Brasil ha dado un paso fundamental para construir una cultura jurídica dirigida a la efectividad de los derechos humanos. El 22 de marzo, por medio del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), firmó el Pacto Nacional por los Derechos Humanos en el que se busca consolidar un compromiso institucional para hacer efectivos los derechos humanos garantizados tanto por los tratados internacionales y regionales como por la jurisprudencia interamericana.
A luz de los compromisos convencionales firmados por Brasil hace tres décadas, con la adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se podría considerar que se trata de un documento meramente retorico. Todo lo contrario. Esta iniciativa institucional en Brasil se dirige al cumplimiento efectivo de estos compromisos.
El Pacto se inspira en la Resolución 123 de CNJ, firmada en el 7 de enero de 2022. Esta les recomienda a todos los órganos del Poder Judicial la observancia de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, el empleo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la práctica del control de convencionalidad. Su articulación es el resultado del trabajo de la Unidad de Monitoreo y Fiscalización de las Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta fue creada por Resolución del CNJ (Resolución 364 de 12/01/2021) para afrontar el reto de crear una cultura de diálogo con el Sistema Interamericano.
La efectividad de las sentencias interamericanas ha sido siempre un desafío en Brasil. Desde la primera condena, en el caso Ximenes Lopes vs. Brasil (2006), hasta las dos más recientes, Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesus y sus familiares vs. Brasil (2020) y Barbosa de Souza y otros vs. Brasil (2021), han perdurado las deficiencias estructurales que implican la negligencia en la protección de los derechos humanos, en especial, de los grupos vulnerables. El cumplimiento de las medidas de reparación integral fijadas en estas sentencias depende de un poder judicial nacional transformador que se comprometa con las pautas materiales y un efectivo control de convencionalidad.
Mas allá del valor simbólico, el Pacto Nacional anuncia acciones concretas dirigidas a la formación de la magistratura: i) un concurso nacional de sentencias en derechos humanos en el que el criterio de elección se basa en el control de convencionalidad; ii) la meta de inclusión de la disciplina de derechos humanos en los avisos para concurso público para el ingreso en la carrera de la magistratura nacional; iii) el fomento a programas de capacitación en derechos humanos y control de convencionalidad en cooperación con las Escuelas Judiciales; iv) la realización de un seminario internacional de capacitación para magistrados de tribunales superiores en cooperación con la Corte y la Comisión Interamericana y participación de expertos nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos y Diálogos Jurisdiccionales: Control de Convencionalidad. Estas acciones indican un esfuerzo de formación de los magistrados y las magistradas de Brasil para que la realización de los derechos humanos integre su labor diaria. El objetivo es que las situaciones de vulneración de derechos sean tratadas en consonancia con los compromisos convencionales.
El Pacto prevé la publicación de Cuadernos Jurisprudenciales del STF con libros dedicados a temas relevantes de alcance nacional y regional: derechos humanos de las mujeres, de las personas LGBTI, de pueblos indígenas, de negros y pardos, de las personas privadas de libertad y libertad de expresión. Su objetivo es presentar las tanto las posiciones adoptadas por la Plenaria del Tribunal como la evolución de los diálogos judiciales. El análisis que se produce ha indicado un cambio en el abordaje de los derechos humanos por el STF y parece que los años de aislamiento se han quedado en el pasado.
En esta línea, este Pacto simboliza el reconocimiento de que cada juez y jueza brasileña se integran en una red que construye un Ius Constitutionale Commune latinoamericano por medio de la interpretación y aplicación de las normas de derechos humanos. De este modo, tanto los derechos ya reconocidos en la Constitución y en los tratados como en la jurisprudencia interamericana se entrecruzan y se llenan de sentido bajo el principio pro persona.
Las acciones planeadas pretenden incluir a la jurisprudencia brasileña en las conversaciones constitucionales entre los tribunales latinoamericanos y entre estos y la Corte y la Comisión Interamericanas. Con estos diálogos, la jurisprudencia nacional y las decisiones interamericanas ganan legitimidad para contribuir a la formación de un Ius Constitutionale verdaderamente Commune.
Cita recomendada: Ana Carolina Lopes Olsen & Flávia Piovesan, «Pacto nacional del poder judicial por los derechos humanos: avances en los diálogos con el sistema interamericano en Brasil», IberICONnect, 30 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2022/03/pacto-nacional-del-poder-judicial-por-los-derechos-humanos-avances-en-los-dialogos-con-el-sistema-interamericano-en-brasil/
Doutora em Direito pela PUCPR com ênfase em Justiça, Democracia e Direitos Humanos; Professora do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, Brasil.
Es profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica de San Pablo desde 1991, profesora del programa de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, y profesora en la Academia de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de American University, en Estados Unidos. Desarrolló estudios de post doctorado en Harvard Law School, Oxford University y Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, donde realizó investigaciones en el área de los sistemas regionales de protección de derechos humanos. De 2018 a 2021 fue Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.