Reporte: I Seminario Regional del Capítulo Colombia de la Sociedad Internacional de Derecho Público ICON-S, Quibdó-Chocó

El pasado 5 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Quibdó, el primer Seminario Regional del Capítulo Colombia de la Sociedad Internacional de Derecho Público ICON-S, que tuvo como anfitriona a la Universidad Tecnológica del Chocó-UTCH y como tema central “Conversemos desde el Ubuntu: Justicia Transicional, Estado Social de Derecho y Medio Ambiente”. 

En consonancia con ello, este primer encuentro tuvo 

Plenaria 1: Justicia transicional y conflicto armado.

Tras la instalación del evento por parte de las directivas de la Universidad anfitriona, del capítulo de ICON-S y del Instituto Internacional para la Justicia Transicional- ICTJ, tuvo lugar la primera plenaria que giró en torno a la Justicia transicional y conflicto armado: Desafíos y comunes para construir una paz estable y duradera. La primera intervención estuvo a cargo de la Magistrada Catalina Díaz, quién hace parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP en adelante). Su presentación se centró en el macro-caso 03 que aborda los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, fenómeno informalmente conocido como “falsos positivos”. Al respecto, hizo referencia al trabajo realizado por la JEP para establecer los criterios de selección de los casos que se agruparon en este macro- proceso y destacó tres efectos que ya se empiezan a vislumbrar de la labor realizada por esta Sala. El primero se refiere a la importancia de dimensionar el fenómeno criminal con la dramática cifra de 6.402 casos identificados, segundo, la dignificación de las víctimas de estos hechos y, finalmente, la humanización que también se ha hecho de los victimarios dentro de los procesos de mediación y reconocimiento. Este trabajo ha permitido, en palabras de la Magistrada Díaz, que hoy día no se niegue ese fenómeno criminal y que cerca del 90% de los ex miembros de la fuerza pública hayan reconocido su responsabilidad en los hechos. 

La segunda intervención fue la de Julieta Lemaitre, también Magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Su presentación se enfocó en el macro-caso 01 que aborda la toma de rehenes, las graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP. De allí se destacaron tres retos a los que ha hecho frente en este caso, a saber: (i) el resignificado que se le ha dado a los victimarios, para ahora reconocerlos en un rol de comparecientes que contribuyen a la verdad y no repetición, (ii) cómo en las audiencias de reconocimiento los comparecientes han tenido que desarrollar una escucha compasiva para entender a profundidad los daños causados con sus acciones a las víctimas y, finalmente, (iii) la imaginación y creatividad a la que se ha tenido que recurrir para reconocer y sobre todo reparar los daños causados a las víctimas y a sus entornos familiares.

En tercer lugar, intervino Lisneider Hinestroza, anfitriona del evento y profesora de la UTCH, quién desarrolló su ponencia sobre las implicaciones que el conflicto armado ha tenido sobre la comunidad afrocolombiana. Para ello, partió de reivindicar el derecho a la existencia del pueblo afro en Colombia y el respeto y protección que se le debe a su cosmovisión y cultura, para luego enfatizar en los negativos efectos que para estos pueblos ha tenido la violencia, el conflicto armado y el olvido estatal. Para remediar esta situación, la profesora Hinestroza hizo una defensa del derecho al territorio por las comunidades afro, al igual que un vehemente llamado a recuperar las costumbres y la cultura ancestral que, sin lugar a duda, hacen parte de la Nación colombiana. 

Posteriormente intervino Maria Camila Moreno, directora del ICTJ, quién destacó el carácter innovador del modelo de justicia transicional de la JEP, en tanto recoge las mejores prácticas internacionales en la materia, al igual que adopta un paradigma claramente restaurativo de la justicia, lo cual hace que en la actualidad haya gran interés por lo que está sucediendo en Colombia en esta materia. De allí, hizo un especial llamado para que los aprendizajes que ha traído este proceso se tengan en cuenta para otros como el que adelanta actualmente el Gobierno nacional bajo la denominación de la “paz total”. Puntos como los de la necesidad de incluir a todos(as) los(as) actores del conflicto, profundizar en las garantías de no repetición, la necesidad de implementar transformaciones culturales y de política pública y concebir a la justicia restaurativa como un punto de encuentro con las generaciones futuras, son algunos de los aspectos que deben tenerse en cuenta de cara a estos nuevos escenarios. 

Finalmente, intervino Juana Acosta, co-presidenta del capítulo Colombia de ICON- S, y quién centró su exposición en los principales retos que enfrenta la justicia transicional de la JEP en Colombia, en particular, en relación a las sanciones a imponerse. Estas sanciones a la que se conoce como “propias”, deben tener un enfoque prevalentemente restaurativo y participativo, tanto por parte de los(as) victimarios/comparecientes como de las víctimas. Así, los grandes retos al respecto, se refieren a la capacidad para su implementación y seguimiento, la integralidad de sus componentes, su efectividad en la reparación a las víctimas, pero de igual forma, para resocializar a los(as) comparecientes y evitar que hechos como los sucedidos vuelvan a tener lugar. 

Tras un breve receso, se realizaron distintos paneles que congregaron tanto a docentes, investigadores(as), doctorandos(as), estudiantes y miembros de la comunidad. Las temáticas abordadas versaron sobre el medio ambiente, el territorio y los derechos humanos, la ética de lo público y Estado social de derecho, la violencia urbana-rural y la gobernanza y el territorio, entre otros. 

Plenaria 2: Estado social de derecho y medio ambiente.

Después de la ronda de paneles tuvo lugar la segunda plenaria denominada: Estado social de derecho y medio ambiente que contó con la presencia de las profesoras Gloria Amparo Rodríguez (U. Rosario) y Magdalena Correa (U. Externado); los profesores Milton César Jiménez (U. de Caldas) y Guillermo Ricard Perea (UTCH), y estuvo moderada por el decano de la escuela de derecho de EAFIT, Esteban Hoyos. Esta plenaria inició con la presentación de la profesora y Magistrada de la JEP Gloria Amparo Rodríguez quien, después de repasar los fundamentos jurídicos de la protección a la biodiversidad en Colombia, resaltó como una innovación algunas iniciativas que se están discutiendo tanto en la academia como en la judicatura, encaminadas a reconocer a la Naturaleza como víctima del conflicto armado y, con ello, buscar la reparación del daño ambiental de manera autónoma. En esta línea, el profesor Guillermo Ricard resaltó la idea en torno a que los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas en el Chocó, “tienen dentro de sí a la Naturaleza misma”, por ello, para la protección del medio ambiente es vital el reconocimiento del derecho a la participación de los Consejos Comunitarios en todos los procesos de contratación que afecten dichos territorios. Ahora bien, destacó que estos procesos de contratación deben estar regidos por los principios de transparencia, autonomía de la voluntad, buena fe y selección objetiva; principios que, en sus propios referentes culturales, las comunidades afrocolombianas ya integran.

La reflexión sobre Estado social de derecho y constitucionalismo estuvo a cargo de dos propuestas, sin duda innovadoras: La Constitución de Macondo y un constitucionalismo que tome como base una visión antropológica diferente. 

Milton César Jiménez desarrolló la idea de construir en Colombia una Constitución macondiana cuyos principales rasgos sean el reconocimiento regional, la profundización de la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones con una cláusula de autogobierno y la apuesta por la democracia como un principio prevalente.

Por su parte, Magdalena Correa, después de hacer un sucinto, pero preciso repaso sobre los “apellidos” del constitucionalismo (liberal, dialógico, político…) se pregunta por qué seguir bajo la idea de que existe un conflicto insuperable entre la defensa de las libertades individuales y el interés general. Para responder a esta pregunta, trajo a colación la palabra que da nombre a este primer encuentro regional: Ubuntu (soy porque somos). Desde este marco se explica que si bien puede ser difícil encontrar un equilibrio entre libertades individuales e interés general, ese equilibrio se puede lograr si partimos de una visión antropológica en el que el “yo” es parte de una interacción con el “somos”, en el cual ninguno de los componentes se elimina. Por ello, la autora reivindica que es importante que los estudios sobre derecho público empiecen a pensar en relaciones sociales en las que las personas se relacionan con otras y con sus entornos de una forma complementaria (y no agonal), todo ello, por ejemplo, desde la idea del “soy porque somos”.   

En estos eventos la Sociedad Internacional de Derecho Público ICON-S busca tender puentes para articular el diálogo académico sobre derecho público y para crear un espacio de discusión y deliberación en torno a temas y problemas del derecho público y de disciplinas afines desde los territorios del país. Y bajo esta idea, se busca en particular impulsar la construcción de una comunidad académica tan activa, crítica y rigurosa como sensible y comprometida con las problemáticas locales y regionales.