Los temas relativos al impacto de las nuevas tecnologías en la salud de las democracias son un ejemplo paradigmático de la cada vez mayor necesidad científica de hacer una aproximación multidisciplinar a los objetos de estudio. Poco se puede entender el efecto, ahora sin valoración, que tiene el nuevo aparataje tecnológico en la calidad y la salud de nuestros sistemas democráticos si no atendemos y entendemos factores como el contexto informativo, sus fuentes o su consumo, entre otros elementos.
Un buen instrumento para dotarnos de dichos extremos y entender mejor el fenómeno de la desinformación es el Digital News Report 2022 de Reuters Institute, elaborado sobre 41 mercados de noticias diferentes en los 6 continentes. Se destacarán tres bloques de datos del Informe relativos al interés por las noticias de las personas encuestadas, su confianza en ellas y, por último, la fuente a través de la que acceden a dichas noticias.
Se pone de manifiesto que el interés por las noticias ha caído en todos los mercados, pasando del 63% en 2017 al 51% en 2022. Las causas son diversas, pero una de las que parecen compartirse por los encuestados es una cierta sensación de hastío, de no poder con tanta mala noticia, si se me permite el juego de palabras. Durante la etapa más dura de la COVID, la necesidad de encontrar información fiable hizo que el interés subiera, pero en muchos de los mercados estudiados, estas cifras han sufrido caídas notables durante el 2021 y principio del 2022. Veremos el próximo año cuál habrá sido el efecto de la invasión de Rusia sobre Ucrania y la guerra posterior.
Se pone de manifiesto también que la confianza en las noticias ha disminuido en casi la mitad de los países encuestados. Así, las cifras del Informe señalan que el 42% de los encuestados confían en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo. Esta media, sin embargo, refleja grandes diferencias entre países, situándose en los extremos: Finlandia, donde el 69% de las personas encuestadas confían en las noticias, frente al (solo) 26% en Estados Unidos.
Obsérvese este gráfico:
Otro dato fundamental que se estudia en el Informe para entender cómo la desinformación cala en nuestras sociedades son las fuentes utilizadas por la ciudadanía para informarse. Así, se advierte de cómo sigue bajando el consumo de noticias a través de medios de comunicación tradicionales, sobre todo la televisión y la prensa. En todos los mercados, solo un 23% prefiere acceder a noticias mediante un sitio web o una aplicación, siendo las plataformas y redes las que sirven cada vez más de fuente de acceso a las noticias. Todo ello se entenderá mejor si se tiene en cuenta que el teléfono inteligente se ha convertido en instrumento preferente de acceso.
En todo caso, son los jóvenes entre 18 y 24 años, esto es, aquellos votantes que se inician en su vida democrática, los que presentan una mayor preferencia de informarse a través de las redes sociales, la búsqueda en motores y los agregadores móviles.
En este escenario, Facebook sigue siendo la red social más utilizada para las noticias, siendo TikTok e instagram, como redes visuales, las preferidas por los más jóvenes.
Salta a la vista el gran protagonismo, pues, que tienen las plataformas y redes sociales en el actual debate político, dado que se han convertido ahora en la fuente a través de la que informarse de una importante parte de la ciudadanía, aunque todavía existen diferencias entre territorios.
Por ello, en el juego democrático, algunos partidos políticos llevan ya algunos años intentando sacar rédito electoral de la capacidad de alcance que estas tienen entre la ciudadanía. Son muchos los temores, por ejemplo, que los analistas tienen en el uso que de las redes puede hacer el actual presidente de Brasil en las próximas elecciones, visto sus anteriores maniobras fraudulentas en este ámbito. Porque ya no se trata de que los propios partidos o personas afines envíen, por medio de las plataformas y redes más populares, contenidos falsos o manipulados, sino que somos las ciudadanas y ciudadanos las que los reenviamos masivamente los unos a los otros, dándolo por bueno porque quien nos lo envía es alguien en quien confiamos, sin tener en cuenta cuál es el origen primero de dicho contenido. No contrastamos antes de reenviar a otras personas y grupos si lo que estamos compartiendo y, por tanto, difundiendo, es verídico o falso. A este respecto, la periodista Carmela Ríos ponía como ejemplo un video del actor Tom Cruise mostrando una pegatina de Brasil que había sido difundido en las redes como una muestra de apoyo del actor a su campaña electoral. Pronto ha circulado, también, la realidad del gesto de Cruise que nada tenía que ver con Bolsonaro ni su campaña. Sin embargo, la información fraudulenta ya ha sido difundida y ha tenido llegada a cientos de miles de personas que, quizá, no reciban el desmentido, no se plantean la veracidad del video, o directamente, no crean en los que le ofrecen la información veraz sobre el asunto.
Siguiendo con el ejemplo de Brasil, esta distribución de desinformación propiciada por la ciudadanía es especialmente preocupante si se tiene en cuenta, de nuevo, según los datos del Digital Report de 2022, que Brasil es uno de los países estudiados en los que el desinterés por las noticias es cada vez mayor:
El papel de la redes está siendo intensamente estudiado por académicos y académicas de diferentes disciplinas, algunas de las cuáles centran sus temores en la capacidad de condicionamiento de la voluntad popular que los mensajes que se difunden como la pólvora a través de estas plataformas y redes. Y también las instituciones muestran una creciente preocupación porque, efectivamente, ha quedado demostrado que campañas de desinformación orquestadas en redes pueden acabar decantando unas elecciones.
En este ámbito puede destacarse, por su novedad, la aprobación del Código de Buenas Prácticas contra la Desinformación reforzado, pactado por la Comisión Europea con las grandes empresas tecnológicas, entre ellas Google, Meta, Twitter, TikTok y Microsoft, de entre un total de 34 firmantes al que se podrán unir otros. Este Código es una versión revisada, a mejor en principio, del ya aprobado en 2018. Uno de los elementos destacables del Código es lo que se ha denominado como el objetivo de la “desmonetización” de la desinformación. Habrán adivinado que lo persigue con esta desmonetización es que “los proveedores de desinformación no se beneficien de los ingresos publicitarios”. Para ello, los firmantes del Código se comprometen a adoptar medidas más estrictas para evitar la colocación de publicidad junto a la desinformación, así como que la difusión de publicidad que contenga desinformación. Si este objetivo se cumple se habrá ganado una pequeña pero importante batalla contra la desinformación.
Les emplazo a futuras entradas para verificar si se avanza o no en el cumplimiento del Código, siempre teniendo en cuenta que un exceso de control puede acabar interfiriendo en el ejercicio legítimo de las libertades de expresión e información.
Argelia Queralt Jiménez es doctora en Derecho y es profesora agregada Serra Hunter (Acreditada a Titular de Universidad 2011) de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona.
Actualmente se encuentra prestando servicios como Letrada del Tribunal Constitucional de España.
Participa activamente en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales. Sus principales líneas de investigación son la protección multinivel de los derechos y libertades fundamentales en Europa y en América Latina; asimismo, forman parte de sus investigaciones los retos de la organización territorial del Estado en España, los derechos de participación política y los estudios de género. Más recientemente ha iniciado dos líneas de investigación: riesgos contemporáneos para el estado de derecho democrático (el populismo y el iliberalismo jurídicos), y la afectación de la digitalización al estado de derecho democrático.
Es autora de más de 40 publicaciones y dos monografías: ‘El Tribunal de Estrasburgo: una jurisdicción internacional para la protección de los derechos fundamentales’ (2003) y ‘La interpretación de los derechos: Tribunal de Estrasburgo del Tribunal Constitucional’ (2008) (Premio Nicolas Pérez 2006, CEPC).
