La crisis política y constitucional de Israel

Una serie de leyes están siendo tramitadas en el Knéset (el Parlamento de Israel) que presentan un claro peligro para los elementos democráticos del Estado. Para entender el potencial destructivo de las leyes propuestas es necesario apreciar la frágil estructura constitucional del país. 

La Constitución Israelí

Aunque la Declaración de Independencia de Israel declaró que el nuevo Estado tendría una constitución formal, se tomó una decisión política para no redactar la constitución de una vez, sino que se adoptarían una serie de leyes básicas que, en última instancia, formarían la constitución del país. Así, se promulgaron leyes básicas relativas a los poderes del Estado, pero la mayoría de estas leyes no se consolidaron y pueden modificarse por mayoría parlamentaria simple. Además, el Tribunal Supremo israelí originalmente estableció que las leyes básicas no tenían un estatus normativo superior a la legislación ordinaria. Después de la aprobación en 1992 de dos leyes básicas en relación con los derechos humanos, el Tribunal Supremo  cambió de postura. En 1995 el Tribunal asumió que todas las leyes básicas tenían estatus constitucional, que la legislación parlamentaria está sujeta a revisión judicial y que es potestad de el Tribunal Supremo revocar dicha legislación si es incompatible con las leyes básicas. En los 27 años que han pasado desde entonces, el Tribunal ha derogado preceptos de hasta 22 leyes mientras ha mantenido la constitucionalidad de decenas de ellas que han sido recurridas ante ella. 

Contexto político

En las elecciones del pasado noviembre en Israel, el bloque de la derecha y los partidos religiosos, dirigidos por Likud, el partido de Netanyahu, alcanzó una mayoría de 64 miembros sobre el total de 120 que tiene la Knéset. A pesar de que Netanyahu está siendo juzgado por un Tribunal de Jerusalén por un caso de corrupción, se le otorgó el mandato de formar un nuevo gobierno. Esto supuso la necesidad de alcanzar acuerdos con los partidos más minoritarios del bloque. Algunas de las demandas de esos partidos fueron la promulgación de ciertas leyes antes de la presentación del nuevo gobierno al Parlamento. La hipótesis de la actual mayoría de la Knéset es simple: como tienen mayoría parlamentaria, pueden hacer lo que quieran. Las leyes que se están estudiando en este momento pretenden eliminar cualquier obstáculo que pueda impedirles hacer exactamente eso.

Cláusula de anulación

De hecho, está bastante claro que algunas de las propuestas que han aireado los partidos del bloque de coalición, como la legislación que pondría fin al proceso penal de Netanyahu, no resistirían la revisión judicial.  La «solución» propuesta a este obstáculo consiste en introducir una cláusula de anulación en las leyes fundamentales de Israel. Esta cláusula permitiría a una mayoría simple de la Knesset introducir una disposición en una ley que haya sido anulada por el Tribunal, o incluso una ley que pueda ser anulada por el Tribunal, según la cual dicha ley sería válida a pesar de las disposiciones de las leyes básicas, o de la sentencia del Tribunal. En un sistema parlamentario en el que la disciplina de la coalición significa que el poder ejecutivo tiene poder efectivo sobre la Knéset, dicha cláusula supondría el fin de la protección constitucional y judicial de los derechos humanos en el país, permitiendo también a políticos corruptos continuar ejerciendo poder político. Con la actual mayoría populista en la Knéset, es difícil creer que habrá otras limitaciones al uso del poder gubernamental desenfrenado.

Amenazas a la independencia del Tribunal Supremo 

Debido a su potestad para revisar judicialmente la legislación, ciertas decisiones que afectan a la comunidad ultraortodoxa, la interferencia en decisiones gubernamentales que violan los derechos humanos de minorías impopulares (como los solicitantes de asilo y propietarios de tierra palestinos en Cisjordania) y la errónea percepción de que el Tribunal Supremo impide al gobierno ejercer sus funciones, dicho Tribunal se ha convertido en una institución polémica que es detestada por miembros de la actual coalición de partidos. 

Yo seré el último en decir que el Tribunal no merece reproches. Sin embargo, no importa cómo de crítico uno pueda ser con sus decisiones, nadie puede negar que el Tribunal se ha erigido como una institución suficientemente sólida. En los 74 años desde que se creó el Tribunal, esta ha promovido la protección de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, igualdad de género y libertades personales, y ha ofrecido a los particulares remedios contra decisiones arbitrarias del gobierno. También ha intentado contener la corrupción gubernamental.

Aparte de la cláusula de anulación que claramente afecta a la independencia judicial, está sobre la mesa otra propuesta relacionada con la forma en la que los jueces son elegidos. Bajo el sistema actual todos los jueces son nombrados por un comité de nueve miembros, de los cuales cuatro son políticos, tres son magistrados del Tribunal Supremo y dos son miembros del Colegio de Abogados de Israel. Para ser elegido magistrado del Tribunal Supremo, un candidato debe obtener el apoyo de, al menos, siete de los nueve miembros. Así, han de construirse consensos entre los políticos y los juristas del comité. La propuesta que se discute estos días, consiste en, o bien adoptar un proceso puramente político para la selección de los jueces del Tribunal Supremo, incrementando así el peso de los miembros políticos del comité, o bien someter a los candidatos a una audiencia parlamentaria y a la aprobación del Parlamento.

El nuevo ministro de Justicia ha propuesto también la reducción de la edad obligatoria de jubilación de los jueces de los 70 a los 67 años, con aplicación inmediata. Si se aprueba, supondría la remoción de sus puestos del Presidente del Tribunal y otros dos de sus magistrados, considerados como los más liberales del Tribunal. Como se observará, es la misma táctica usada en Hungría y en Polonia para librarse de jueces “incómodos”. El Tribunal de Justicia  de la Unión Europea ha fallado que esta estrategia es incompatible con el Derecho de la Unión Europea. En Israel no existen restricciones judiciales externas a la legislación propuesta.

Cambios en el control de los colonos en Cisjordania ocupada

En la actualidad, la Cisjordania ocupada está, al menos en teoría, bajo el control de un mando militar. Bajo el acuerdo adoptado en 1981, una Administración Civil, dirigida por un oficial militar dependiente del mando militar, se encarga de los asuntos civiles (en contraposición a asuntos militares y de seguridad) tanto de los palestinos como de los colonos israelíes. En virtud de un acuerdo firmado por un partido político religioso derechista y el Likud, el líder del primero ha sido nombrado Ministro de Defensa. A diferencia del propio Ministro de Defensa, que tiene poder en nombre del gobierno sobre los militares, el nuevo ministro controlará la Administración Civil. Esta propuesta pone al descubierto la política del gobierno en Cisjordania, según la cual el régimen militar se aplica a los palestinos, pero no a los colonos israelíes, que reciben un trato preferente. ¿No les suena algo a la palabra «apartheid»? 

Control sobre la policía

Gracias a la legislación vigente la policía de Israel disfruta de un alto grado de independencia en la toma de decisiones frente a injerencias políticas, incluyendo decisiones respecto a investigaciones, procesamientos y vigilancia de manifestaciones. El Ministro de Seguridad Interna tiene un rol supervisor pero no puede interferir en decisiones operacionales. Uno de los nombramientos más descabellados del nuevo gobierno es el del líder de un partido racista como nuevo Ministro de Seguridad Nacional. Este individuo ha sido condenado en el pasado por incitación al racismo y ha sido acusado de numerosos crímenes a lo largo de los años. Una de sus demandas para unirse al nuevo gobierno fue la reforma de la Ley de la Policía para darle al Ministro el control sobre políticas y prioridades policiales. La enmienda propuesta está siendo debatida en la Knéset. Si se aprueba, dicha reforma permitiría al Ministro, por ejemplo, dirigir a la policía para darle poca importancia a la investigación de la corrupción política, para no hacer ejecutar la ley contra ciertos sectores de la población (como los colonos en Cisjordania) o para no permitir manifestaciones contra el gobierno. 

Socavar la independencia de los asesores jurídicos

La última propuesta que mencionaré revela que lo que realmente molesta a los partidos de la coalición entrante no es la revisión judicial; es, de hecho, la idea de que existan límites legales a sus poderes. Bajo el actual sistema, el Fiscal General del Estado cuenta con independencia profesional, y en cada ministerio hay juristas profesionales que son nombrados por instituciones profesionales y son dependientes del Fiscal General. Esto se supone que es una garantía para que sus ministros actúen dentro de los márgenes de la ley. La propuesta presentada consiste en convertir a los asesores jurídicos en personas designadas por el ministro, que puede nombrarlos y destituirlos a su antojo.  No hace falta ningún análisis sofisticado para demostrar lo que esto significará para el Estado de Derecho.

Conclusión

Cada una de las propuestas mencionadas amenazan de manera obvia las instituciones democráticas de Israel que han sido construidas durante los últimos 74 años. Tomadas en conjunto, sacuden los cimientos mismos del Estado.

Cita recomendada: David Kretzmer, «La crisis política y constitucional de Israel», IberICONnect, 18 de enero de 2023. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2023/01/la-crisis-politica-y-constitucional-de-israel/