¿Qué hay detrás de la “sorpresiva” elección de una convención constituyente con mayoría de figuras ajenas a los partidos políticos tradicionales?

Si se piensa que antes del 18 de octubre del 2019 era prácticamente inimaginable un cambio de constitución, mucho menos lo era que esta se fuese a crear por medio de una convención constituyente conformada con arreglo a normas de paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y posibilidad de conformar listas de independientes.

Sin embargo, precisamente por lo que aconteció a contar del 18 de octubre de 2019, día del comienzo del denominado “estallido social chileno”, es que se puede no solo ofrecer una respuesta a la pregunta que da pie a esta crónica, sino que además se puede controvertir el supuesto de ser este un resultado “sorpresivo”.

El estallido social como origen del proceso constituyente

El estallido social chileno fue un reventón histórico cuyo despliegue de violencia política fue gatillada por la subida de 30 pesos del valor del pasaje del metro de Santiago. Sin embargo, como reza el dicho popular, “no fueron 30 pesos, fueron 30 años”, pues, detrás de esa causa inmediata, se habían acumulado años de expectativas insatisfechas e injusticias. Y ello fue así en gran parte por el diseño institucional chileno cuya matriz constitucional se ideo para hacer prevalecer la decisión política adoptada por la dictadura. De ese modo, como podrían haber dicho Fernando Atria y Roberto Gargarella aunando lenguajes, se establecieron auténticas trampas constitucionales en la sala de máquinas constitucional  cuyo funcionamiento interdependiente dejó como resultado la neutralización de la agencia política desplegada por vías institucionales: el legislativo se conformaba con arreglo a un sistema electoral binominal que imponía un empate forzado de las dos coaliciones, en el que las mayorías parlamentarias nunca fueron lo suficientemente amplias para satisfacer los quórums supramayoritarios requeridos por leyes orgánicas y reformas constitucionales. Como resultado de ello, durante todos estos años de democracia, el sistema básicamente mantuvo su forma dictatorial con ligeras variaciones que solo obedecieron a la lógica del perfeccionamiento (y no de la transformación) del sistema dentro de sus propias bases epistémicas, sin pretensión alguna de procesar las demandas ciudadanas por otras vías que no fuesen las de este encuadre, provocándose un paulatino aumento de las brechas de desigualdad social,  desgaste y desprestigio de las instituciones del Estado y desinterés en la participación política electoral por parte de la población. Remarco aquí que el desinterés afectó solo a la participación electoral, pero no así a otros modos de participación, puesto que el pueblo fue deslizando su interés y agencia política hacía vías no institucionales conformadas por la acción de movimientos sociales sectoriales y de base territorial, que, desde la primera década del nuevo milenio, han tenido un crecimiento exponencial.

El proceso constituyente actualmente en marcha tuvo su origen en el intento desesperado por parte de la clase política civil de dar un cauce de solución institucional al estallido social mediante el denominado “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” del 15 de noviembre de 2019. Allí están las bases programáticas de las distintas etapas del proceso constituyente, como lo han sido hasta ahora el plebiscito de entrada y, más recientemente, la elección de los miembros de la convención. Cuando se logró ese acuerdo, lejos de ser bien recibido, fue mirado con escepticismo por parte de la ciudadanía, toda vez que fue un acuerdo definido por la misma clase política civil, escasamente representativa y que por años demostró incapacidad para hacer una política transformadora. Por eso, entre otras cosas, surgió tempranamente el cuestionamiento respecto al modo de elegir a las convencionales, que dispuso como sistema el mismo que se utiliza para las elecciones de diputados y senadores.

“Apropiación ciudadana” del proceso constituyente: mayores exigencias de reconocimiento y representación 

Ya en el 2020, cuando tras los meses de verano se esperaba un estallido social 2.0, lo que en su lugar llegó fue la pandemia y con ella, una gestión de la crisis y de las políticas públicas de emergencia comprometida con la definición política adoptada por el sistema de 1980, que ha dejado completamente expuestas las falencias del modelo de desarrollo chileno. Ante el miedo al Covid-19 y la temporal clausura de las reuniones masivas en el espacio público, la ciudadanía se fue convenciendo de la opción de “apropiarse” del proceso constituyente dispuesto por parte del sistema político tradicional; por eso, la aprobación a una Nueva Constitución por medio del plebiscito de octubre de 2020, en plena pandemia, significó todo un hito, con un 51% de participación electoral del padrón, a lo que cabe agregar que más de un 78% de esa participación lo hizo aprobando el cambio de constitución. Esa tremenda victoria a favor de una nueva constitución fue posibilitando la ampliación del marco de lo posible de cara a las elecciones del 15 y 16 de mayo de 2021, permitiendo añadir al sistema electoral acordado en noviembre de 2020 diversos mecanismos ligados a la idea de justicia como reconocimiento, tales como la paridad de género, el establecimiento de escaños reservados para pueblos originarios y la confección de listas de independientes.

Más allá de las dificultades que los independientes y pueblos originarios debieron sortear para presentar sus candidaturas, a propósito de los casi inexistentes financiamientos y tiempos de exposición de campañas con los que contaron, sus esfuerzos fueron recompensados en las urnas por el electorado, consiguiendo las listas de independientes un inédito apoyo, con 27 candidatos electos en el caso de la “lista del pueblo” y otros 27 candidatos de los otros pactos independientes y los escaños reservados de pueblos originarios. Es más, cabría señalar que si los resultados electorales de las listas del “apruebo dignidad” (con base de los partidos del frente amplio) y la “lista del apruebo” (con una base de los partidos pertenecientes a la extinta Concertación) fueron algo más decorosos, ello se debió en gran medida al acoger figuras independientes dentro de sus listas. Fue notorio el empeño por parte de los partidos políticos en disimular su identidad de cara a un electorado cansado de ellos; muestra de eso fue la deliberada ausencia de los nombres de los partidos políticos en la publicidad electoral de los candidatos afiliados a alguno, así como también los nuevos nombres adoptados por los pactos electorales (apruebo o apruebo dignidad, por ejemplo), buscando distanciarse y hasta confundir al electorado.

¿Baja o alta participación? 

Se ha criticado la baja participación política (43,4%) en este proceso eleccionario en comparación al plebiscito de entrada (51%) para deslegitimar el triunfo de las nuevas fuerzas políticas. Si bien se está lejos todavía de cifras ideales de participación electoral, ha de tenerse presente que, comparada con la deliberación del plebiscito de entrada (encuadrada solamente en la definición de adhesiones entre  aprobar o rechazar la opción de crear una nueva constitución y la determinación del mecanismo) estas elecciones de constituyentes se concentraron con las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Esto confirió especial complejidad a la deliberación del votante, habida cuenta no solo de las 4 votaciones concurrentes, sino también, de la infinidad de opciones electorales para cada una de aquellas definiciones. Teniendo presente estas dificultades, que exigieron un mayor grado de reflexividad por parte del electorado en un sistema de voto voluntario, no resulta nada despreciable el porcentaje de participación alcanzado. Además, por la naturaleza concentrada de este proceso eleccionario, correspondería que del mismo modo que se compara la participación actual con la del plebiscito de entrada, se comparase su porcentaje de participación con la de los anteriores comicios municipales, que no llegó al 35% del padrón electoral. 

¿Quiénes son los independientes y quiénes les votan?

Se ha interpretado muchísimo por parte de los medios tradicionales que el voto a independientes se justifica solo de modo negativo, por el rechazo a los partidos políticos tradicionales y su forma de hacer política. Esa interpretación, teniendo parte de razón, resulta injusta a la luz de una mirada histórica por encima de la contingencia, puesto que la mayoría de las candidaturas independientes y de los cupos de independientes dentro de los pactos de los partidos tradicionales obedecieron a la elección de personas con trayectorias sociales y territoriales fuertes, mucho más representativas de esa gran masa electoral que antaño contaba solo con vías no institucionales para participar políticamente y que les reconocieron como parte de los suyos. En otras palabras, la votación de independientes obedece tanto a un fenómeno de rechazo de la política tradicional cuanto al reconocimiento de nuevos liderazgos y formas de hacer política que resultan más representativas para una parte importante del electorado que observa esta elección como parte de un proceso mayor iniciado por el estallido social y sus causas subyacentes. Por último, si traducimos la votación del plebiscito de entrada de un 21,74% para el rechazo observaremos que ese porcentaje es prácticamente idéntico en proporción a los 37 escaños obtenidos por Chile Vamos (la derecha chilena) respecto del total de 155 constituyentes. De sorpresivo nada.

Cita recomendada: Pablo Gómez Manzano, «¿Qué hay detrás de la “sorpresiva” elección de una convención constituyente con mayoría de figuras ajenas a los partidos políticos tradicionales?», IberICONnect, 8 de junio de 2021. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2021/06/que-hay-detras-de-la-sorpresiva-eleccion-de-una-convencion-constituyente-con-mayoria-de-figuras-ajenas-a-los-partidos-politicos-tradicionales/