¿Golpe de Estado o dictadura congresal?

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

El pasado 7 de diciembre el presidente Castillo leyó un mensaje a la nación disolviendo el Congreso, reorganizando el Estado y limitando derechos fundamentales como el libre tránsito. Este intento de autogolpe de Estado e instauración de una dictadura se realizó antes que iniciara la tercera votación de vacancia o impeachment en el Congreso de la República. No quedan claras aún las razones por las que lo hizo, pero hay muchas especulaciones: la suposición de que ya se contaba con los votos congresales mínimos para la vacancia (87); la presunción de que contaría con el apoyo de las fuerzas armadas y un rápido apoyo popular; las recientes denuncias que lo acusaban directamente de recibir sobornos, o incluso que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes, entre otros. Lo único que sabemos es que estaba políticamente acorralado y se prepararon las condiciones para la vacancia, a la cual contribuyeron bastante sus errores y sus escándalos de corrupción.

Casi todas las fuerzas políticas rechazaron este intento de autogolpe de Estado al unísono —incluso algunos de sus partidarios políticos y parte de la izquierda limeña— incluyendo a la Defensoría del Pueblo, la Fiscal de la Nación, el Poder Judicial y la sociedad civil (p.e. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos). Asimismo, la mayoría de sus ministros renunciaron rápidamente y declararon que no sabían del autogolpe de Estado; al parecer solo la premier Betsy Chávez, y el asesor presidencial Aníbal Torres —que ha pasado a la “clandestinidad”— estaban al tanto de que se daría esta situación.

Muchos asociamos este intento de autogolpe de Estado con el de Fujimori, de 1992, y lo rechazamos contundentemente, defendiendo a una fatigada democracia peruana -al menos desde la formalidad-, en contra de la interrupción del orden constitucional. Esto es algo inaceptable para una generación de peruanos que vivió la década de los noventa, una suerte de formalidad legal que arropaba el autoritarismo fujimorista. Esta rígida actitud en proteger el orden constitucional contra la pretendida disolución congresal se sustentaba en que esta no cumplía con las condiciones de tener el rechazo del voto de confianza —al menos dos veces— del Congreso a algún pedido previo del Ejecutivo.

En menos de dos horas, el Congreso se reunía para votar la vacancia por incapacidad moral y, con más de cien votos, se declaró la vacancia y se esperaba que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiera la presidencia a las pocas horas, tal como ocurrió. Durante estos meses, ella y otros exaliados de Castillo marcaron distancia del expresidente por las pugnas políticas dentro del propio Ejecutivo.

En ese mismo momento, Castillo, su familia y el expremier Aníbal Torres salían de Palacio de Gobierno hacia la embajada de México con la intención de asilarse, pero fueron detenidos por la Policía Nacional y conducidos a una instalación policial donde la Fiscal de la Nación —enemiga política del expresidente Castillo— abrió un procedimiento penal por una serie de delitos (rebelión y conspiración), al cual un juez supremo ha decidido la detención de Castillo por siete días. El punto de esas acusaciones es que, si se sigue la tipicidad de los delitos -es decir, la formalidad (principio de legalidad) que el expresidente violó con su mensaje a la nación-, estos delitos tampoco serán fáciles de probar porque, al parecer, no hay más medios probatorios que su declaración pública, sin ningún acto preparatorio o actos de gobierno más allá de dicho acto. Esto pronto se descubrirá con la investigación fiscal, que también podría ser cuestionada si el Congreso no inicia un antejuicio político al expresidente Castillo como un paso previo para su juzgamiento, al menos respetando lo señalado por la Constitución de 1993.

Por otro lado, desde ese mismo día hasta el fin de semana del 10 de diciembre, ha crecido el apoyo al expresidente Castillo, a la idea de nuevas elecciones y a una Asamblea Constituyente. Fuera de esta pelea de poderes políticos y de facciones que buscaban el poder tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, distorsionando los mecanismos de rendición de cuentas, el hartazgo de la población y la incertidumbre de una solución económica ha generado más desconfianza a quien gane esta pelea y asuma el control del Estado.

Además de ello, ese mismo miércoles organizaciones indígenas como FENMUCARINAP, CNA y ONAMIAP expresaron su apoyo a Castillo —AIDESEP solo ha expresado su desconfianza de este juego de poderes—, llamando al nuevo Gobierno producto de la dictadura congresal que ha prevalecido. Asimismo, durante este jueves 08 y viernes 09 de diciembre que fueron feriados en Perú —por lo que parte de la sociedad estuvo de vacaciones largas—, se han iniciado movilizaciones tanto en Lima como en regiones, especialmente en Ica, Andahuaylas y el sur andino, aún sin un liderazgo que las aglutine, sumando sus tradicionales demandas locales pero reclamando también por nuevas elecciones, iniciar un proceso constituyente y la liberación de Castillo. Los enfrentamientos, la violencia, la toma de carreteras – y de un aeropuerto– de los manifestantes en contra del Congreso y del nuevo gobierno, y por otro lado, los actos de represión por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas llevaron a una cifra de 25 muertos en las semanas posteriores; esto incluyó actos de amedrentamiento y violencia contra periodistas.

Al parecer, Antauro Humala, exmilitar que dirigió un acto de rebelión hace muchos años y exaliado político del expresidente Castillo, estaría aglutinando y siendo favorecido con estas movilizaciones, aunque también con críticas porque fue uno de esos aliados que lo abandonó el pasado miércoles. El día sábado fue rechazado por simpatizantes del expresidente Castillo en la plaza San Martín al reconocer a Dina Boluarte como presidenta del Perú.

Así, mientras que Croacia, Marruecos, Argentina y Francia lograban su pase a las semifinales al Mundial de fútbol, la primera mujer presidenta del Perú, Dina Boluarte, elegía y presentaba este sábado pasado a su nuevo gabinete de ministros, saltando rápidamente en las redes sociales las denuncias de acoso y posibles casos de corrupción de su nuevo premier Pedro Angulo. Si bien se presentan como una opción técnica a muchos de los nuevos ministros, quizás los arreglos políticos con los partidos en el Congreso hayan dejado pasar alguna sombra de corrupción en este nuevo gabinete. La idea de que se vayan todos porque son corruptos es algo que ha calado en las personas y no será tolerable después de que en estos últimos meses hemos batido el récord de cantidad de ministros cambiados, renunciantes o “renunciados” por denuncias de corrupción, entre otras, que cuestionaban la idoneidad de su cargo.

Concluyendo

Primero, la Misión de la OEA que vino al Perú a evaluar la situación crítica que vivíamos semanas antes, no fue tan efectiva ni ayudó a impedir esta crisis. Pareciera que no se tuvo una lectura política correcta de la rapidez con que ocurrirían estos hechos. Es importante pensar cómo volver la Carta Democrática Interamericana más efectiva y como la OEA puede ser más relevante en este tipo de desafíos, más allá de los formalismos diplomáticos de los gobiernos y quizás con el apoyo de la sociedad civil y organismos más disuasivos. Quizás los organismos internacionales y la cooperación podrían ayudar un poco más a evitar este tipo de desenlaces.

Segundo, fuera de esta crítica de efectividad al mecanismo de la OEA, lo cierto es que muchas de las conclusiones de su Misión describían exactamente la responsabilidad de los actores en este juego por el poder en el Perú. Tanto así que una de las críticas vino del Colegio de Periodistas, gremio que no aceptó la responsabilidad de haber actuado de forma parcializada durante las elecciones pasadas; y donde muchos de sus miembros representan a un monopolio empresarial.  De hecho, la presidenta Dina Boluarte reconocía su poder y les pedía una “tregua” política.

Si no reconocemos que el importante rol de los medios de comunicación de informar y vigilar la rendición de cuentas de las autoridades puede ser afectado por los grandes intereses económicos y políticos de empresas de comunicación y periodistas que no necesariamente expresan los intereses de todos los ciudadanos; esto solo incrementará la desconfianza de la población y de los actores políticos hacia estos medios.

Tercero, con respecto a las narrativas, una opción simple es que “Castillo pisó el palito, se adelantó y perdió”. Estas narrativas han jugado su papel y seguirán cumpliendo un rol relevante a nivel de redes sociales, pero quizás con un limitado alcance en cuanto explicar la continuidad de las movilizaciones durante el fin de semana pasado. No obstante, expresan que algunos se sienten ganadores y otros perdedores, y que la polarización política se mantiene y se agudizará aún más.

Podemos sentirnos satisfechos de que se ha defendido el orden constitucional más que la propia Constitución de 1993, pero ambas han sido modificadas y vulneradas muchas veces en estas casi tres décadas como para no darnos cuenta que el problema de fondo no acaba con la defensa del orden constitucional, pues no es suficiente para los intereses de muchos ciudadanos que consideran que las libertades formales y gozadas en Lima no llegan a otras regiones del Perú. Sigue habiendo una distancia entre el centro y periferia del Perú, especialmente del sur andino. La pandemia y esta crisis política las siguen agudizando aún más.

Cuarto, otro elemento de la narrativa es que existe una facción conservadora y de la DBA que gobernará el Perú hasta el 2026. La vieja polarización entre fujimoristas y antifujimoristas puede pasar a otro nivel entre conservadores vs. progresistas — superando ahora a los fujimoristas e izquierdistas caviares—. Ojo que esta polarización no es de clases pues es transversal a todos los grupos sociales. Lo cierto es que el crecimiento, legitimidad y manejo de los conservadores ha sido exponencial en el Perú, por lo que no es seguro que un adelanto de elecciones dé por vencedor al grupo progresista. Además, nuevas elecciones no resolverán todos los problemas, solo los «patean para más adelante». Al nuevo Gobierno le queda poco a poco desmarcarse de un Congreso deslegitimado para no parecer un heredero de los grupos conservadores, pues esta vez la polarización no permitirá matices.

Quinto, las cifras económicas no fueron negativas en el gobierno de Castillo, aún por viajar casi de piloto automático o andando un camino errante de cambio de timón cada tres meses, con una burocracia que siguió operando y defendió sus fueros ahí donde pudo. Medir el daño producido en esta pelea de poderes y casos de corrupción solo se podrá realizar con un análisis objetivo posterior. Después de las experiencias de Humala, Villarán y Castillo, la izquierda no debería sentirse tan confiada de ganar elecciones con tan pesada mochila. Una opción política y simbólica fuera del establishment político, proveniente de las regiones, será casi imposible de ser aceptada en el futuro, aunque en el Perú todo puede ocurrir.

Sexto, las justificaciones sobre si Pedro Castillo siempre fue una mejor elección que Keiko Fujimori siguen siendo irrelevantes. De hecho, Castillo nunca fue el cuco chavista y comunista que se quiso presentar a través de los medios de comunicación y grupos conservadores. El daño hecho al país con un gobierno limitado en “gobernar” y con visos de corrupción, no podrá compararse ni medirse en el supuesto de un gobierno conservador de Keiko. No tenemos el poder de retroceder en el tiempo, pero seguro muchos seguirían votando por Castillo en el 2021 porque consideraron que ese mal menor era suficientemente débil para ser removido una vez pasado cierto umbral de tolerancia política, y otros preferirían convivir con un gobierno conservador que seguro no se iría del poder tan fácilmente el 2026.

De hecho, el establishment político reaccionó rápido con este intento de autogolpe de Estado, por lo que Castillo tuvo que salir rápidamente de la Casa de Pizarro. En ningún caso existe una visión de bien común donde haya concesiones y sacrificios a favor del beneficio de todos por parte de estas facciones políticas. En política rara vez lo hay, pero esta polarización no permitió ninguna tregua en los últimos meses, eliminó los mecanismos formales para ello, y tampoco parece que vinieran treguas políticas en los siguientes meses. Si la violencia continúa, en vez de dedicarse a celebrar por parte de los grupos conservadores en el Congreso que también tienen múltiples acusaciones de corrupción, debería también pensarse en un ordenado proceso de transición a nuevas elecciones generales.

Séptimo, el mundo de las redes sociales se hace cada vez más importante pero quizá sin representar del todo el Perú real, especialmente el sur andino y sus liderazgos. Las redes son un espacio de debate e información, pero como complemento de la lucha política que se viene dando en el campo, en las reuniones, en los espacios de organización, incluso parece limitada la producción de conocimiento y su impacto en la toma de decisiones de los distintos actores políticos. Por ejemplo, la izquierda limeña afincada en sus relaciones de poder y en las redes sociales ha quedado descolocada, dividida quizás, rechazando el golpe, pero nada más, sin opción política, mientras que organizaciones sociales, indígenas y movimientos vienen plegándose a la movilización del sur andino. Por otro lado, los vencedores conservadores avanzan poco a poco en instalar su narrativa de triunfo de la democracia y del cambio en la lucha contra la corrupción, y con ellos sus valores y propuestas políticas son camufladas, aunque sin convencer a todos, solamente a los medios de comunicación. Aún con dudas, el fin de semana largo pudo afectar a muchos operadores y su reacción.

Octavo, un cuestionamiento para la sociedad civil y su manera de hacer incidencia. Después de la pandemia algo ha cambiado y no estamos apreciando muy bien esos efectos limitantes para organizaciones no gubernamentales. Si la desigualdad persiste —no solo económica, sino política— y la intermediación se vuelve más costosa -por ejemplo, concentrar más recursos económicos o tener más “privilegios” en la participación de la toma de decisiones— y organizaciones locales no se benefician de esos recursos, queda claro que el rol de las movilizaciones será cada vez más importante. Explicar el autogolpe de Estado parecerá insuficiente si las demandas locales siguen sin ser satisfechas. Por ahora mayores cambios, mayores reformas son necesarias y la sociedad civil no sabe cómo expresar dichos cambios. El cambio constitucional parece una narrativa que ha calado, pero no es suficiente tampoco, y pese a que el mensaje “que se vayan todos” era una propuesta de la sociedad civil limeña, ahora sí puede ser un aglutinador de varios actores. Aun así, será insuficiente.

Finalmente, si bien rápidamente se rechazó el autogolpe de Estado, otra parte de la población se está movilizando a favor de lo que supuestamente expresaba ese patear el tablero: queremos un cambio. No es un apoyo a ciegas a un régimen mediocre, sino que, en este juego de poderes, triunfará algo que garantice ciertas mejoras económicas y libertades políticas, especialmente de participación ciudadana. En ese sentido, como sociedad civil debemos seguir vigilantes a la acción del nuevo Gobierno y del Congreso para evitar que cambios legales disminuyan el ejercicio de derechos o atenten contra estos. Ya hemos visto intereses por atentar contra pueblos indígenas, tierras de comunidades o su manejo de bosques; contra la protección de recursos naturales; permitir las actividades de minería ilegal; o ampliar contratos de explotación petrolera, y un largo etcétera que el Gobierno de Castillo hizo poco en su momento en detener.

Debemos tener cuidado que, entre la final del Mundial, la Navidad y el Año Nuevo, no se intenten estos cambios atentatorios o actos de gobierno contrarios al bien común y derechos fundamentales. Ya tuvimos un golpe de Estado, debemos cuidarnos de un autoritarismo congresal.

Cita recomendada: César Gamboa Balbín, «¿Golpe de Estado o dictadura congresal? Parte I», IberICONnect, 17 de enero de 2023. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2023/01/golpe-de-estado-o-dictadura-congresal-parte-i/