Temas pendientes de la reforma política chilena (Parte II)

Temas pendientes de la reforma política chilena (Parte I)

Sistema electoral y sistema de partidos

La idea principal sobre una democracia desgastada en Chile se basa en una crisis de la representatividad política, es decir, la mayoría de la población no se siente representada por los partidos ni por el Congreso, una suerte de lejanía entre la esfera política y la esfera social, un ausentismo electoral creciente y una irrelevancia en la participación formal de la política (Huneeus, 2012, pp. 36-37), una deslegitimación del sistema político y una desconfianza en el sistema de partidos, es decir, un vacío entre representación política de los partidos y los ciudadanos (Osorio & Flores, 2021, p. 78).

Un primer elemento restrictivo de la representación política era el sistema electoral binominal. Las reformas constitucionales no la cambiaron sino recientemente (2017). De hecho, el sistema electoral binominal no cambiaba porque las reformas de leyes orgánicas como la legislación electoral necesitaban de altos quórums (dos tercios) en ambas cámaras, controladas por mayorías que no son suficientes para llegar a ese porcentaje. Esto se debe a que el sistema binominal permite que se repartan la representación de la circunscripción electoral, es decir, se eligen dos diputados por distrito electoral, y dos senadores por cada circunscripción, lo que determina el sistema mayoritario que obligaba a los partidos a coaligarse para llevarse ambos asientos parlamentarios (Fernández, 2021, p. 188). Eso demuestra una oferta electoral reducida y una obligación para los partidos de lograr acuerdos sobre ciertos ejes que eviten la polarización política y acerquen a ambos bloques partidarios, perdiendo su esencia (Alcántara, 2004, p. 84), pero también limita la pluralidad política y establece una lógica contramayoritaria de la representación política, donde las minorías bipartidistas pueden bloquear decisiones mayoritarias, con la finalidad de conservar la formula basilar de la Constitución de 1980 (“bases de institucionalidad”).

Este sistema binominal condicionaba directamente el sistema bipartidista chileno, desde 1990 hasta el 2017, año que cambió a un sistema proporcional de la población votante en cada distrito electoral. Este diseño original restringía la pluralidad de opciones políticas, generaba la desconfianza de los partidos políticos y entregaba una pobre oferta electoral de los partidos a la ciudadanía. La debilidad de los partidos no es un fenómeno solamente chileno (March, 2021, p. 108), pero si el modelo binominal que junto con otros mecanismos, restringía la participación de pequeños partidos. La desconfianza produjo una serie de críticas contra el sistema electoral y de partidos. Por ejemplo, Osorio y Flores realizaron un estudio donde las elites económicas entrevistadas mencionan que el individualismo o personalización del poder, el clientelismo como práctica política, y la baja eficacia de la política para resolver los problemas sociales son algunas de las causales del problema del hacer política y de los partidos políticos (2021, pp- 89-90).

Calidad de la democracia de Chile

Aplicando la medición de la calidad de la democracia realizada por Morlino al caso chileno, deberíamos analizar la parte procedimental de la misma, permitiendo un sistema de contrapesos en el sistema democrático (2012, p. 12). A modo de ejercicio, en la siguiente tabla, aplicaremos el principio de rendición de cuentas horizontal en la democracia chilena:

Tabla Rendición de cuentas horizontal en la democracia chilena

Fuente: (Morlino, 2012)

En la siguiente tabla, hemos realizado el mismo ejercicio de aplicación del principio de rendición de cuentas vertical a la democracia chilena:

Tabla Rendición de cuentas vertical en la democracia chilena

Fuente: (Morlino, 2012)

Si seguimos los marcos de interpretación de Morlino, la democracia chilena sería una democracia apática porque los ciudadanos hayan retirado la confianza a los partidos tradicionales; una democracia semi-bloqueada hasta la reforma electoral del 2017 que reducía la diversidad de la representación política en las circunscripciones electorales; claramente es una democracia ilegitimada por las protestas sociales del último lustro –incluso el rechazo plebiscitario ahonda más ello-, aunque quizás no es una democracia reducida porque ha tenido su momento procedimental constituyente; pero si es una democracia inequitativa que no logra concretizar libertades políticas, económicas y de igualdad.

La limitada eficacia del régimen político de asegurar libertades o la igualdad, mejorar las condiciones de vida y permitir que todos los ciudadanos pueden beneficiarse de ella (Parejo, 1983, p. 83), produce el descontento popular y mayoritario en Chile. Por ejemplo, la represión ejercida por los carabineros contra ciudadanos durante las manifestaciones de los últimos años, el alto costo de la educación universitaria, o la limitada respuesta de atención a los damnificados por el desastre natural del 2011 (Saavedra & Marchezini, 2020), son evidencias de esa limitada eficacia del modelo chileno, que a la postre han derivado en una ausencia de “responsividad”, una insatisfacción ciudadana frente al poder político que se espere se enrumbe en el reciente gobierno de Boric.

Conclusiones

El contexto de la reforma constitucional chilena trae muchas lecciones para la democracia contemporánea y plantea muchos retos para la región. Es la primera convención constitucional de composición paritaria de varones y mujeres en el mundo, pero también con una serie de restricciones temporales para cumplir una sola meta: elaborar una nueva constitución en nueve meses, convirtiéndose en un poder constituyente focalizado o disminuido, intentando evitar cualquier confrontación con el poder constituido. Desde el progresismo de izquierda se deberá analizar el rol pasivo del actual gobierno chileno, la campaña política de miedo que produjo la derecha y algunos medios de comunicación chileno y los pocos vínculos que pudieron tener los procesos de protesta social con otros grupos de la sociedad que finalmente decidieron votar contra una nueva Constitución. Quizás una equivocada lectura de correlación de fuerzas en la polarización política, nos permite ver que los derechos humanos no necesariamente se sentencian con elecciones populares, sino con otras estrategias jurídicas y políticas.

No vale la pena ser pesimista, pero si crítico con el proceso de reforma constitucional chileno. Pensemos en la obligación de acentuar ciertas reformas políticas, por lo que es probable que Chile este ante el fin de un periodo de transición de treinta años (Gillies, 2021, p. 100), instaurándose un nuevo régimen político, afianzando las reformas constitucionales previas. En ese sentido, estos cambios serían: primero, mayor rendición de cuentas y una mejor distribución del poder limitando las facultades de elaboración de la ley y de selección de órganos constitucionalmente autónomos; segundo, mayor participación y representatividad de la ciudadanía en la toma de decisiones mediante mecanismos de democracia directa y deliberativa; y tercero, aumento de la eficacia en las decisiones estatales con una mejor distribución de los beneficios mediante una mejor gestión de los servicios públicos a través de mecanismos deliberativos, focalizados en los que menos acceso tienen a estos, o al menos que se distribuyan de mejor manera los beneficios sociales. Al parecer, ahora si fenece el régimen político instaurado por Pinochet en la década de los ochenta.

Cita recomendada: César Gamboa, “Temas pendientes de la reforma política chilena (Parte II)” IberICONnect, 21 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2022/11/temas-pendientes-de-la-reforma-politica-chilena-parte-ii/