Educación en la pandemia: una mirada desde el derecho a aprender

* Algunas ideas incluidas en este artículo fueron tomadas de: Zorrilla Noriega, Ana María, “La educación en la pandemia: ¿cómo abordar esta emergencia sin precedentes?” en Concha Cantú, Hugo y Pozas-Loyo, Andrea (coords.), Análisis jurídico y seguimiento de normas emitidas durante la pandemia COVID-19, México, IIJ-UNAM, 2020 [en proceso de publicación].

Con el propósito de disminuir los contagios en la pandemia que estamos viviendo, la mayoría de los Estados ha decidido cerrar temporalmente las escuelas, situación inédita que ha afectado de múltiples maneras a los estudiantes, sus familias y sus comunidades. Para mitigar los efectos de esta emergencia, se están emprendiendo acciones que faciliten el aprendizaje remoto. 

El objetivo de este artículo es proponer -y ejemplificar a través del caso mexicano- cómo pueden evaluarse las respuestas del Estado en este ámbito, a la luz del derecho humano a una educación de calidad. Es decir, el derecho que todas las personas tenemos no sólo a estar en las clases, sino a lograr un aprendizaje que nos permita desarrollar capacidades para resolver problemas y convertirnos en autores de nuestros propios planes de vida.

Lejos de suspenderse, en situaciones de emergencia y hasta la recuperación, este derecho debe proporcionar la protección física, psicosocial y cognitiva necesaria para “salvar y mantener vidas”. Ésta no es tarea fácil, pues implica la reconstrucción del sistema educativo en la resiliencia, que significa no solamente resistir la emergencia, sino adaptarse a ella y recuperarse de sus efectos.

El Estado mexicano, al igual que muchos otros en el mundo, ha considerado conveniente cerrar temporalmente las escuelas. ¿Cuáles son las principales acciones que se han emprendido para lograr el aprendizaje durante el confinamiento? Los esfuerzos han sido amplios y pueden agruparse en tres categorías principales. 

La primera es la de contenidos educativos. Para finalizar el ciclo escolar 2019-2020, se transmitió el programa Aprende en Casa en los sistemas públicos de comunicación y para el periodo vacacional se transmitió el programa Verano Divertido.  Después, para el ciclo escolar 2020-2021, se lanzó el programa Aprende en Casa II, con el acompañamiento de múltiples televisoras y radiodifusoras. En el mismo rubro, se implementó la Estrategia Radiofónica para Comunidades y Pueblos Indígenas, mediante la que diversos cursos se han impartido en más de 20 lenguas indígenas. Además, los libros de texto gratuitos y otros materiales han llegado a cientos de miles de alumnos que se ubican en localidades de alta marginación.

La segunda categoría de acciones se refiere a la capacitación en competencias digitales impartida a las personas responsables de guiar los procesos de aprendizaje. Se lanzó, por ejemplo, un programa para docentes consistente en diplomados, cursos masivos abiertos en línea y otros servicios formativos. También es destacable un programa para maestros y padres de familia en virtud de la colaboración con Google para Educación. 

Un tercer grupo de medidas tiene que ver con distintos mecanismos de acompañamiento que se han ideado para los actores del sistema educativo. En este sentido, se habilitó el Centro de Apoyo Pedagógico con 160 líneas telefónicas y también se ofrece apoyo psicológico a través de Educatel.

¿Cómo pueden evaluarse estos esfuerzos para determinar si se están logrando resultados efectivos en el aprendizaje de todas las personas destinatarias del servicio? Para responder esta pregunta, debe considerarse que en los casos en los que un servicio público se relaciona con el cumplimiento de un derecho humano, este último establece los mínimos necesarios que los gobiernos deben satisfacer. 

Así, en el caso del servicio educativo, el criterio para definir si su prestación es de calidad es el nivel de materialización del derecho a la educación en cuanto a las características fundamentales que ha desarrollado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en su Observación General 13: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

Para averiguar si se está logrando en México una educación que cumpla con estos criterios, conviene adaptar su contenido a la realidad social de esta emergencia sanitaria. En este ejercicio debe considerarse que antes de la contingencia ya existían serios desafíos para el cumplimiento del derecho a la educación y que, desafortunadamente, se están agravando debido a las circunstancias actuales.

En primer lugar, la asequibilidad significa que debe haber recursos, infraestructura, instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente, sin incluir valoraciones de tipo cualitativo. En el contexto de la pandemia, el principal cuestionamiento en términos de asequibilidad es si se está logrando que los programas de educación remota -en sus diferentes versiones- estén disponibles para todas las personas destinatarias del servicio.

Esta disponibilidad se relaciona de manera directa con las posibilidades de respuesta en las familias, que son altamente variables. La capacidad de guiar a los niños en sus procesos educativos durante el confinamiento depende en buena medida del contexto socioeconómico de cada hogar, factor del que se desprenden variables más concretas como el acceso a internet, el conocimiento de la tecnología, la situación laboral de los padres y su posibilidad de quedarse en casa, entre otras. 

Cada comunidad escolar ha desarrollado sus propias estrategias para llegar a la mayor cantidad posible de alumnos mediante los canales de comunicación que resulten más efectivos. En este sentido, vale la pena estudiar los resultados de una encuesta realizada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación que refleja las experiencias de más de 190 mil actores educativos durante los primeros meses del confinamiento.   

En segundo lugar, la accesibilidad consta de tres dimensiones. La primera es la no discriminación, pues la educación debe ser accesible para todos, especialmente para los grupos vulnerables de hecho y de derecho. La segunda dimensión es la accesibilidad material, que se refiere a que el alumno físicamente cuente con la posibilidad de acceder al servicio, ya sea prestado en una escuela o por medio de la tecnología en el caso de la educación a distancia. La tercera dimensión es la accesibilidad económica: mientras que la enseñanza primaria debe ser gratuita para todos, se pide a los Estados que implementen gradualmente la gratuidad en los demás niveles. 

En México, los desafíos en materia de accesibilidad educativa eran claros desde antes de la pandemia y es urgente actuar para evitar que se exacerben. Respecto a la prohibición de la discriminación, deben atenderse las necesidades específicas de aquellos grupos vulnerables para los que, incluso sin crisis sanitarias, resulta difícil recibir educación; entre ellos figuran las mujeres, la población indígena y las personas con discapacidad. Por su parte, la accesibilidad material exige preguntarse si se está logrando que todos los estudiantes continúen con su educación de manera remota; tema sobre el que ya existen reveladores estudios. Finalmente, en relación con la vertiente económica de la accesibilidad, es pertinente cuantificar los costos de oportunidad, tiempo y dinero que la educación a distancia implica para los padres de familia, tutores o cuidadores.

En tercer lugar, la aceptabilidad requiere que la forma y el fondo de la educación sean pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad. Si bien son loables los esfuerzos realizados por las autoridades para encarar esta emergencia, aquí y en otros países surgen cuestionamientos sobre la efectividad de la educación a distancia. Entre ellos destacan cuál es el alcance de los programas para diferentes grupos de edad, quiénes se están desconectando, qué medidas se están tomando para apoyar a las personas a cargo del aprendizaje y qué mecanismos existen para evaluar la efectividad de la educación a distancia.

En cuarto lugar, la adaptabilidad significa que la educación debe tener la flexibilidad suficiente para responder a las necesidades de los alumnos en contextos variados. Este criterio implica ajustar la educación al interés superior de la niñez, obligando a los Estados a garantizar la integridad y dignidad de los niños y jóvenes a nivel normativo, interpretativo y procedimental. 

En este sentido, no puede ignorarse que un requisito esencial para evitar retrasos en el desarrollo es combatir la violencia a la que muchos niños están expuestos desde el comienzo de su vida. La pandemia ha provocado el aumento en el estrés y el deterioro de la salud mental de muchas personas, lo que se ha traducido en un aumento de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. Se trata de una situación grave que no es exclusiva de México y debe atenderse con urgencia.

Esta compleja emergencia debe aprovecharse para acelerar la evolución de los esquemas tradicionales de enseñanza en otros que sean innovadores y promuevan la inclusión de las personas más vulnerables. Hoy, más que nunca, ha quedado claro que la efectividad en el aprendizaje responde a variables locales y dependientes de las circunstancias de cada persona, tales como los planos sociales en los que se desarrolla, los hábitos en su hogar, así como su propia manera y ritmo de desarrollar capacidades. 

[citationic]