Temas pendientes de la reforma política chilena (Parte I)

Introducción

La coyuntura política chilena no fue un tema atractivo para la región hasta hace pocos años. Pasaba desapercibido el modelo elitista de la sociedad chilena -una sociedad con fuertes rasgos de desigualdad-, hasta que con las manifestaciones ciudadanas contra el modelo político y económico chileno, y con el asombroso reciente rechazo de la ciudadanía a la propuesta de nueva Constitución, se volvió central averiguar qué está pasando en Chile y cómo pueda reflejarse en otros países de la región.

Ciertamente Chile es una democracia desgastada o fatigada (Alcántara, 2019), con altos signos de desconfianza (Figueroa & Jordán, 2021; Osorio & Flores, 2021). Hasta hace poco, la democracia chilena se encontraba en el grupo de mejores regímenes políticos de Latinoamérica (Alcántara, 2012), sin embargo, como lo hemos señalado, las manifestaciones del último lustro nos indican otra cosa: descontentos sociales que se han centrado en una desigualdad económica pero también por una falta de representación política de una creciente heterogeneidad social, cultural y política chilena, y que para la clase política parecía irrelevante. La opción por una nueva Constitución no solo implicaba un cambio económico o político, sino un cambio simbólico generacional de la sociedad chilena, sin que ello disminuya riesgos, como apostar por el populismo de izquierda o derecha, que, al parecer, fue un temor que se fue acrecentando hasta el rechazo a la nueva propuesta de Constitución en el plebiscito del 04 de septiembre de 2022.

Este rechazo a una nueva Constitución tiene como efecto mantener los mismos arreglos políticos, sociales, económicos e institucionales que generaron las protestas sociales. Es posible que un cambio generacional de la política chilena pueda ayudar a oxigenar las tensiones políticas, ya sean de izquierda o derecha, no obstante, los arreglos institucionales necesitan un sello constitucional para asegurar las mejoras del modelo de gobernanza pública de Chile.

Antecedentes de la democracia chilena

La democracia chilena fue identificada como una democracia “tutelada”. No solo porque el origen de su Constitución de 1980 se dio en la dictadura militar de Pinochet, sino porque sus instituciones autocráticas se han mantenido con el tiempo, pese a tres momentos importantes de cambios constitucionales dentro de los últimos treinta años. Una solución planteada por diversos grupos políticos ha sido una salida normativa para solucionar la crisis política de Chile, lo que significó apostar por una Asamblea Constituyente que reforme la democracia “protegida” de la Constitución de 1980 (Fernández, 2021). En ese sentido, valdría la pena analizar las opciones para los cambios políticos en Chile: una serie de reformas lentas en tres décadas que vayan eliminando las potestades autoritarias de su régimen político o una reforma total del sistema democrático, que en el corto plazo no surtió efecto.

Estas pretensiones de cambio constitucional plantearon reformas al actual modelo económico, pero también buscaron responder a la demanda de reformas políticas que incluye un mejor equilibrio y distribución de poderes; un mejor modelo de representación política que venza la desconfianza hacia la clase y partidos políticos (Figueroa & Jordán, 2021); y un real modelo de inclusión social y distribución de los beneficios. Todas estas demandas justificaron la redacción de un nuevo texto constitucional, el cual tuvo un rechazo plebiscitario. En las siguientes líneas nos centraremos en algunos temas centrales del régimen político chileno: las relaciones entre los poderes del Estado, especialmente la cualidad autoritaria de su poder en el régimen democrático; el sistema electoral y el sistema de partidos como límites a una plena representación política de la sociedad chilena; y finalmente una breve evaluación de la calidad de la democracia chilena mediante sus mecanismos de rendición de cuentas.

Relaciones Ejecutivo-Legislativo

La actual Constitución chilena de 1980 ha sido reformada por más de treinta enmiendas, cambiando poco a poco la forma de gobierno. Es decir, estamos frente a una Constitución rígida, y un régimen de gobierno presidencialista con limitados contrapesos o mecanismos de rendición de cuentas. Un ejemplo de este presidencialismo chileno se apreciaba en el viejo art. 62 de su Constitución al tener el presidente facultades exclusivas de iniciativa legislativa pero también de creación de leyes en materia de impuestos, derechos relacionados a la seguridad social, derechos económicos, sociales y culturales, etc. y que ahora en el art. 65 se limita solo a la competencia exclusiva de iniciativa legislativa de dichas materias, convirtiéndose el presidente en un pasivo co-legislador.

Quizás pueda ser positivo la férrea disciplina fiscal que muchos países de la región admiran de Chile, sin embargo, es probable también que, al depender tanto las decisiones políticas de una sola persona, los limitados y excluyentes mecanismos deliberativos, y por ende la efectividad de libertades individuales y la búsqueda de la igualdad se vean acrecentados. Por ejemplo, en el caso del diseño de los servicios públicos al ser elaborado por un espacio cerrado de poder, sin necesidad de rendición de cuentas o devolución a la ciudadanía, acrecienta más la desconfianza de los ciudadanos a sus autoridades.

Sin embargo, la democracia chilena ha ido evolucionando con las reformas constitucionales (Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile, 2005), constituyéndose en un régimen político autocrático debilitado si lo comparamos con su diseño original, mucho más concentrado en la toma de decisiones y con limitados mecanismos de rendición de cuentas. Las reformas matizadas de compartir el poder y de negociación entre los distintos poderes del Estado (Huneeus, 2012) han generado cambios paulatinos de poder, pese que la Constitución chilena aún permite que el presidente de la República elija a parte de los órganos que deberían controlar a este poder del Estado, como la Contraloría General de la República, pero con el acuerdo del Senado (art. 32.9), a parte de los miembros del Tribunal Constitucional (art. 92), indirectamente a la mayoría de los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones (art. 95), y el Poder Judicial (art. 78) y Fiscal de la Nación (art. 85).

Además de este poder de selección de autoridades de control público y rendición de cuentas, el marco constitucional chilena planteaba limitaciones a la labor de fiscalización por estos órganos, como es el caso del Congreso que se diluirían con las reformas constitucionales posteriores, es decir, Chile ha estado viviendo en estos últimos treinta años un proceso de restablecimiento del principio de separación de poderes (Fernández, 2021) que se pensaba quedaría constitucionalizado en una nueva Constitución pero no fue así.

En el caso de la propuesta de nueva Constitución propuesto por la convención (Propuesta de Constitución Política de la República de Chile, 2022), el presidente aún mantenía su competencia de nombrar al contralor general por acuerdo con la cámara de diputados y de regiones (art. 287, l; art. 353), a tres miembros de la Corte Constitucional (art. 378), pero ya no al Tribunal Calificador de Elecciones (art. 399) ni al Consejo de la Justicia (art. 344), y en cuanto a la formación de las leyes, esta potestad de iniciativas legislativas de co-legislador se reducen a ciertas materias (art. 266) y a un derecho de veto del presidente si no está de acuerdo con un proyecto de ley, para lo cual retiraría su “patrocinio” (art. 267); por lo que las potestades del Presidente se siguen reduciendo, con lo cual Chile podría haber dado fin a su hiperpresidencialismo y al legado de la dictadura de Pinochet.

A modo de conclusión

Para ir concluyendo esta primera parte, podemos decir que Chile es una democracia mayoritaria tutelada por instituciones que giran alrededor de un presidencialismo reducido en el tiempo, con mecanismos de rendición de cuentas en proceso de diseño (vertical), con un sistema electoral proporcional pero que aún promueve un sistema de partidos de bloques y concertación -aunque los resultados de la reciente elección presidencial a favor de Boric, sería el fin de un ciclo de la preeminencia del viejo modelo bipartidista chileno y de una alta polarización política-, con agendas políticas comunes (rendición de cuentas horizontal), que terminan por configurar aún un “embudo” político del poder, de la representación y de la distribución de los beneficios que podría traer cualquier democracia: más libertades, más igualdad (Continuará…).

Cita recomendada: César Gamboa, “Temas pendientes de la reforma política chilena (Parte I)” IberICONnect, 17 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2022/11/temas-pendientes-de-la-reforma-politica-chilena-parte-i/