Novedades sobre derecho público en Iberoamérica (31 de enero 2022)

1.El Pleno del Tribunal Constitucional español ha decidido por unanimidad desestimar los 10 recursos de súplica y las solicitudes de aclaración interpuestos contra el ATC 107/2021, de 15 de diciembre de 2021, que inadmitió de plano las recusaciones planteadas contra los magistrados Espejel y Arnaldo.

2. La Sala Primera del Tribunal Constitucional español ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por una profesora universitaria que, junto a dos compañeras, ejercieron la acusación particular como víctimas de delitos de abuso sexual y lesiones a manos de un catedrático de su área, para determinar si hubo discriminación durante el proceso judicial.

3. La Sala segunda del Tribunal Constitucional español ha otorgado el amparo a Juan María Urruzola Loinaz respecto de las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de San Sebastián, que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia común, por vulnerar su derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad.

4. La Sala primera del Tribunal Constitucional español ha estimado la demanda de amparo promovida por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria, por vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión, debido a una inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal.

5. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos presentan su segundo informe conjunto sobre jurisprudencia año 2020.

6. La Corte Constitucional colombiana declaró el Estado de Cosas Inconstitucional -ECI- por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de la población firmante en tránsito a la vida civil, previsto en el Acuerdo Final de Paz. 

7. La Corte Constitucional colombiana recordó que las pruebas y los argumentos que presenten los usuarios de servicios públicos en sus reclamos ante las empresas prestadoras y ante la Superintendencia deberán ser evaluados de manera integral de acuerdo con el principio de buena fe. Lo anterior, en el marco de un caso en que a un usuario se le catalogaba como comercial, por la presencia en el inmueble de un aviso que anunciaba la prestación de un servicio, realizado por el arrendatario anterior. 

8. La Corte Constitucional colombiana señaló que, en procedimientos de desalojo, las autoridades administrativas deberán adoptar acciones para proteger a corto, mediano y largo plazo el goce efectivo del derecho a la vivienda digna, en particular, para la población ocupante irregular que presenta una condición de extrema vulnerabilidad. La Corte señaló que, dado que la ocupación no era un hecho reciente, la comunidad pudo estimar que se constituían derechos objeto de protección. 

9. La Corte Constitucional del Ecuador desestimó la demanda de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo Ministerial expedido por el Ministerio de Ambiente (MAE) que establece el sistema de zonificación de áreas protegidas de Galápagos, por considerar que no es contrario al derecho al trabajo de los pescadores artesanales. 

10. La Corte Constitucional del Ecuador ordenó a la Presidencia de la República el cumplimiento total de un fallo de instancia que dictaminó el otorgamiento de una pensión vitalicia a una deportista, por haber ganado una medalla de oro en el campeonato sudamericano de marcha. 

11. La Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad de la norma que establecía el agravamiento de las infracciones penales cuando el autor registraba más de una aprehensión previa en un delito flagrante calificado, por considerar que vulneraba la presunción de inocencia. 

12. La Suprema Corte de México declaró la invalidez del artículo 68, último párrafo, de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, que prevé que la información y orientación en materia de planificación familiar que se otorgue en comunidades indígenas deberá proporcionarse en español y en lengua maya.

13. La Suprema Corte de México resolvió que el Congreso mexicano incurrió en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio, al no haber emitido la Ley General de Aguas a que se refiere el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución.

14. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a México responsable internacionalmente por las graves falencias que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001 (Caso Digna Ochoa y familiares Vs. México).

15. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a Guatemala responsable internacionalmente por las violaciones de diversos derechos en perjuicio de 65 personas extrabajadoras del Organismo Judicial de Guatemala, despedidas por su supuesta participación en un movimiento de huelga que fue declarado ilegal (Caso Extrabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala).

1. El Tribunal Constitucional español consolida su blindaje ante las recusaciones. El Tribunal rechaza los recursos de los líderes del ‘procés’ contra los magistrados Arnaldo y Espejel.

2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestima el recurso presentado por los condenados por el ‘caso Alsasua’ que agredieron a unos guardias civiles. El Tribunal no ha admitido a trámite el recurso que presentaron por su condena.

3. PP, Vox y Cs llevarán al Constitucional el fallo sobre los indultos del ‘procés’. La resolución del Supremo, que inadmite a trámite todos los recursos presentados, ha generado cierto alivio en Moncloa y la Generalitat, mientras que la oposición se muestra decepcionada y resignada por la decisión.

4. El magistrado del Tribunal Constitucional español Enrique Arnaldo será el ponente encargado del recurso sobre la Ley del Aborto. Heredará toda la cartera de ponencias que deja pendiente el magistrado saliente Andrés Ollero.

5. El PP llevará su batalla contra Dolores Delgado al TC con el aval de dos magistrados del Supremo. Los argumentos de los magistrados discrepantes, José Luis Requero y Jesús Fonseca-Herrero, dan armas a la oposición para buscar amparo en el órgano de garantías contra el nombramiento de la exministra de Justicia como Fiscal General del Estado.

6. España acumuló diez condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2021. Con relación al tamaño de la población, España ocupa la séptima posición en la lista con 0,13 casos por cada 10.000 habitantes.

7. El presidente colombiano, Iván Duque, se pronuncia tras fallo de la Corte Constitucional sobre implementación del Acuerdo de Paz. ¿Qué implica la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional por parte de la Corte Constitucional?

8. El pasado 29 de enero, como cada cuatro años, entró en vigor la ley de garantías electorales en Colombia, norma que establece una serie de medidas encaminadas a evitar que candidatos a las elecciones de Senado de la República, Cámara de Representantes o Presidencia de la República, puedan favorecerse con ayuda oficial. Entre las restricciones se encuentran la imposibilidad de modificación de la nómina estatal y la inauguración de obras públicas. 

9.El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sanciona la ley “Sansón”, norma que establece una pena privativa de la libertad de dos a cinco años, a quien practique acto de abuso, malos tratos, heridas o mutilación a perros o gatos. 

10. Se deniega la concesión de  medidas cautelares propuestas por el Ministerio de Educación del Ecuador en contra del municipio de Guayaquil. Las medidas buscaban que se ordenara el regreso a clases presenciales, ante la negativa del municipio, en razón al número de contagios de COVID-19 en la ciudad.  

11. Un juez en Perú declaró con fundamento el pedido realizado por la Fiscalía, que investiga el derrame de más de 6.000 barriles de petróleo ocurrido el 15 de enero en las costas del mar de Ventanilla, e impuso impedimento de salida del país por 18 meses para el gerente general de la refinería La Pampilla operada por Repsol.

12. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Stephen Breyer, se jubilará antes de las elecciones de noviembre. 

13. La Suprema Corte de México admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovieron a finales del año pasado los diputados agrupados en el bloque opositor (PAN, PRI y PRD) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022.

14. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe «Situación de Derechos Humanos en Chile» sobre la visita in loco, realizada del 25 al 31 de enero de 2020, con el propósito de conocer las causas subyacentes y las consecuencias de las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019. En el informe se analiza la institucionalidad democrática vigente, las demandas históricas de la sociedad chilena en el marco de las protestas sociales, la respuesta del Estado de Chile a las protestas, así como las medidas adoptadas por éste para atender las demandas de la población.

15. Doris Morales Martínez suplantará al exministro Luis Tosi en la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Por primera vez en su historia, la Corte se integrará por una mayoría de mujeres. 

16. Los tribunales cubanos revelan que la Fiscalía General ha abierto 117 expedientes contra 790 personas por las protestas del 11 de julio de 2021.

1. Ignacio Gutiérrez Gutiérrez y María Salvador Martínez (eds.), La división de poderes en el Estado de partidos (Marcial Pons, 2021). Desde principios del siglo XX resulta frecuente ofrecer una visión idealizada de la división de poderes, supuestamente inspirada en la memoria de un siglo XIX que en realidad nunca existió, para luego considerar la incidencia de los partidos como un factor de perturbación y degeneración. Frente a ese discurso, este libro busca ofrecer una aproximación adecuada a la actual realidad del Estado social y democrático de Derecho, integrado en un orden político europeo y global, y vinculado a una sociedad globalizada, fragmentada, mediática e identitaria, en el que la incidencia de los partidos se muestra en toda su complejidad, porque su efecto no es siempre y solo perturbador, sino también articulador e innovador. Con ese objetivo esta obra reúne a diecisiete autores, de diez universidades españolas, cuyos análisis sobre el Estado de partidos se han ordenado conforme a dos perspectivas diferentes. En la primera parte se analizan las tres funciones básicas en un Estado de Derecho -legislación, ejecución y jurisdicción-, pero referidas al Estado de partidos; en la segunda, dedicada al régimen parlamentario, se analizan los elementos que definen la naturaleza y relaciones de los órganos políticos en esta forma de gobierno -dirección y actuación, crítica y control, confianza y responsabilidad-, de nuevo referidos al Estado de partidos. Por último, los trabajos finales, a modo de excursos, ofrecen diferentes y nuevos horizontes de reflexión sobre el tema.

2. Juan José Solozábal, La democracia en apuros. Anotaciones de un constitucionalista (Editorial Biblioteca Nueva, 2021). La propuesta de este libro, que recoge las anotaciones de un constitucionalista durante los últimos tres años, es identificar, a medida que van surgiendo, los problemas de nuestro sistema democrático, con especial atención a sus manifestaciones territoriales o parlamentarias, proponer una determinada solución a los mismos, de acuerdo con una obligada óptica constitucional, y encuadrarlos en una referencia valorativa o ética política determinadas. Lo que va a encontrar el lector sobre estas cuestiones no es un análisis doctrinal académico al uso sino algunos apuntes sobre los episodios más llamativos o graves, acompañados de una reflexión en torno al pensamiento político, representado por nombres señeros, la práctica jurisprudencial o la situación de los temas en el contexto comparado, preferentemente americano y europeo. Entender nuestra democracia en tiempos difíciles, en un contexto ideológico e histórico crítico, es el propósito que este libro, verdadero diario de ideas, pretende contribuir a conseguir.

3. Jorge de Esteban, El libro que democratizó España. Memorias constituyentes (Marcial Pons, 2021). Esta obra no comprende únicamente la exposición de los hechos más importantes de la vida del autor, sino que describe especialmente la forma en que se hizo la Transición en España, gracias al impulso de un grupo de jóvenes españoles, que siguiendo la iniciativa de José María de Areilza, encargaron un dictamen al autor de esta obra para indagar si utilizando las Leyes Fundamentales del franquismo, se podría alcanzar la democracia. De esta manera, el autor, con varios de los ayudantes de su cátedra, realizaron un informe, en el que demostraban que, desde el punto de vista legal, siempre que hubiese una voluntad política para hacerlo, era posible ese reto. Muy poca gente comprendió que era posible esta hazaña. Pero España tuvo la suerte de que el político y catedrático de Derecho Constitucional, Torcuato Fernández-Miranda, comprendió perfectamente, a la muerte de Franco, lo que explicábamos en el libro que consistía sobre todo en «pasar de la ley a la ley», gracias a que el Rey Juan Carlos I, era el más interesado en esta operación porque legitimaba su cargo. En este sentido, el papel de Fernández-Miranda fue decisivo tanto como Presidente de las Cortes, maniobrando para que se aprobase la Ley para la Reforma Política, como también logrando que el Consejo del Reino aprobase, como quería el Rey, la candidatura de Adolfo Suárez. En consecuencia, gracias al libro Constitución española y desarrollo político, España pudo conseguir pacíficamente adoptar la democracia, sin que la mayoría de historiadores hayan conocido hasta ahora cómo se hizo en verdad la Transición. Lean estas Memorias y se enterarán de cómo pasó todo.

4. Miguel Casino Rubio, El concepto constitucional de sanción administrativa (2ª edición) (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2021). Hasta no hace mucho tiempo la definición del concepto de «sanción administrativa» y la necesidad de distinguir técnicamente las sanciones de otras medidas de intervención o policía administrativas de contenido igualmente desfavorable para su destinatario no suponían entre nosotros ningún motivo de preocupación. Hoy, sin embargo, son abundantes las opiniones doctrinales y las sentencias judiciales que se cuidan de esta distinción y de ofrecer criterios que permitan colocar en su lugar a la correspondiente medida administrativa. Aunque mucho se ha avanzado en este asunto, todavía hay más de un cabo suelto y bastantes malentendidos. En este contexto enredado, y tomando pie en el concepto material de sanción administrativa que de forma unánime manejan la doctrina y la jurisprudencia, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, este libro bucea críticamente en la propia jurisprudencia constitucional y repasa las opiniones de los principales especialistas para ver cuáles son los criterios que una y otros utilizan para determinar cuándo una medida administrativa merece realmente el nombre de “sanción”, y alertar en ambos casos de sus debilidades. El libro, en esta segunda edición, se cierra con un capítulo que avisa de la existencia de un triple desgarrón en la comprensión dominante. 

5. Gabriel Moreno González, Cómo se gobiernan los portugueses. Historia constitucional y sistema político de Portugal (Comares, 2022). El presente libro tiene por objeto el estudio de la historia constitucional y del sistema político de Portugal y, por finalidad, tres objetivos principales. El primero, colmar una laguna existente en lengua española sobre la realidad jurídica, constitucional y política del Estado luso, al no encontrarse una obra de tales características y actualizada, a pesar del interés que la misma reviste. Segundo, el de servir de referencia didáctica, para un público amplio, en los acercamientos doctrinales a la historia política, la configuración institucional y el funcionamiento de Portugal como nación europea y occidental con destacados vínculos transnacionales. Y, tercero, se intentan también poner de manifiesto las innovaciones y especificidades que en el terreno del derecho público el país de Camões ha elaborado y experimentado, por si quisieran aprehenderse de cara al enriquecimiento mutuo que puede proporcionar el análisis comparado. La obra no pretende ser un manual de derecho constitucional al uso, ni por sus elementos metodológicos ni por su intención académica. Aquí lo que esbozaremos serán las trazas principales del sistema político portugués, con sus contradicciones y polémicas previsiones, centrándonos en la arquitectura institucional del Estado y en la conformación que del mismo se ha hecho desde el derecho público. En cuanto a la historia constitucional, nos detendremos en las características definitorias de cada uno de los regímenes políticos que se han sucedido desde la irrupción liberal, combinándolas con la siempre necesaria contextualización histórica de las causas de tales mutaciones, así como de sus actores principales.

6. Mauricio Reyes Opazo, La estabilidad económica en la Constitución Española (Aranzadi, 2022). La estabilidad económica constituye actualmente y, luego de la crisis económica vivida, el principal objetivo del trabajo que desarrollan los encargados de las políticas económicas de los Estados. Sin embargo, la relevancia del citado propósito no ha implicado por parte de la dogmática jurídica una explicación detallada del concepto. Por el contrario, una lectura de las normas y documentos en que se ha utilizado la expresión nos revela contenidos diferentes. Si bien el análisis de esta materia podría no ser de interés para juristas, lo cierto es que el examen de este asunto presenta para el Derecho, y en particular para el Derecho público, una extraordinaria relevancia por tres razones. Primero, porque desde la segunda década del siglo XX se viene utilizando en España la voz estabilización para referirse a un conjunto de medidas tendentes a alcanzar la estabilidad económica. Segundo, porque con la entrada en vigor de la Constitución de 1978 se elevó a rango constitucional y, más específicamente, a la categoría de principio rector de la política social y económica la estabilidad económica al establecerse en el artículo 40.1 que «[l]os poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica». Y, tercero, porque a partir de la crisis económica, tanto las medidas económicas, como las respuestas jurídicas que las autoridades internacionales, europeas y españolas propusieron y adoptaron, se justificaron en la estabilidad económica, lo que, en el caso de España implicó, además, que se intensificó su mención en comparación con los años previos. Teniendo en cuenta estas circunstancias y el impacto que la crisis económica iniciada en 2007 ocasionó en la economía mundial, europea y española, en la presente investigación se examina, por un lado, el origen, evolución y constitucionalización de la estabilidad económica y, por otro lado, las consecuencias que respecto del contenido del citado objetivo económico tuvieron las medidas y acciones que las autoridades económicas internacionales y nacionales adoptaron durante la pasada crisis financiera y de deuda soberana. En definitiva, el objetivo de este trabajo ha sido el de, a través de un estudio histórico, económico y jurídico de la expresión, precisar el contenido de la estabilidad económica del artículo 40.1 de la Constitución como objetivo económico constitucional que, en palabras de su artículo 53.3, está llamado a informar «la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos».

7. Víctor Bazán y Marie Christine Fuchs (eds.), Diez años de jurisprudencia constitucional en América Latina (Tirant lo Blanch, 2022).  El libro hace un balance sobre los principales logros y desarrollos en materia constitucional y de los derechos humanos en América Latina, así como del rol de la jurisprudencia constitucional en la última década. De igual manera, los autores reflexionan sobre los retos que todavía persisten y, con estos, los impactos, avances, retrocesos y desafíos que se desprenden de los últimos diez años de jurisprudencia de los tribunales, cortes y salas constitucionales de la región. Todo lo anterior, con el fin de dar cuenta de la manera en que el derecho puede ser leído como un espejo de las sociedades latinoamericanas, el cual permite ofrecer un diagnóstico de la calidad de las democracias y las demandas sociales que aún persisten en América Latina.

8. Elizabeth Salmón (coord.), Trayectorias Migrantes: la juventud venezolana en el Perú (PUCP, 2021). Este libro se propone explicar los factores que sostienen las trayectorias migratorias de jóvenes venezolanos en el Perú según las etapas del proceso migratorio en las que se encuentran. Particularmente, los diferentes capítulos concentran su atención en los factores normativos, institucionales, materiales o económicos y sociales, así como su influencia sobre los proyectos y estrategias migratorias.

9.Daniel Dorado,  Licencias obligatorias de medicamentos y derecho a la salud en la Comunidad Andina (Universidad Andina Simón Bolívar, 2020). El objetivo de este libro  es demostrar las razones por las que las flexibilidades del régimen de patentes farmacéuticas, particularmente las licencias obligatorias, resultan o no suficientes para asegurar el acceso equitativo a los medicamentos. 

10.  La Revista General de Derecho Público Comparado, editada por Iustel, publica su número 30, que incluye una sección monográfica sobre “Comida y alimentación: nuevos desafíos del Derecho comparado”. Además, contiene cuatro ensayos, seis debates y un total de catorce recensiones. 

11. La revista electrónica Cuadernos Constitucionales, editada por la Universidad de Valencia, publica su número 2, que incluye cinco artículos sobre Derecho Constitucional español, cuatro artículos sobre Derecho constitucional extranjero, dos artículos sobre Historia constitucional y seis recensiones.

12. La Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja publica su número 27. Esta edición especial procura realizar una contribución sobre la importancia del MERCOSUR como fenómeno, sus metas y desafíos, así como sus obstáculos e incertezas, que permitirán andar, con paso más firme, en el camino hacia la integración regional de América Latina. 

13. La revista jurídica Precedente, editada por la Universidad Icesi de Colombia, presenta su número 20, que incluye artículos sobre la huelga como derecho social, crowdfunding como método de financiamiento alternativo para la recuperación del tejido empresarial por efectos del COVID-19, la fiducia inmobiliaria y la participación ciudadana como mecanismo de protección del medioambiente. 

Conferencias, seminarios y jornadas

1. El lunes 31 de enero, a partir de las 18:00 (hora española), tendrá lugar la presentación del libro “Los parlamentos en América Latina en tiempos de pandemia”, coorganizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. 

2. El martes 1 de febrero, a las 10:00 (hora de Ecuador), los jueces y las juezas de la Corte Constitucional del Ecuador entablarán un dialogo con los medios de comunicación sobre los avances y precedentes en derechos de la Corte, en el marco de cierre de gestión de la conformación actual. 

3. El miércoles 2 de febrero, a partir de las 17:00 (hora española), tendrá lugar la jornada “La necesidad de un nuevo contrato social intergeneracional: la profiguración”, organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad. Se transmitirá por videoconferencia a través de Zoom. Inscripción obligatoria a través del Boletín de inscripción. Simultáneamente se emitirá en YouTube.

4. El martes 8 de febrero, a partir de las 18:00 (hora española), se celebrarán los Diálogos “Mujeres afganas en España: símbolo de una tragedia universal”, organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad. La inscripción será obligatoria para asistencia presencial y por Zoom a través del Boletín de inscripción. Simultáneamente se emitirá en YouTube.

5. El miércoles 9 de febrero, a partir de las 16:00 (hora española), se celebrará el seminario García Pelayo (online), “Diálogo judicial multinivel y la tutela de derechos en América Latina”, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

6. El miércoles 9 de febrero, a partir de las 17:00 (hora española), se llevará a cabo la conferencia inaugural del Módulo IV “El ciudadano ante el poder” del Máster Universitario en Derecho Constitucional 2021-2022, “La protección jurídica del paisaje”, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

7. El jueves 10 de febrero y el viernes 11 de febrero, a partir de las 09:30 (hora española), tendrá lugar el II Seminario Gil Carlos Rodríguez Iglesias de la Revista de Derecho Comunitario Europeo “La protección del Estado de Derecho en la Unión Europea”, coorganizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo (AEDEUR). 

8. El jueves 17 de febrero, a las 11:00 am (hora de Colombia), la Corte Constitucional colombiana presentará el lanzamiento del documental conmemorativo de los 30 años de la Corte Constitucional. El evento se transmitirá a través de Facebook y el canal de YouTube de la Corte. 

Convocatorias

1.La International Society of Public Law (ICON-S) abre la convocatoria para el 2022 ICON-S Book Pize. El premio busca reconocer un libro destacado en el campo del derecho público.  La fecha límite para el envío de nominaciones es el 28 de febrero, 2022. 

2. El Fondo de Empoderamiento Jurídico (LEF por sus siglas en inglés) considerará propuestas de subvenciones de organizaciones que realizan trabajo de empoderamiento jurídico por un máximo de 24 meses de apoyo general (financiamiento general). El periodo de presentación termina el 18 de febrero.

3. Se convoca el XIX Premio «Manuel Giménez Abad» para trabajos de investigación sobre Democracia y descentralización política y territorial. La fecha límite de presentación de trabajos es el 11 de marzo de 2022.

4. El XIX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE) se celebrará los días 24 y 25 de marzo de 2022. Las comunicaciones deberán ser remitidas al coordinador de cada mesa antes del 14 de marzo de 2022. 

5. El Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer anuncia la convocatoria de artículos para el  “Anuario de derecho constitucional latinoamericano 2022”. El plazo se encuentra abierto hasta el 30 de abril de 2022. 

6. Eunomia, Revista en Cultura de la legalidad, editada por la Universidad Carlos III de Madrid, invita a la presentación de trabajos para ser publicados en su número 23. El plazo se encuentra abierto hasta el 15 de mayo.

7. La Asociación Costarricense de Promoción y Difusión de la Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica en América Central invita a la presentación de ponencias para el IV coloquio de Teoría del Derecho, dedicado en esta ocasión al razonamiento probatorio. El coloquio se realizará online los días 14 y 16 de marzo y el plazo para la presentación de ponencias se encuentra abierto hasta el 19 de febrero. 

8. El Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convoca a la jornada internacional “La actualidad internacional y constitucional de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial”. El evento se llevará a cabo de manera virtual el 21, 22 y 23 de marzo y se reciben ponencias hasta el 20 de febrero.

9. UNA Revista de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia) lanza una convocatoria para la presentación de artículos a su séptimo número. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 17 de abril y podrán presentarse artículos sobre todas las ramas del derecho. 

10. Kent Centre for European and Comparative Law (KCECL) abre convocatoria para la presentación de artículos sobre Derecho comparado dirigido a estudiantes doctorales. El plazo para presentación de resúmenes concluye el próximo 1 de abril. Por su parte, el seminario de presentación de trabajos se realizará de forma online los días 26 y 27 mayo de 2022.

11. La Revista Derecho del Estado, editada por la Universidad Externado de Colombia, abre la convocatoria para participar en el simposio No. 55 “Dialogo con la democracia sin atajos, de Cristina Lafont”. Las contribuciones se recibirán hasta el 30 de mayo.  

1. Elisa de la Nuez, Un sistema político e institucional obsoleto, El País (España).

2. José Luis Piñar Mañas, El nombramiento de la presidencia de la Agencia de Protección de datos y su adjunto, El Mundo (España).

3. Jaroslaw Sulkowski, ¿Puede Polonia salir de la Unión Europea? El “polexit” según la Constitución, la sociedad y los políticos, Blog de la Asociación de Constitucionalistas de España (España).

4. Argelia Queralt, La peor defensa de nuestra Constitución es no asumir que se puede y se debe reformar,Información (España). 

5. Randy Pérez, Etiquetado frontal de advertencia: un paso importante para lograr un sistema alimentario saludable, pero no único, Blog de la Revista Derecho del Estado (Colombia). 

6. Salvador Herencia–Carrasco y Kelsea Gillespie, El régimen de empresas y derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: análisis del 2021 y perspectivas para el 2022,  Agenda Estado de Derecho (Colombia). 

7. Juliana Carbonell, La despenalización total del aborto: recuento del proceso sin fin dentro de la Corte Constitucional, Blog de la Revista UNA Revista de Derecho–Universidad de los Andes (Colombia). 

8. Isabel Annear Camero, Una Corte de mujeres, Dejusticia (Colombia). 

9. Alma Beltrán y Puga, ¿Por qué hay tres magistradas que votan en contra al derecho a decidir?, La Silla Vacía (Colombia).

10. Ilton Norberto Robl Filho, Alguns apontamentos sobre o constitucionalismo digital, Conjur (Brasil). 

11. Julie Turkewitz y Mitra Taj, En Perú las cortes se usan ‘como látigos’ para callar a los periodistas, NYTimes.

12. Daniela Leitch y Roberto Cases, Sala cuna universal: buenas y malas noticias, CEP (Chile).

13. Yanira Zuñiga, La paridad en disputa, La Tercera (Chile)

14. Martín D. Farrell, Consejo de la magistratura: una disidencia superflua, En Disidencia (Argentina).

15. Ricardo Reyes Márquez, La Suprema Corte y el difícil equilibrio entre informar y opinar en los medios de comunicación, Nexos (México).

16. Paola Zavala Saeb, Cinco propuestas urgentes sobre las cárceles, Animal Político (México).