¿Se atrevería la Corte Argentina actual a votar en contra del presidente? Los jueces como actores estratégicos

La Argentina atraviesa un nuevo proceso electoral presidencial. Las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) realizadas en agosto arrojaron un panorama de tercios para tres fuerzas políticas: Juntos por el Cambio (JXC), Unión por la Patria (UXP), y La Libertad Avanza (LLA).  A pesar de ello, cuando se observan los resultados por candidato, se ve una clara ventaja para Javier Milei (LLA) que obtuvo un 29.86% de los votos. Sergio Massa (UXP) fue el segundo candidato más votado con el 21.43%, y Patricia Bullrich (JXC) se ubicó en tercer lugar con 16.81%. 

La ventaja del candidato libertario y las posturas extremas que sostiene, impactaron en el debate público, que se vio impregnado de discusiones alrededor del posible grado de gobernabilidad del que gozaría LLA y de la factibilidad para implementar las propuestas de campaña libertarias. En particular, la propuesta de dolarización copó el debate mediático. Fue en medio de este acalorado debate que hubo un pronunciamiento público por parte del Presidente de la Corte Suprema de Justicia – Horacio Rosatti – quien dio una entrevista al periódico El País y afirmó: “Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional”. 

Las declaraciones del Presidente de la Corte nos llevan a pensar, ¿hasta qué punto se atrevería la Corte argentina actual a votar en contra del Presidente? La declaración de Rosatti nos remite además a temas debatidos del derecho y la política, tales como la judicialización de la política y el rol de los jueces en las democracias modernas. 

Existe en particular una posible reconstrucción sobre la tarea de los jueces que puede ser útil como categoría para analizar los dichos del Presidente de la Corte. Esta tesis parte de pensar a los jueces como actores estratégicos, como instituciones que operan dentro de un contexto político, social y económico; y que tienen interacciones con otros poderes y actores del estado considerando variables de origen no jurídico para tomar sus decisiones y dictar sentencias. También implica reconocer que muchas veces los jueces resuelven cuestiones controvertidas sobre política pública, inclusive creando derechos al resignificar prácticas sociales, interactuando con otros actores dentro de un campo de narraciones y significados en donde se disputa constantemente lo que es el derecho.  

En este esquema el juez es un actor que toma decisiones estratégicas de acuerdo con variables como las prácticas sociales o las actitudes ideológicas, y que tienen la capacidad de moldear políticas públicas. Además, dentro de esta visión se sostiene que los jueces toman sus decisiones teniendo en cuenta las limitaciones del esquema político en el que operan, y el nivel de fragmentación y de alineamiento entre los poderes del estado. 

Hoy en día se observan varios ejemplos de cómo el poder judicial interviene efectivizando el sistema de pesos y contrapesos en los sistemas democráticos latinoamericanos, inclusive en algunas ocasiones tomando decisiones controversiales que luego son fuertemente criticadas. Existen ejemplos recientes de este tipo de intervenciones en Brasil, Guatemala, Ecuador, y México.  En el particular caso de Argentina, existe bibliografía que señala que la Corte argentina ha tomado muchas de sus decisiones judiciales en forma estratégica en el pasado. 

Siguiente este curso de ideas, puede pensarse en cómo varía la probabilidad de que un juez vote en contra de la constitucionalidad de una medida del poder ejecutivo en base, al menos, a dos factores: (1) El grado de fragmentación o unificación del poder ejecutivo y el poder legislativo (2) El grado de alineamiento político fuerte o débil de los jueces con el poder ejecutivo. En otras palabras, puede pensarse que las decisiones de los jueces sobre la constitucionalidad de una medida del poder ejecutivo pueden verse influenciadas por factores tales como si el ejecutivo controla al legislativo y ambos tienden a la unificación; o si los jueces se encuentran alineados políticamente con el presidente de turno. Adicionalmente, también es relevante la duración de los mandatos de los jueces. Las cortes con mandatos más largos tienen incentivos para alternar entre estar alienadas y oponerse al poder ejecutivo. Un alineamiento bajo del poder judicial y una fragmentación alta entre los poderes legislativo y ejecutivo pueden generar mayores incentivos para un poder judicial independiente.  

Repasando el contexto argentino, se observa que la Corte Suprema actual tiene sólo nombrado cuatro de sus cinco miembros, luego de la renuncia de la jueza Elena Highton. Dos de los cuatro miembros actuales fueron propuestos por la administración de Mauricio Macri (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz), uno fue nominado por la administración de Néstor Kirchner (Ricardo Lorenzetti), y uno fue nominado por la administración de Eduardo Duhalde (Juan Carlos Maqueda). Ahora bien, tomando el resultado de las PASO realizadas en agosto, y asumiendo que LLA sea el partido más votado en las elecciones generales; este podría proponer una quinto miembro para la Corte. Sin embargo, para ello necesitaría el acuerdo del Senado con una mayoría agravada de 2/3. Esto podría dificultar el nombramiento, ya que no se espera que LLA tenga una mayoría en la Cámara Alta. Para el Senado las proyecciones basadas en los resultados de las PASO son: 35 bancas para UXP, 27 bancas para JXC, quedando LLA en tercer lugar con 8 bancas. Por otro lado, en la Cámara de Diputados, las proyecciones son de 105 bancas para JXC, 95 bancas para UXP, con LLA en tercer lugar con 42 bancas. Las proyecciones significan un posible escenario de fragmentación alta entre los poderes ejecutivo y legislativo. 

Ahora bien, las posibles represalias por parte del poder ejecutivo frente a una sentencia deferente -tales como el juicio político o la alteración en el número de jueces en la Corte- tienen también relación directa con la cantidad de legisladores. Para el juicio político se requiere una mayoría agravada en Diputados de 2/3, mientras que para aumentar la cantidad de jueces en la Corte se requiere una ley sancionada por ambas cámaras por mayoría simple de votos. Ninguno de estos escenarios parecería de simple ejecución para LLA, si se tienen en cuenta las proyecciones para el Congreso basadas en los resultados de las PASO. 

El panorama ante un eventual triunfo de LLA parecería ser el de una fragmentación o división alta entre los poderes ejecutivo y legislativo, con un alineamiento débil del poder judicial con el poder ejecutivo. Con este escenario, puede pensarse que la Corte actual tendría incentivos suficientes para animarse a votar por la inconstitucionalidad de una medida del poder ejecutivo. Sin embargo, uno podría preguntarse adicionalmente ¿son estos incentivos condición necesaria y suficiente para que la Corte actual se anime a votar en contra de una medida tomada por el Presidente? Ello considerando que existen otros factores que también influencian a la Corte, y en particular a la Corte argentina, tales como ganar respeto popular y legitimidad, mantener el equilibrio social o el equilibrio económico, o incluso avanzar en una agenda conservadora o en una agenda liberal.  

El país se encamina hoy a las elecciones generales y el resultado aún se encuentra abierto. Además, si consideramos que los jueces hablan a través de sus sentencias, tendremos que esperar a que dicten una. El tiempo dirá. 

Cita recomendada: Mariana Peinado, «¿Se atrevería la Corte Argentina actual a votar en contra del presidente? Los jueces como actores estratégicos», IberICONnect, 17 de octubre de 2023. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2023/10/se-atreveria-la-corte-argentina-actual-a-votar-en-contra-del-presidente-los-jueces-como-actores-estrategicos/