suspenso o projeto político, social e económico inerente a cada um destes textos constitucionais, e as obrigações que implica para os órgãos nacionais. Desta forma, dificulta-se a compreensão do significado que princípios básicos como a separação de poderes ou a igualdade assumem nesse contexto, que condiciona decisivamente todos os órgãos do poder constituído, criando uma série de obrigações para o legislador e permitindo um amplo controlo jurisdicional da constitucionalidade material dos atos do poder político. Se não tivermos isto em conta, reduz-se o horizonte de uma série de debates, por exemplo, sobre o regime jurídico e justiciabilidade dos direitos económicos, sociais e culturais; sobre o papel do Estado na organização económica e social, e sobre as tarefas fundamentais que lhe são constitucionalmente atribuídas (que, por exemplo, no caso português, incluem expressamente “promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses” e a “efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais”, e ainda “promover a igualdade entre homens e mulheres” – veja-se o artigo 9.º da Constituição portuguesa de 1976). Esta limitação não só obscurece os fundamentos de determinadas soluções constitucionais e a origem de vários conflitos entre ordenamentos constitucionais nacionais e ordenamentos supranacionais, como alicerça – inconscientemente – a posição daqueles que, nos contextos de cada país, se opõem às consequências da ideia de constituição normativa, nomeadamente, em termos de vinculação dos poderes públicos, por discordarem do específico projeto político e social consagrado no seu texto constitucional. Não é que não se possa apoiar este ou qualquer outro posicionamento. Mas é fundamental que tal se faça de forma consciente, e com plena noção do contexto, académico, mas também político. G. Frankenberg (Order From Transfer, Edward Elgar Publishing, 2013) chama a atenção para as limitações do constitucionalismo global, - no qual o constitucionalismo liberal é o paradigma dominante -, enquanto manifestação do fenómeno da globalização, apelando à compreensão dos conflitos de classe, género e raça cristalizados pela hegemonia de uma linguagem constitucional predominantemente anglo-saxónica e eurocêntrica, e ao reconhecimento do substrato político e ideológico que lhe serve de base. Creio que é este exercício que urge aprofundar.
Profesora de Derecho Constitucional y Jueza del Tribunal Constitucional Portugués. Graduada en Derecho por la Universidad de Coimbra (Portugal) y Doctora en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Granada (España), fue Letrada del Tribunal Constitucional. Sus líneas de investigación giran en torno a los derechos sociales, (des)igualdad, constitucionalismo normativo y constitucionalismo transformador.
Professora de Direito Constitucional e Juíza do Tribunal Constitucional português. Licenciada e Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra (Portugal) e Doutorada em Direito Constitucional Europeu pela Universidade de Granada (Espanha), foi Assessora do Gabinete do Presidente do Tribunal Constitucional. Os seus interesses de investigação respeitam a matérias como direitos sociais, (des)igualdade, constitucionalismo normativo e constitucionalismo transformador.
1 thoughts on “¿Lost in translation? Porque debemos pensar el derecho público en varios idiomas”