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¿Qué está pasando en las cortes y tribunales constitucionales?
La Corte Constitucional colombiana determinó que el permiso de trabajo para menores de edad, solo se podrá otorgar como último recurso, posterior a la realización de los trámites necesarios para permitir la continuidad de los estudios. Lo anterior, en el marco de la revisión de una acción de tutela presentada por una menor de edad en contra de una Secretaría de Educación y una institución educativa que negaron su matrícula en la modalidad sabatina, por no cumplir los requisitos legales previstos para acceder a la misma. La Corte señaló que las entidades no violaron los derechos de la menor, puesto que, el ciclo de formación para adultos es un modelo subsidiario para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de formarse en un ciclo educativo regular y continuado, por lo que no es el más adecuado para el proceso que requieren los menores de edad.
La Corte Constitucional colombiana ordenó a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional la entrega de los restos de una víctima de desaparición forzada que fue identificada en el 2011, sin que hasta el momento su familia hubiera recibido información sobre su caso. El Alto Tribunal expuso que los familiares tienen derecho a que se adopten medidas para que, en caso de fallecimiento de la persona desaparecida forzosamente, se hallen sus restos, sus allegados puedan recibirlos en una entrega digna y sepultarlos de acuerdo con sus creencias, lo cual debe ocurrir en el menor tiempo posible y oficiosamente. Asimismo, explicó que el mantener a los familiares en la incertidumbre sobre el paradero de su familiar constituyó una violación de sus derechos a la verdad, a la reparación y a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La Corte Constitucional colombiana ordenó a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que realice un acto simbólico de reconocimiento de la comunidad Wayuu como sujeto de derechos en el departamento de La Guajira. La decisión fue adoptada en un Auto de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de la niñez Wayuu en La Guajira. La decisión fue adoptada, puesto que la Corte evidenció que el pueblo Wayúu no se siente ni percibe como parte del proceso de conformación de la política pública para solucionar la difícil situación a la que ha estado sometido históricamente.
La Corte Constitucional del Ecuador declaró que una sentencia de casación en materia tributaria, al casar el fallo recurrido y emitir una decisión de mérito sin fundamentación, vulneró el debido proceso en la garantía de la motivación. La Corte ordenó dejar sin efecto la parte referente a la resolución del mérito de la causa y dispuso retrotraer el proceso hasta el momento anterior a su emisión, a fin de que otros jueces dicten la sentencia de mérito.
La Corte Constitucional del Ecuador rechazó la acción extraordinaria de protección planteada en contra de una resolución emitida por un Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, al considerar que esta resolución no puede ser objeto de acción de protección. La Corte concluyó que la resolución acusada no resolvió de fondo las pretensiones con autoridad de cosa juzgada material, puesto que el comité de trabajadores puede plantear una nueva demanda una vez se subsane la falta de legitimación por activa. A su vez, se descartó que la resolución haya provocado una afectación irreparable a los derechos fundamentales de los accionantes, por cuanto su pretensión puede volver a conocerse si se presenta un nuevo pliego de peticiones.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró la constitucionalidad de la Resolución del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama) que establece los patrones de calidad del aire. El STF indicó que la Organización Mundial de la Salud reconoce que aunque sus directrices son establecidas para el uso mundial, los parámetros locales pueden variar de acuerdo con aspectos específicos, teniendo en cuenta el equilibrio entre los riesgos a la salud, la viabilidad tecnológica y las consideraciones económicas, entre otros aspectos. No obstante lo anterior, el Tribunal aclara que la resolución está en tránsito a la inconstitucionalidad y debe ser modificada en el término de 24 meses, teniendo en cuenta los nuevos parámetros de calidad del aire recomendados por la OMS.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró la inconstitucionalidad de una ley estatal que regula la prestación del servicio de asistencia médica hospitalaria entre los operadores de planes de salud y sus usuarios, por cuanto consideró que esta es una materia legislativa de competencia de la Unión.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil consideró que la libertad de expresión no cobija discursos dolosos con ánimo difamatorio ni injurias. A su vez, la garantía de la inmunidad parlamentaria no incluye actos practicados sin claro nexo de vinculación recíproca entre el discurso y el desempeño de las funciones estatales. Lo anterior, puesto que las garantías de los miembros del Parlamento tienen una perspectiva funcional, es decir, solo protege el ejercicio de las funciones esenciales del poder legislativo, independientemente de dónde sean ejercidas.
El Pleno del Tribunal Constitucional español ha desestimado el recurso de amparo presentado por Joaquim Torra i Pla, en el que se alegaba vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho al recurso y a la tutela cautelar, porque la ejecución de la sentencia condenatoria habría impedido, por un lado, el acceso efectivo a la jurisdicción constitucional y, por otro, a que este Tribunal pudiera acordar la suspensión cautelar de la ejecución de su condena. El recurrente también invocaba la vulneración del derecho al ejercicio de un cargo público representativo, así como del resto de derechos alegados con motivo del recurso de amparo dirigido contra la sentencia condenatoria. El vicepresidente Xiol Ríos ha anunciado la formulación de un voto particular contra la sentencia, al que ha manifestado su voluntad de adherirse el magistrado Sáez.
El Pleno del Tribunal Constitucional español ha admitido a trámite los dos recursos de amparo planteados por Alberto Rodríguez Rodríguez (Unidas Podemos), frente a las resoluciones que supusieron la retirada de su escaño en el Congreso de los Diputados, al tiempo que acuerda, a propuesta del presidente, la avocación para que sea el mismo Pleno el que resuelva sobre el fondo de las pretensiones. La cuestión suscitada en el amparo parlamentario radica en determinar si ha resultado vulnerado o no el derecho del recurrente en amparo a permanecer en el ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE), al haberse acordado su sustitución como diputado del Congreso en aplicación de la causa de incompatibilidad sobrevenida del art. 6.4, en relación con el art. 6.2 a), ambos LOREG. Esto es, por haber sido condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad (falta de lesiones (art. 617 CP) y de un delito de atentado contra agente de la autoridad del art. 550.1 y 2 CP, condenándolo a la pena de 1 mes y 15 días de prisión), cuando ésta ha sido sustituida ex art. 71.2 CP por una pena de multa y se ha impuesto una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (art. 56.1.2º CP) durante el tiempo de la condena privativa de libertad.
En los autos “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Goyeneche, Cecilia Andrea c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ acción de amparo”, la Corte Suprema de Justicia de Argentina revocó, por unanimidad, la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y le devolvió el expediente para dicte un nuevo fallo en torno a la acción de amparo promovida por la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche.
En las noticias
El pasado 14 de mayo la Convención chilena presentó el borrador de normas que conformarían la nueva Constitución. El documento contiene un total de 499 artículos. El escrito final de la Constitución será votado el 4 de septiembre de este año.
El Congreso de la República de Colombia aprobó en el tercero de cuatro debates la denominada “justicia virtual”; que pretende darle el carácter permanente a medidas que permiten el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en la administración de justicia, y que fueron implementadas inicialmente con ocasión de la pandemia del COVID-19.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió un proceso en contra de Colombia para determinar la posible responsabilidad del Estado por la falta de reparación a las víctimas de la toma de Montebonito (Caldas), perpetrada en el año 2006 por la extinta guerrilla de las FARC.
El gobierno colombiano defiende ante la Corte Constitucional la facultad de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a funcionarios de elección popular. Actualmente, la Corte Constitucional conoce de una acción pública de inconstitucionalidad en contra de la Ley que pretendió ajustar la legislación interna a lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia.
El miércoles 18 de mayo la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena de Ecuador conocerá de al menos 32 pedidos para intervenir como terceros interesados en el proceso que se adelanta en contra del expresidente Jorge Glas y sobre la apelación a la decisión de otorgamiento de habeas corpus en el mismo proceso.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil se prepara para conocer de tres acciones que pueden alterar las reglas del Código de Tránsito brasilero y la ley seca. Están en juego la tolerancia cero al alcohol al momento de conducir vehículos automotores, la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en las carreteras federales y las sanciones a quien se rehúse a realizar la prueba de alcoholemia.
El Tribunal Supremo Electoral de Brasil y Telegram celebran un acuerdo de colaboración para atacar la difusión de noticias falsas en el marco del proceso electoral de ese país.
Repsol ve “infundada” la demanda civil presentada en su contra por el regulador peruano de la competencia (Indecopi), que solicita una indemnización de 4.500 millones de dólares (4.320 millones de euros) por el derrame de crudo ocurrido el pasado 15 de enero en una instalación submarina de la refinería La Pampilla, propiedad de la petrolera española.
Nuevas contribuciones académicas
La Fundación Konrad Adenauer Stiftung publica el anuario de derecho constitucional latinoamericano, edición 2022. Esta edición cuenta con 24 artículos que reúnen la visión de 10 países de la región latinoamericana, con la voz de diferentes especialistas que aportan elementos clave para el diálogo y la defensa del Estado de derecho en esta región. De igual manera, se presentan 4 ponencias especiales realizadas por los presidentes de los Tribunales Constitucionales de Ecuador, Alemania, México y Brasil, en el marco del XXVI Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales realizado en el mes de junio de 2021. Para este anuario, los temas propuestos para la reflexión de los diferentes autores fueron: 1) La interacción compleja y ambigua del derecho a la protesta social y el uso de la fuerza en las democracias de la región y 2) El constitucionalismo feminista o un derecho constitucional más inclusivo.
Víctor Cuesta López, Espacios de democracia deliberativa en contextos de reforma constitucional, (Marcial Pons, 2022). El trabajo ofrece un análisis de los procesos de reforma constitucional activados en los últimos años que responden a los postulados propios de la democracia deliberativa. La deliberación, entendida como un proceso de interacción comunicativa dirigido a la adopción de las decisiones públicas en el que priman la reflexión crítica y el diálogo constructivo, se presenta desde esta perspectiva teórica como un método idóneo para forjar los amplios consensos sociales y políticos sobre los que deben descansar, necesariamente, los procesos de gestación del Derecho constitucional positivo. Entre los casos de estudio seleccionados se encuentran: la propuesta de reforma electoral para la Columbia Británica (Canadá) formulada en el año 2004 por una Asamblea Ciudadana; el fallido proceso constituyente en la República de Islandia (2009-2013) en el que se convocan, sucesivamente, dos espacios de deliberación ciudadana (Foro Nacional y Consejo Constitucional); las enmiendas parciales a la Constitución de la República de Irlanda propuestas por la Convención Constitucional (2012-2014) y la Asamblea Ciudadana (2016-2018), que han supuesto el reconocimiento jurídico de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la práctica de la interrupción del embarazo; y los dos últimos proyectos de reemplazo constitucional en Chile: el proceso «Diálogos Ciudadanos» (2015-2017), que sirve de base para la redacción de las Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución, propuesta de reforma abandonada tras el relevo de la presidenta Bachelet, y el proceso constituyente abierto actualmente.
Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, Los derechos fundamentales económicos en el Estado social, (Marcial Pons, 2022). La caracterización constitucional del Estado español como un Estado social implica que son los representantes de los ciudadanos los que deben dar una configuración definitiva al orden económico y social, con la consiguiente afectación del contenido constitucional de los derechos fundamentales económicos. Se asume así que la promoción de determinados bienes e intereses colectivos se puede hacer a costa del contenido de los derechos fundamentales. El libro examina cómo ha evolucionado la capacidad legislativa de restringir los derechos fundamentales económicos en tres concretos ordenamientos jurídicos: el español, el norteamericano y el de la Unión Europea. En los sistemas español y norteamericano los órganos jurisdiccionales han asumido la necesidad de ser deferentes con el legislador en el momento de realizar su control jurisdiccional tomando como parámetro los derechos fundamentales económicos. En el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia se sigue, en cambio, debatiendo entre un control deferente o uno más incisivo, con el consiguiente riesgo de lochnerización del modelo europeo.
Ignacio Fernández Sarasola, Utopías constitucionales. La España posible en los proyectos constitucionales (1789-1931), (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2022).La historia constitucional española no se reduce a aquellos textos normativos que tuvieron la fortuna de convertirse en la regla de gobierno aplicable. También forman parte de ella los diversos proyectos constitucionales –tanto privados como institucionales– que fueron diseñados con ese mismo objetivo pero que, debido a las más variadas coyunturas, no lo lograron. El estudio analiza el origen, contexto, contenido y avatares de casi setenta proyectos constitucionales diseñados en España, muchos de ellos inéditos, explicando por qué no llegaron a triunfar, y qué habría supuesto para la política de ese momento si lo hubieran conseguido. A través de este estudio se ofrece una imagen insospechada de la historia constitucional española, mucho más temprana, rica y sorprendente de lo que habitualmente se había planteado. Una historia en la que se delinearon alternativas que luego tardarían más de un siglo en realizarse, y en la que se descubren influencias foráneas antaño desconocidas. Estos proyectos delatan que la historia constitucional española no se limitó –como a menudo se ha concebido– a bascular entre el constitucionalismo progresista y el moderado, sino que fue un crisol de ideas de las que sólo una parte muy reducida llegó a convertirse en auténticas constituciones.
Jordi Ferrer Beltrán (coord.), Manual de Razonamiento Probatorio (SCJN, 2022). Con dos asunciones básicas —el objetivo de la averiguación de la verdad y la clasificación de los momentos de la actividad probatoria—, el manual pretende mostrar cómo debemos operar en cada uno de los momentos de la actividad probatoria para maximizar las probabilidades de acierto de la decisión sobre los hechos —i.e., la probabilidad de que lo que se declare probado coincida con la verdad—.
Julieta Lemaitre Ripoll, El Estado siempre llega tarde. La reconstrucción de la vida cotidiana después de la guerra, (Siglo XXI, 2022). A partir de un trabajo etnográfico sólido –que recoge historias cotidianas de supervivencia en distintos lugares de Colombia–, combinado con el análisis jurídico y político, este libro permite comprender el conflicto armado de ese país desde una perspectiva única, que a la vez ilumina procesos similares en otros países de la región. Jueza de un tribunal especial creado en el reciente Acuerdo de Paz, destacada jurista, docente e investigadora, Lemaitre Ripoll se interroga en estas páginas por el lugar del Estado en los procesos de reconstrucción material y moral tras un conflicto armado.
Pablo Contreras, Michelle Bordachar y Leonardo Ortiz (eds.), Privacidad y protección de datos personales: Jurisprudencia seleccionada y comentada, (DER, 2022). Privacidad y protección de datos personales son dos derechos que surgen en respuesta a los nuevos desafíos planteados por el desarrollo de los medios de comunicación y los avances de la tecnología. Ambos tutelan nuestra libertad, autonomía y espacios de autorrealización personal, configurándose como límites a las libertades de expresión e información, entre otros derechos. La Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, fue publicada en 1999 (España), y, pese a más de una década de proyectos de reforma sin éxito, se mantiene vigente. Se trata de un marco normativo que carece de un régimen de infracciones y sanciones adecuado y una autoridad de control independiente, con las competencias idóneas para ejecutar la ley. Ante tal precariedad regulatoria, la forma cómo los tribunales interpretan y aplican las escasas y escuetas reglas que tenemos sobre la materia es de vital importancia. Por ello, la jurisprudencia judicial y administrativa juega un rol esencial al dotar de contenido y sentido a las normas que interpreta, aun cuando las sentencias tengan efectos inter partes. La dogmática, a su vez, se nutre de la casuística del caso concreto para examinar criterios de interpretación y evaluar la aplicación de la norma. Este libro es un intento de reconstrucción de la jurisprudencia para avanzar en una dogmática de la privacidad y de la protección de los datos personales. En estas páginas el lector se encontrará con las dificultades que enfrentan los operadores jurídicos para articular privacidad, autodeterminación informativa, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, honra, libertad de expresión y acceso a la información pública, entre otros derechos.
VVAA. Reflexiones constitucionales. Aportes para la nueva Constitución (Senado de la República, 2021). El estallido social ocurrido en el mes octubre de 2019 y su posterior Plebiscito Nacional marcaron un hito histórico en Chile. El 78% de la población se manifestó conforme con la opción “Apruebo”, lo que implicaba reescribir la Constitución Política del país. El proceso constituyente se convirtió en una realidad, lo cual significó un esfuerzo ciudadano por pensar y remirar el actual contenido de la Carta Fundamental en miras de perfilar los futuros contenidos de la nueva Constitución. Ante esta coyuntura, el Presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el Senador Alfonso de Urresti, junto a la Biblioteca del Congreso, habilitaron un espacio de reflexión y de diálogos en torno a cinco temáticas relevantes para la nueva redacción. La discusión referida al Género, Pueblos Originarios, Rol del Tribunal Constitucional, Descentralización y Régimen de Gobierno y Agua, Medio Ambiente y nueva Constitución fueron profusamente abarcadas por especialistas en dichas materias. En aquellos seminarios, llevados a cabo entre el 6 de agosto y el 14 de diciembre de 2020, participaron diversos académicos y académicas destacadas de ese país, cuyas intervenciones fueron sistematizadas en esta publicación.
La Revista Española de Derecho Constitucional, editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, publica su número 124, que consta de: 5 estudios, 2 notas, 2 jurisprudencia, 2 estudios críticos de jurisprudencia y 3 críticas de libros.
El miércoles 18 de mayo a las 18:00 (hora chilena) tendrá lugar el seminario “Derechos de las mujeres indígenas”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Será celebrado en formato híbrido (virtual y presencial) requiriendo inscripción previa.
El jueves 19 de mayo, a las 18:00 (hora peninsular española) dará comienzo el Seminario “Entre el optimismo tecnológico y el futuro distópico”, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) en colaboración con ICON-Spain. Se realizará en formato híbrido presencial (CEPC) y online, siendo necesaria la inscripción previa para la asistencia en ambos formatos.
ICON-S Colombia organiza el seminario permanente “Constitución y derecho comparado”. El próximo encuentro se realizará el día 20 de mayo de 10:00 am a 12:00 pm y se transmitirá vía Zoom.
El miércoles 25 de mayo a las 17,00 (hora peninsular española) tendrá lugar la jornada “Nuevas funciones parlamentarias”, organizadas por la Fundación Giménez Abad. Requiere de inscripción previa tanto para la asistencia presencial, en el Palacio de la Aljafería, como la asistencia online, a través de Zoom.
El miércoles 25 de mayo a las 11:00 (hora chilena) se celebrará el Ciclo de conversaciones del Departamento de Derecho Económico: «Convención Constitucional y descentralización de los tributos», organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Será celebrado en formato híbrido (virtual y presencial), requiriendo inscripción previa.
El jueves 26 de mayo a las 18:00 (hora chilena) dará comienzo la Conferencia: «Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica», organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El evento se realizará en formato virtual requiriendo inscripción previa.
El lunes 30 de mayo, a las 19:30 (hora peninsular española) se celebrará el Diálogo “Ucrania invadida: guerra en Europa en el siglo XXI”, organizado por la Fundación Giménez Abad y la Fundación Ibercaja. Se realizará de forma presencial en el Patio de la Infanta y se requiere inscripción previa.
El lunes 30 de mayo, a las 17:00 (hora peninsular española) tendrá lugar la Jornada “El impacto del COVID-19 en las minorías religiosas en España”, organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Se celebrará en formato presencial (CEPC) y en línea. Es necesaria la inscripción previa.
La Universidad Externado de Colombia organiza el seminario “El uso y abuso del derecho sancionador en el Estado colombiano”. El evento se realizará los días 31 de mayo y 1 de junio de manera presencial en el auditorio 3 del Edificio I de 8:00 am a 5:00 pm (hora de Colombia).
Los días martes 31 de mayo, miércoles 1 y jueves 2 de junio, se llevará a cabo el Congreso Internacional «El Trienio liberal doscientos años después», organizado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El Congreso se celebrará en la sala Europa del Senado y requiere inscripción previa.
El 20 de mayo finaliza el plazo para optar por una de las 260 becas para los cursos de verano – otoño de la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste. Las becas incluyen matrícula, alojamiento y manutención.
El 31 de mayo vence el plazo para la presentación de candidaturas para la realización de Prácticas Schuman en el Parlamento Europeo. La convocatoria está dirigida a recién titulados de diferentes áreas, incluyendo derecho.
Abierto el plazo para envío de comunicaciones al Seminario Ítaloespañol, Red europea de investigación jurídica, que se desarrollará en Granada en el mes de octubre. El plazo para envío de comunicaciones vence el 5 de junio.
ICON-Colombia abre la convocatoria para la presentación de propuestas de grupos de trabajo y ponencias individuales en el IV Seminario del capítulo de Colombia de la sociedad. El encuentro se realizará en la ciudad de Barranquilla los días 10 y 11 de noviembre de 2022 y en esta oportunidad versará sobre el ordenamiento territorial en el derecho público global: promesas incumplidas, crisis y retos. La fecha máxima para el envío de propuestas vence el 5 de agosto de 2022.
Intersecta convoca al seminario La militarización en México desde una perspectiva feminista, Edición 2022, que se llevará a cabo del 8 de junio al 26 de octubre. El seminario explorará respuestas a las siguientes preguntas: ¿Quiénes son las fuerzas armadas?, ¿Qué es la militarización?, ¿Cómo ocurre y cómo se perpetúa?, ¿Cómo operan las fuerzas armadas? y ¿Qué efectos tiene la militarización?
IusGénero América Latina (IGAL), revista jurídica editada y financiada por la @redalasgenero y la @interpuertorico, abre convocatoria para estudios que incorporen perspectivas interseccionales y análisis distributivo.
