La relación entre el conocimiento y la democracia se encuentra en el trasfondo de un muy importante número de encabezados y debates tanto a nivel nacional como internacional. Solo por mencionar algunos recientes pensemos en la discusión global sobre el reto que suponen las noticias falsas para los procesos democráticos; el llamado “caballo de Troya” de los republicanos en los Estados Unidos, es decir la confrontación sobre quién y con qué criterios se deben definir los contenidos de la educación pública (por ejemplo el debate entorno a la enseñanza del cambio climático); los conflictos entre el ejecutivo y universidades en países como Brasil, Polonia, Hungría y Turquía(( Franklin Foer, “Victor Orban’s War on Intellect”, The Atlantic; Naiara Galarraga Gortázar, Bolsonaro ataca la Universidad pública, la ciencia y el pensamiento crítico, El País.)); y en México, la discusión sobre la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación, la idoneidad de que el gobierno determine la agenda de investigación académica, y el rol que éste debe jugar vis-a-vis los Centros SEP-CONACYT.
Todos y cada uno de estos debates comparten un sustrato normativo sobre la relación que debe haber entre el gobierno y los agentes que generan, o atentan contra, el conocimiento y la información factual. En este breve texto buscaré esbozar un argumento a favor la autonomía, de jure y de facto de las instituciones generadoras de conocimiento para la viabilidad y el florecimiento de los gobiernos democráticos en la actualidad. El argumento que les presentaré tiene puntos de encuentro también con las discusiones constitucionales sobre el rol de la “cuarta rama del gobierno”, como la llama Tushnet, y en México sobre la deseabilidad de los “Organismos Constitucionales Autónomos”.
Las dos preguntas que buscaré responder son: ¿Por qué es pragmáticamente necesario para un gobierno democrático en la actualidad respetar y promover la autonomía de las instituciones generadoras de conocimiento? ¿Por qué es normativamente deseable promover y defender la autonomía de estas instituciones?
Para comenzar siguiendo a Vicky Jackson (2021) definiré las instituciones que generan y difunden el conocimiento (en adelante IGC) como aquellas cuyo “propósito es el desarrollo o la diseminación del conocimiento del mundo y que están comprometidas con la aplicación de estándares disciplinarios en la búsqueda y en la evaluación del saber.” Este tipo de instituciones incluyen a universidades e instituciones académicas, pero también a las instituciones gubernamentales encargadas de generar y difundir información vital para la toma de decisiones gubernamentales como aquella vinculada los recursos, la población y la economía de un país, como por ejemplo el papel que juega el INEGI (Instituto Nacional de Estadística) en México.
¿Por qué todo gobierno y en particular uno de pretensiones democráticas requiere en términos meramente pragmáticas de IGC autónomas? Primero, y de modo más genérico, cualquier partido político democrático que llega al poder requiere de los votos de sus ciudadanas y ciudadanos para la permanencia y el desarrollo de su proyecto. De forma importante dicho voto está vinculado a la eficacia de sus políticas públicas. Las sociedades contemporáneas están conformadas por millones de habitantes, con una amplia pluralidad cultural, ideológica, económica y social esparcida en amplios y complejos territorios. Así generar políticas públicas eficaces requiere de datos y de conocimiento experto. Obtener los frutos de la inversión pública no es solo una cuestión de voluntad.
Ahora bien, ¿por qué el conocimiento requerido para un gobierno eficaz requiere de IGC autónomas? Cómo cualquiera que haya tenido un gramo de poder y de perspectiva sabe, el empoderamiento viene siempre acompañado de aislamiento y sesgo en la información a la que se accede por medio de las y los subordinados cuyo trabajo y/o bienestar depende de nosotros. Ya sea por afán de complacer del sequito cortesano o por la autocensura que incita la desigualdad, el acceso a información franca proveniente de quienes dependen nosotros es una pérdida que se adquiere cuando se gana poder. Más aún, las disciplinas que generan el conocimiento que puede ser relevante para la eficacia gubernamental son hoy altamente especializadas y requieren de un tipo de formación accesible solo a quienes han dedicado años de su vida a ello y de una infraestructura organizacional estable que haga posible este trabajo.
Así la autonomía de quienes generan y distribuyen el conocimiento se vuelve crucial: primero porque solo con ellas se puede garantizar que la información y el saber requeridos para implementar, evaluar y, en su caso, corregir las políticas públicas. Y segundo porque nunca se sabe qué retos presentará el mundo. La investigación más marginal hoy, como aquella sobre los coronavirus a inicios del 2019, puede convertirse de un día al otro en altamente estratégica. Pretender controlar y centralizar la agenda y los procesos de investigación es así profundamente miope y contraproducente. En suma, para un gobierno democrático proteger y preservar la autonomía de las IGC es un acto de inteligencia práctica.
Ahora bien, más allá de los intereses pragmáticos ¿por qué es normativamente deseable promover y defender la autonomía de estas instituciones? La democracia parte, de la premisa de que como “pueblo” tenemos la capacidad epistémica para saber lo que queremos y necesitamos. Para que la democracia tenga sentido las y los ciudadanos debemos tener no solo la capacidad de evaluar qué requerimos y queremos sino acceso a la información y el conocimiento mínimo relevante para poder determinar cuál de las alternativas políticas nos parece más conducente a para la satisfacción de dichos deseos y necesidades. Impedir la generación y/o difusión del conocimiento constituye un acto profundamente antidemocrático pues niega el acceso a las condiciones de posibilidad del ejercicio responsable y libre de la ciudadanía. Más allá de las divergencias ideológicas, gozar de un sustrato factual mínimo común a todas y todos los actores políticos es condición necesaria para la comunicación y la interacción sociales y políticas pacíficas.
En conclusión, el respeto a la autonomía de las IGCs es condición de posibilidad de todo gobierno democrático contemporáneo que pretenda ser viable, eficaz y legítimo independientemente del contenido específico de sus políticas.
Cita recomendada: Andrea Pozas, “Conocimiento, democracia y constitucionalismo: en torno a la autonomía de las instituciones generadoras de conocimiento”, IberICONnect, 26 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2021/11/conocimiento-democracia-y-constitucionalismo-en-torno-a-la-autonomia-de-las-instituciones-generadoras-de-conocimiento/
Investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Es doctora por la Universidad de Nueva York (NYU), maestra en ciencia política por la misma institución y en filosofía por la New School. Sus temas de investigación son el cambio y la eficiencia constitucionales; la relación entre el Derecho, las normas sociales y las prácticas organizacionales; y el poder judicial federal en México. Actualmente su trabajo está enfocado al hiperreformismo en México y el poder judicial federal desde una perspectiva organizacional y de género.
Es coordinadora de la línea de estudios empíricos del Derecho del IIJ y encabezó la jefatura del Doctorado en Derecho de la misma institución. Ha sido profesora del Posgrado en Derecho, de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como del CIDE y de FLACSO-México. Sus publicaciones han aparecido en prestigiadas revistas y editoriales internacionales como Texas Law Review, Oxford University Press, y Comparative Politics, y nacionales como la editorial del IIJ-UNAM y el Fondo de Cultura Económica entre otras. Ha presentado su investigación por invitación en reconocidas instituciones nacionales e internacionales como las Universidades de Sao Paulo, de Stanford, de Texas en Austin, de Georgetown y de Brasilia, entre otras. Forma parte del SNI y del PRIDE.
