Los conflictos eco territoriales, como consecuencia de la expansión de los procesos de despojo moderno colonial, transforman las relaciones socio-ecológicas, políticas y económicas preexistentes en los territorios donde se desarrollan operaciones extractivas y proyectos de gran infraestructura. El vínculo entre las empresas que buscan implementar estos proyectos y las poblaciones locales se expresa a través de patrones de dominación que son, a su vez, clasistas, patriarcales y racistas. Estas empresas, generalmente transnacionales, reproducen un etnocentrismo occidental en sus discursos y prácticas. Este, sumado al desinterés por evaluar los impactos sociales y ambientales de sus proyectos, agravan las condiciones múltiples de desigualdad, inequidad y asimetría de poder preexistentes.
Las políticas de despojo en los territorios son avaladas por normas legales elaboradas a medida de los intereses de las empresas y ejecutadas por las fuerzas represivas del Estado. Estas se traducen en un saqueo institucionalizado. De un lado, encontramos la presión para viabilizar proyectos ante poblaciones locales divididas entre la oposición y la voluntad de negociar beneficios. Lo anterior puede desembocar en estados de emergencia, militarización de la zona de conflicto, represión policial y persecución judicial contra dirigentes y manifestantes que conlleva a la criminalización de la protesta y a dictaduras localizadas. De otro lado, los discursos sobre el desarrollo que se importan a los territorios reproducen un imaginario en el que la lógica del mercado es naturalizada como civilizatoria y las operaciones extractivas y proyectos de gran infraestructura son sinónimos de desarrollo, lo que tarde o temprano termina quebrando el tejido político, social y económico de las poblaciones locales.
En este simposio nos propusimos analizar las diferentes caras del Derecho en la transformación de las dinámicas sociales en los territorios de Perú y Colombia atravesados por conflictos eco-territoriales. En el primer artículo, Nicole Velasco Cano aborda la otra cara del desarrollo económico con base en el extractivismo en el Valle del Cauca. En el segundo, Lucía Santos Peralta analiza la visión hegemónica de desarrollo económico que es ciega a las necesidades e intereses de la población de los territorios atravesados por el Corredor Minero Norte y limita la capacidad del Estado de apostar por otros horizontes de desarrollo. En el tercer artículo, Karla Flores Príncipe escribe sobre los procesos de despojo territorial en el Corredor Minero Sur que fueron avalados por un marco normativo que ha generado una explotación intensiva de tierras comunales a favor de capitales internacionales. Finalmente, en el cuarto artículo, José Saldaña Cuba analiza la red de normatividades que operan como mediaciones institucionales para la desposesión a raíz del caso Conga.
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Magistra en Derechos Humanos por la PUCP. Consultora en Derecho de los Pueblos Indígenas, Género y Derechos Humanos. Investigadora del Círculo de Estudios Críticos del Derecho: Hacia la descolonización.
