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¿Qué está pasando en las cortes y tribunales constitucionales?
La Corte Suprema de Argentina dictó sentencia en el caso presentado por la Asociación Civil Macame, en el que se solicitaba la posibilidad de autocultivo de cannabis para uso medicinal. Se estableció razones de salud y seguridad públicas resultan suficientes para justificar que el Estado expida autorizaciones administrativas y, sostuvo que, la intervención estatal en esta área no implica una interferencia injustificada en la autonomía personal consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional
La Suprema Corte de Justicia de México invalidó el artículo 12 Bis de la Ley de Salud para el Estado de Morelos, que establecía de forma amplia la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud, limitándolo únicamente cuando se pusiera en riesgo la vida del paciente o se tratara de una urgencia médica.
La Corte Constitucional colombiana revocó fallo de acción de tutela de segunda instancia en el que se había negado la protección de una mujer víctima de acoso laboral. La Corte señaló que en estos casos en la valoración de la prueba debe privilegiarse la prueba indiciaria, ante la dificultad que representa recaudar la prueba directa. En ese sentido, recobró vigencia el fallo de primera instancia en el que se había reconocido que la ciudadana fue víctima de acoso laboral, se dispuso su reintegró al mismo cargo o a uno de mejores condiciones y se ordenó el pago de una indemnización. De igual manera, la Corte ordenó al Instituto Nacional para Sordos expedir en el término de un mes un protocolo de atención oportuno, preventivo y con enfoque de género para evaluar las denuncias sobre acoso laboral y sexual que se realicen al interior de la entidad.
La Corte Constitucional colombiana protegió los derechos a la salud, a una vivienda digna, a la integridad física, a la intimidad y a la vida de varios ciudadanos afectados por los daños en los sistemas de alcantarillado de sus barrios. La Corte determinó que las personas no tienen que soportar olores nauseabundos que afecten su tranquilidad y puedan generar enfermedades. Por ello, las autoridades deben garantizar que toda vivienda cumpla con las condiciones mínimas de higiene para que una persona pueda ocuparla sin peligro para su salud e intimidad.
La Corte Constitucional colombiana exhortó al Ministerio de Salud y Protección Social para que, en el término de un año, emita una guía de práctica clínica, con sus respectivos protocolos, para la atención integral en salud de las personas transgénero y, particularmente, para el suministro de los procedimientos médicos de afirmación de género. Lo anterior, en el marco del caso de un menor de edad al que se le exigió como requisito, ser mayor de edad, para el inicio de la terapia de reemplazo hormonal.
La Corte Constitucional del Ecuador desestimó la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de las normas que establecen la exigencia de contar con un abogado o abogada defensora para comparecer a procesos judiciales, salvo determinadas excepciones. La Corte concluyó que estas normas no vulneran los derechos a la igualdad y no discriminación ni de acceso a la justicia.
La Corte Constitucional del Ecuador declaró la constitucionalidad parcial de la declaratoria del estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura. La Corte consideró constitucional la movilización de las fuerzas armadas, la limitación del derecho a la reunión cuando ocurren hechos violentos, así como la limitación del derecho al transito. Declaró constitucional el uso progresivo de la fuerza y determinó que las zonas de seguridad deben respetar los espacios donde se presta asistencia y atención humanitaria. Al contrario, declaró la inconstitucionalidad de la medida sobre el control de las personas extranjeras.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó que el ejecutivo tiene el deber constitucional de hacer funcionar y asignar anualmente recursos al Fondo del Clima, con el propósito de mitigar el cambio climático, estando prohibido su contingenciamento (retardo o inejecución de los rubros previstos en la Ley de presupuesto en función de la insuficiencia de recursos financieros). El Tribunal recalcó que el deber del ejecutivo tiene como fundamento el deber constitucional de tutela del medio ambiente, de los derechos y los compromisos internacionales asumidos por Brasil en esta materia, señalando que los tratados sobre derecho ambiental tienen un estatus supranacional, pues son una especie de los tratados de derechos humanos.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró la constitucionalidad de la norma federal que prevé la transferencia de recursos por parte de la Unión a los Estados y al Distrito Federal para garantizar el acceso al internet con fines educativos para estudiantes y profesores de educación básica en virtud del COVID-19.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil reiteró su jurisprudencia sobre la imposibilidad de los Estados de realizar actividades relacionadas con el sector nuclear en sus respectivos territorios. En ese sentido, declaró la inconstitucionalidad de varios apartes de una norma estatal que contemplaba actividades con desechos radiactivos en su territorio.
La sala segunda del Tribunal Constitucional español avala la constitucionalidad del plazo de un año para ejercer la acción de reclamación de filiación no matrimonial sin posesión de estado. La Sala ha desestimado el recurso de amparo al considerar que la fijación en el apartado segundo del art. 133 del Código Civil ‒en su redacción conforme a la Ley 26/2015, de 2 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia‒, del plazo de un año para el ejercicio de la acción de reclamación de la filiación no matrimonial, sin posesión de estado, a computar desde que el actor tuvo conocimiento de los hechos en que basa su reclamación, no lesiona el derecho de acceso a la jurisdicción. La sentencia razona que el plazo fijado legalmente cumple un fin legítimo, al impedir el ejercicio abusivo de la acción (STC 273/2005) y preservar la necesaria proporcionalidad entre, por una parte, la protección del interés del hijo y la salvaguarda de la seguridad jurídica en el estado civil.
El Pleno del Tribunal Constitucional español ha declarado inconstitucionales y nulos por motivos competenciales (art 149.1.23CE) los preceptos de la Ley de caza de Castilla y León, Ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, que permitían la caza del lobo al norte del río Duero. Declara que los preceptos impugnados vulneran el orden constitucional de distribución de competencias porque rebajan el nivel de protección medioambiental que para el lobo deriva de su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), regulado en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, tras su modificación por el artículo único de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre. El magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla y la magistrada Concepción Espejel Jorquera han anunciado la presentación de un voto particular conjunto. Consideran que la Orden Ministerial, que se reputa como norma básica, carece y excede de la habilitación conferida por el legislador, por lo que no puede ser considerada ni formal ni materialmente como básica y, por tanto, no puede ser utilizada como parámetro de enjuiciamiento de la ley autonómica.
El presidente de la Suprema Corte de Mexico presentó ante la Comisión Permanente del Congreso un proyecto de iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, la cual busca responder a la grave situación que enfrenta el país por el creciente número de feminicidios.
La Corte Suprema de Chile ratificó el cierre por daño ambiental del proyecto aurífero Pascua Lama, de la empresa minera canadiense Barrick Gold, emplazado en la frontera con Argentina. El proyecto pretendía construir la mina de oro y plata a cielo abierto más grande del mundo, con una vida útil de 20 años, cerca de la localidad de Alto del Carmen, a unos 700 kilómetros al norte de Santiago.
Un Tribunal en Colombia ordenó rehacer la lista de 10 aspirantes para ser el próximo jefe o jefa de la Contraloría General de la República, al encontrar que la actual no cumple con equidad de género. En el listado de elegidos hay ocho hombres y dos mujeres, es decir, el 20 por ciento, cuando debería tener al menos tres mujeres, según la Ley de Cuotas que, dijo el Tribunal, sí aplica para los procesos de elección en cargos decisivos con concursos de méritos.
El representante en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas manifestó ante el Consejo de Seguridad de esa organización que debe haber «transparencia» ante las denuncias de desvíos de fondos para los programas de la paz en Colombia. La declaración fue hecha en el marco de denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la ex guerrilla de las FARC.
Con 83 votos, Yeseña Guamaní es destituida como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. En ese sentido, se acogió el informe elaborado por la comisión pluripartidista ad hoc, en el que se estableció que Guamaní incumplió lo dispuesto en los artículos 14, numeral 2, y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, referentes a la atribución que tiene el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para calificar o no los proyectos de ley presentados y que determinan un plazo máximo de 60 días desde la presentación. Con esta decisión quedan vacantes la primera y segunda vicepresidenta de la Asamblea.
Organizaciones animalistas en Ecuador rechazan el veto del Ejecutivo al proyecto de ley que regula el uso de la fuerza y prohíbe el uso de animales para control y disuasión de manifestaciones. El veto parcial del presidente avala el uso de caninos y equinos.
El Senado de Brasil aprueba proyecto de ley que amplía el estado de emergencia hasta finales de este año y permite el pago de beneficios sociales. El reconocimiento del estado de emergencia posibilita que puedan realizarse pagos sin violar la legislación electoral. El proyecto pasa a estudio de la Cámara de los Diputados.
La Defensoría de Derechos Humanos de Brasil declaró que cada dos días una mujer presenta denuncia sobre abuso sexual en unidades de salud en Brasil. En un 95% de los casos los abusadores son hombres. La cifra se revela en el marco del caso de una mujer que fue abusada sexualmente durante un procedimiento de cesárea, encontrándose bajo los efectos de la anestesia.
Andrés Rosler, Si quiere una garantía compre una tostadora. Ensayos sobre punitivismo y Estado de derecho, (Editores del Sur, 2022). Todos los ensayos que componen este libro tratan de explicar, desde el punto de la teoría del derecho y de la filosofía política, el cambio ocurrido entre los inicios de la última restauración democrática y hoy. Hay dos grandes maneras de entenderlo: o bien la ilustración penal y los consiguientes derechos humanos han perdido su atractivo, o bien hay algo en la idea misma de la ilustración penal y los derechos humanos que los convierte por lo menos en inestables. Los primeros cinco capítulos del libro se inclinan por la primera hipótesis, mientras que el último capítulo explora la segunda.
Mercedes Fuertes López, Metamorfosis del Estado. Maremoto digital y ciberseguridad, (Marcial Pons, 2022). Este libro afronta un asunto central de nuestra época: la transformación del Estado ante la revolución digital y la protección frente a amenazas pavorosas y nuevas. La autora lo hace con la precisión jurídica y la brillantez de estilo que ha imprimido habitualmente a sus investigaciones.
Asunción Ventura Franch y Mercedes Iglesias Bárez (coords.), Manual de Derecho constitucional con perspectiva de género: volumen II. Derechos, deberes y garantías constitucionales, ( Universidad de Salamana, 2022). Esta obra es resultado de un intenso debate y reflexión sobre el Derecho Constitucional español bajo dos principios vertebradores. El primero de ellos, fundamentar una obra canónica que permita al lector adentrarse no solo en la teoría, sino en la práctica del Derecho constitucional español con todo el rigor académico. El segundo principio vertebrador hace de este Manual una obra absolutamente novedosa: incluye e integra la perspectiva de género, lo que comporta la inclusión de las mujeres como sujetos constitucionales y como principio en la construcción de un nuevo Derecho Constitucional. No existe en España un manual que disponga de esta doble función. Su novedad, radical, se viene gestando a lo largo de varios seminarios y encuentros de la red de estudio, Red Feminista de Derecho Constitucional. Y la publicación por parte de una editorial académica, Ediciones Universidad de Salamanca, supone un nuevo hito en el diálogo fecundo y constante entre sociedad y universidad, a la que nos debemos. La obra se conforma en dos volúmenes, que se venden por separado. Este segundo volumen analiza a lo largo de seis bloques, desde las teorías jurídicas feministas, la teoría general de los derechos fundamentales; los derechos, libertades y deberes constitucionales (derecho a la vida y a la integridad física y moral. Los problemas de la bioética; libertad ideológica y religiosa; libertad y seguridad personales; los derechos de la personalidad); los derechos fundamentales y el Estado democrático (libertades de expresión e información; partidos políticos; derecho a la participación política y el acceso a los cargos y funciones públicas; y los deberes constitucionales); los derechos de naturaleza procesal y penal; los derechos del Estado social (derecho a la educación para la igualdad; los principios rectores de la política social y económica; los derechos del ámbito laboral) y derechos y garantías constitucionales desde el amparo constitucional, las Comunidades Autónomas, la Unión Europea o el ámbito internacional. En sus aspectos metodológicos, cada uno de los capítulos que componen el manual dispone de un riguroso marco teórico donde se exponen las cuestiones generales propias de este tipo de obras, esbozadas y enriquecidas con la perspectiva de género, orientado siempre a cumplir las funciones tanto de manual al uso como de manual con perspectiva de género. A continuación, se incluye una práctica, que servirá al lector para aplicar sus conocimientos teóricos a un caso concreto. El capítulo finaliza con una relación bibliográfica, la legislación nacional e internacional y la jurisprudencia nacional e internacional que permitirán profundizar y ampliar conocimientos.
Gonzalo Aguilar Cavallo, Gloria Algarín Herrera, Luiz Arcaro Conci, Manuel Bermúdez Tapia y Paula Garat, David Mendieta, El Control de Convencionalidad: IUS Constitutionale Commune y Diálogo Judicial Multinivel Latinoamericano, (Tirant Lo Blanch, 2022). Este libro tiene por finalidad entregar propuestas y respuestas ante las interrogantes que conlleva la aplicación del control de convencionalidad. En este sentido, entrega herramientas al lector para dilucidar aspectos conceptuales y prácticos relevantes tales como: qué es el control de convencionalidad o qué implica dicho control para los Estados que integran el Sistema Interamericano, o inclusive, qué significa el Ius constitutionale commune latinoamericano. Desde una mirada académica especializada, realizada por profesores de distintas nacionalidades latinoamericanas, en esta obra es posible encontrar diversos análisis respecto a cómo los Estados enfrentan los actuales desafíos que implica ajustar su ordenamiento y prácticas internas para cumplir con sus obligaciones internacionales en la protección de los derechos humanos. Asimismo, el lector encontrará un análisis de distintas herramientas vinculadas con el control de convencionalidad, tales como los principios de interpretación de los derechos humanos, el rol que los jueces nacionales deben cumplir como vectores del respeto de los estándares mínimos en la protección de los derechos humanos y la interacción multivel de los jueces.
Pablo Contreras, Domingo Lovera, Viviana Ponce de León y Constanza Salgado, La Convención Constitucional de Chile. Origen, Orgánica, Estatutos y Procedimientos, (Tirant Lo Blanch, 2022). El proceso constituyente chileno tiene un órgano protagonista: la Convención Constitucional. Se trata de una institución que no tiene parangón en nuestra tradición constitucional. Su integración es novedosa: para la elección de sus integrantes se contempló un mecanismo que aseguró su composición paritaria, se consagraron escaños reservados para pueblos originarios y cuotas de candidaturas para personas con discapacidad. Aunque la Convención se concibe a sí misma como una asamblea convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario y estamos ante un proceso constituyente, se trata de un proceso fuertemente ordenado por principios y reglas; algunas contenidas en el texto constitucional y otras en los reglamentos de la Convención. Este libro representa un esfuerzo sistemático por ofrecer una interpretación coherente y democrática de esas reglas y principios, con el objeto de describir y analizar a la Convención Constitucional de Chile. Es un breve manual de la Convención, facilitando la sistematización de sus reglas y su estudio.
Rocío Sánchez Pérez, Javier Velásquez Valenzuela, Pietro Sferrazza, Isabel Severín (eds.), Estudios interdisciplinarios para investigar las violaciones a los derechos humanos por armas menos letales, (Tirant Lo Blanch Colombia, 2022). En Chile, Colombia, España, Estado Unidos, Francia y otros países, la enorme cantidad de víctimas por uso de proyectiles de impacto de energía cinética, dan cuenta de la brutalidad con que la policía utiliza estas armas menos letales en contexto de manifestaciones. ¿Cómo es posible que esto ocurra en democracia? ¿El problema es el arma o quien las usa? ¿En qué circunstancias se justificaría su uso? ¿Qué mecanismos de responsabilidad son aplicables? ¿Qué se debe hacer para evitar su empleo indiscriminado? No existen muchas publicaciones académicas que aborden estos asuntos. Esta obra colectiva pretende contribuir a una mejor comprensión del fenómeno en su conjunto. Así, cada autora y autor de este libro, a través de diferentes capítulos y desde sus distintas disciplinas, intentan responder a estas preguntas, invitando a una reflexión necesaria sobre el riesgo que supone, para la democracia y los derechos humanos, una actitud acrítica sobre el uso de armas menos letales.
Área de Documentación, Biblioteca y Archivo del Centro de Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Ruth Bader Ginsburg Pionera de la igualdad entre mujeres y hombres (CEPC, 2022). Biobibliografía que recopila todas las publicaciones de la emblemática jueza, así como una selección de textos de otros autores sobre su vida y trayectoria profesional.
La Revista IgualdadES, editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, publica su número 6, que consta de 7 estudios y 4 debates.
La Revista de las Cortes Generales, editada por las Cortes Generales, publica su número 112, que consta de: 1 trabajo sobre clásicos de la democracia, 8 artículos, 6 recensiones y 7 informes y Jurisprudencia parlamentaria comentada.
La Revista Estudios Constitucionales, del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca -Campus Santiago, publica su número especial sobre el proceso constituyente, que consta de 19 artículos.
Abierto el plazo para presentarse a los Premios de investigación “Doctora de Alcalá” a la excelencia investigadora”2022, del Programa Propio de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH). Podrán presentar su candidatura, hasta el 15 de septiembre, las mujeres investigadoras que se encuentren en servicio activo y estén adscritas a centros de investigación y/o empresas, públicas o privadas, que tengan su sede en España, y su objeto esté relacionado con la I+D+I.
El Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia extiende hasta el 15 de agosto el plazo para presentar propuestas de mesas de trabajo o ponencias individuales de trabajos con perspectivas feminista o LGBTI. Las propuestas seleccionadas serán debatidas en las XXIII Jornadas de Derecho Constitucional que se realizarán los días 26 y 27 de octubre del presente año.
