Muerte médicamente asistida – El caso portugués
El 29 de enero, el parlamento portugués aprobó la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio en determinadas circunstancias. A través del Decreto 109 / XIV, el Parlamento portugués despenalizó, bajo ciertas condiciones, la práctica del homicidio a solicitud de la víctima y la asistencia al suicidio, conductas tipificadas actualmente en el Código Penal. La anticipación de la muerte puede ocurrir de dos formas: mediante la autoadministración de fármacos letales por parte del paciente, por un lado, o mediante su administración por parte del médico o profesional sanitario. En otras palabras, esta ley cubre situaciones comúnmente conocidas como "suicidio asistido" y "eutanasia voluntaria activa ". La normativa no se limita, sin embargo, a despenalizar esas conductas, sino que también aprueba la práctica de anticipar la muerte asistida médicamente en los casos previstos por la ley. Estos casos abarcan las situaciones de personas, mayores de edad, "en situación de sufrimiento intolerable, con una lesión definitiva de extrema gravedad según el consenso científico" o "enfermedad incurable y fatal". Es fundamental que se sea ciudadano portugués o residente legal en territorio nacional, con la intención de evitar que Portugal se convierta, como otros países, en un destino de “turismo de muerte”.
Cuando la ley fue enviada para su promulgación, el presidente de la república, Marcelo Rebelo de Sousa, catedrático de Derecho Constitucional, decidió someterla a control preventivo de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional portugués tiene ahora veinticinco días para pronunciarse sobre las dos cuestiones planteadas por el presidente. La solicitud es interesante porque empieza despejando una duda que atormentaba a los comentaristas: siendo el presidente abiertamente católico, ¿adoptaría una posición de principio contra la muerte asistida? No lo hizo, aclarando expresamente que la petición no tiene por objeto abordar "la cuestión de si la eutanasia, como concepto, es o no conforme a la Constitución". La solicitud plantea, más bien, "la cuestión de si la regulación concreta de la muerte asistida médicamente operada por el legislador en este Decreto se ajusta a la Constitución", en una materia que "es el núcleo de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, al tratarse del derecho a la vida y a no tener limitaciones, en un marco de dignidad humana”. No es, pues, la constitucionalidad de la eutanasia o la asistencia al suicidio, en sí misma considerada, lo que cuestiona el presidente, sino aspectos concretos del régimen legal aprobado.
Las dudas de constitucionalidad planteadas por el presidente están relacionadas con aspectos de insuficiente definición normativa de algunos de los criterios que permiten anticipar una muerte médicamente asistida no punible. En primer lugar, la situación de sufrimiento intolerable y, en segundo lugar, del subcriterio lesión definitiva de extrema gravedad según consenso científico. En cuanto al primero, el demandante destaca la fuerte subjetividad del concepto, sin una determinación inequívoca en las leges artis médicas, sin que la ley aporte elementos que permitan evaluar o incluso determinar bajo qué perspectiva debe determinarse esta evaluación. En cuanto a la segunda, cabe señalar que no existe definición de la lesión definitiva de extrema gravedad, así como el hecho de que no se menciona su carácter mortal. Estos conceptos indeterminados colocarían, a juicio del demandante, un excesivo poder de implementación en el ámbito del médico orientador y del médico especialista, creando una situación de grave inseguridad jurídica.
El presidente de la república considera que la materia en cuestión, indisolublemente ligada al derecho a la vida y a la dignidad de la persona humana, impone una definición suficiente a nivel de la ley, y no es posible que esta última difiera a la actividad médica la interpretación de criterios excesivamente indeterminados, que generan lagunas intolerables en la defensa de los valores protegidos. Estas lagunas podrían incluso conducir al riesgo de abuso en relación con la vida de pacientes en condiciones extremadamente difíciles.
Los parámetros invocados por el presidente son los principios de legalidad y tipicidad penal (artículo 29, párrafo 1), por un lado, y el principio de prohibición de la delegación de la ley en actos de otra naturaleza (artículo 112, núm. 5), en vista del alcance de la libertad de limitar el derecho a la vida, leído a la luz del principio de la dignidad humana (interpretación combinada de los artículos 18, párrafo 2, 1 y 24, n. 1, todos los la Constitución portuguesa).
El mismo día en se aprobó esta ley en el Parlamento portugués, se recibió en el Parlamento Federal alemán una propuesta legislativa interpartidaria para regular las condiciones en las que se puede ejercer el derecho a una muerte digna. Esta propuesta legislativa da cumplimiento a la decisión del Tribunal Constitucional Federal Alemán que, el 26 de febrero de 2020, declaró inconstitucional la penalización de la prestación de servicios profesionales de asistencia al suicidio y estableció la existencia de un derecho fundamental a buscar ayuda para poner fin a la vida en condiciones dignas.
El Tribunal Constitucional de Austria también se dictaminó que la prohibición de las ayudas al suicidio es inconstitucional, en una decisión de 11 de diciembre de 2020, que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2021. Hasta entonces, se espera que el parlamento austriaco intervenga y establezca las condiciones, incluidas las procesales, en el que se puede procesar la ayuda suicida.
Estas decisiones no son inéditas. En septiembre de 2018 (Ordine 207/2018), el Tribunal Constitucional italiano había ordenado al legislador despenalizar las ayudas para anticipar el final de la vida y la posibilidad de prestar servicios médicos en este ámbito. En septiembre de 2019 (Sentenza 242/2019), una nueva decisión de ese tribunal introdujo finalmente el régimen legal que despenalizó, en situaciones de sufrimiento insoportable e incapacidad total, la actividad que permite acelerar el proceso irreversible de muerte, salvando así a la persona de sufrir una indignidad mayor que la que conllevan estos últimos tiempos.
En estos tres casos, Alemania, Austria e Italia, hemos sido testigos de movimientos para despenalizar y legalizar la eutanasia o la ayuda al suicidio por impulso de los tribunales. En España, sin embargo, en diciembre de 2020, el Congreso de los Diputados aprobó una propuesta de ley de eutanasia que está a la espera de una decisión del Senado. Esta debe producirse en los próximos meses.
Portugal y España representan así ejemplos de introducción de mecanismos para despenalizar la anticipación de la muerte asistida por vía parlamentaria sin el impulso previo del Tribunal Constitucional, a diferencia de los casos italiano, alemán y austriaco. En cualquier caso, la tendencia es la misma: eliminar la criminalización de las ayudas al suicidio y promover el reconocimiento del derecho a una muerte autodeterminada, en condiciones de dignidad. Sin embargo, en el caso portugués, se solicitó al Tribunal Constitucional que interviniera en una etapa temprana, en la fiscalización preventiva, es decir, antes de que concluyera el proceso legislativo. Aunque el pronunciamiento del Tribunal no es formalmente vinculante, - puede ser superado por una mayoría de dos tercios de los diputados presentes, siempre que supere la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio -, esta posibilidad nunca se ejerció. La tendencia es, por tanto, a que un pronunciamiento en el sentido de la inconstitucionalidad en el contexto de la fiscalización preventiva sea visto por el legislativo como de efectos preclusivos y aceptada, induciendo cambios en el régimen legal para superar la censura de constitucionalidad.
Así, en el caso portugués, la decisión institucional dependerá también, en última instancia, de la palabra del Tribunal Constitucional, lo que, en una democracia constitucional, representa el desarrollo normal del principio de separación de poderes, y demuestra el carácter provisional al que están sujetas incluso las decisiones democráticas.
No passado dia 29 de janeiro, o parlamento português aprovou a despenalização da eutanásia e do auxílio ao suicídio em certas circunstâncias. Através do Decreto 109/XIV, o parlamento português despenaliza, em certas condições, a prática do homicídio a pedido da vida e o auxílio ao suicídio, comportamentos atualmente tipificados no Código Penal. A antecipação da morte pode ocorrer por duas vias: através da autoadministração de fármacos letais pelo doente, por um lado, ou através da administração dos mesmos pelo médico ou profissional de saúde. Ou seja, neste diploma abrangem-se as situações comummente designadas por “suicídio ajudado” e “eutanásia voluntária ativa”.
O diploma não se limita, no entanto, a despenalizar aquelas condutas – aprova também a prática da antecipação da morte medicamente assistida nos casos previstos na lei. Esses casos abrangem as situações de pessoas, maiores de idade, “em situação de sofrimento intolerável, com lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico” ou “doença incurável e fatal”. Essencial é que se trate de cidadão português ou com residência legal em território nacional, pretendendo evitar que Portugal se transforme, à semelhança de outros países, em destino de “turismo da morte”.
Enviado o diploma para promulgação, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Catedrático de Direito Constitucional, decidiu submetê-lo a fiscalização preventiva da constitucionalidade. O Tribunal Constitucional português tem agora vinte e cinco dias para se pronunciar sobre as duas questões suscitadas pelo Presidente.
O pedido é interessante pois começa por esclarecer uma dúvida que assolava os comentadores: sendo o Presidente assumidamente católico, iria ele adotar uma posição de princípio contra a morte assistida? Não o fez, clarificando expressamente que o pedido não visa enfrentar «a questão de saber se a eutanásia, enquanto conceito, é ou não conforme com a Constituição». O pedido suscita, sim, «a questão de saber se a concreta regulação da morte medicamente assistida operada pelo legislador no presente Decreto se conforma com a Constituição», numa matéria que «se situa no core dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, por envolver o direito à vida e a liberdade da sua limitação, num quadro de dignidade da pessoa humana». Não é portanto a constitucionalidade da eutanásia ou do auxílio ao suicídio, em si mesmo considerados, que é questionada pelo Presidente, e sim aspetos concretos do regime jurídico aprovado.
As dúvidas de constitucionalidade suscitadas pelo Presidente prendem-se com aspetos de insuficiente densificação normativa de alguns dos critérios que permitem a antecipação da morte medicamente assistida não punível. Em primeiro lugar, a situação de sofrimento intolerável e, em segundo lugar, do subcritério lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico. Relativamente ao primeiro, o requerente salienta a forte subjetividade do conceito, sem determinação inequívoca nas leges artis médicas, não propiciando o diploma elementos que permitam avaliar ou sequer determinar sob que perspetiva deve ser determinada essa avaliação. Quanto ao segundo, salienta-se o facto de não ser fornecida qualquer densificação do que seja a lesão definitiva de gravidade extrema, bem como o facto de nada se referir quanto à sua natureza fatal. Estes conceitos indeterminados colocariam, no entender do requerente, excessivo poder de concretização na esfera do médico orientador e do médico especialista, criando uma situação de grave insegurança jurídica.
Entende o Presidente da República que a matéria em questão, incindivelmente ligada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, impõe suficiente densificação ao nível da lei, não sendo possível a esta deferir para a atividade médica a interpretação de critérios excessivamente indeterminados, que geram lacunas intoleráveis da defesa dos valores protegidos. Estas lacunas poderão mesmo conduzir a risco de abusos em relação às vidas de doentes em condições extremamente difíceis.
Os parâmetros convocados pelo Presidente são os princípios da legalidade e tipicidade criminal (artigo 29.º, n.º 1), por um lado, e o princípio da proibição de delegação da lei em atos de outra natureza (artigo 112.º, n.º 5), em face da amplitude da liberdade de limitação do direito à vida, lido à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (interpretação conjugada dos artigos 18.º, n.º 2, 1.º, e 24.º, n.º 1, todos da Constituição portuguesa).
No mesmo dia em que este diploma foi aprovado no parlamento português, deu entrada no parlamento federal alemão uma proposta legislativa interpartidária com vista a regulamentar as condições em que pode ser exercido o direito a uma morte digna. Esta proposta legislativa vem dar cumprimento à decisão do Tribunal Constitucional federal alemão que, em 26 de fevereiro de 2020, declarou inconstitucional a criminalização da oferta de serviços profissionais de auxílio ao suicídio e estabeleceu a existência de um direito fundamental a procurar ajuda para pôr fim à própria vida em condições de dignidade.
Também o Tribunal Constitucional austríaco, em decisão de 11 de dezembro de 2020, se pronunciou pela inconstitucionalidade da proibição do auxílio ao suicídio, a qual entrará em vigor em 31 de dezembro de 2021. Até lá, espera-se que o parlamento austríaco intervenha e estabeleça as condições, designadamente procedimentais, em que se pode processar o auxílio ao suicídio.
Estas decisões não são inéditas. Já em setembro de 2018 (Ordine 207/2018) o Tribunal Constitucional italiano havia ordenado ao legislador a descriminalização do auxílio à antecipação do fim da vida e a possibilidade de prestação de serviços médicos neste domínio. Em setembro de 2019 (Sentenza 242/2019), nova decisão daquele tribunal acabou por introduzir o regime jurídico que descriminalizou, em situações de sofrimento insuportável e incapacidade total, a atividade que permite acelerar o processo irreversível da morte, poupando assim a pessoa ao sofrimento e indignidade maiores que esses últimos tempos acarretam.
Nestes três casos – Alemanha, Áustria e Itália – assistimos a movimentos de despenalização e legalização da eutanásia ou do auxílio ao suicídio por impulso de tribunais. Em Espanha, no entanto, em dezembro de 2020, o Congresso dos Deputados aprovou uma proposta de lei da eutanásia, que se encontra a aguardar decisão do Senado, a qual deverá ocorrer nos próximos meses.
Portugal e Espanha representam, assim, exemplos de introdução de mecanismos de despenalização da antecipação da morte assistida por via parlamentar sem o impulso prévio da jurisdição constitucional, ao contrário dos casos italiano, alemão e austríaco. Em qualquer das hipóteses, a tendência é a mesma: afastar a criminalização do auxílio ao suicídio e promover o reconhecimento do direito a uma morte autodeterminada em condições de dignidade.
Contudo, no caso português, o Tribunal Constitucional foi chamado a intervir num momento bastante precoce, em fiscalização preventiva, ou seja, antes de concluído o processo legislativo. Embora a pronúncia do Tribunal não seja formalmente vinculativa, podendo ser ultrapassada por uma maioria de dois terços dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, essa possibilidade nunca foi exercitada. A tendência é, portanto, para uma pronúncia no sentido de a inconstitucionalidade em sede de fiscalização preventiva ser encarada pelo legislador como tendo efeitos preclusivos e, portanto, ser acatada, induzindo alterações no regime de modo a se conseguir ultrapassar a censura de constitucionalidade.
No caso português, portanto, a decisão institucional acabará por depender, também, da palavra do Tribunal Constitucional, o que, numa democracia constitucional, representa o normal desenvolvimento do princípio da separação de poderes, e demonstra a provisoriedade a que mesmo as escolhas democráticas se encontram sujeitas.
