“El olvido no es opción para una democracia”
(Preámbulo de la Ley de Memoria Democrática 20/2022)
Trabajando sobre temas de memoria histórica en América Latina me di cuenta que allí no “apellidan” la memoria. Hablan simplemente de “la memoria”. En España, sin embargo, la apellidamos. Los historiadores suelen hablar de memoria “histórica” para referirse a la manera en que una sociedad recuerda y procesa su pasado, especialmente eventos significativos y momentos cruciales en la historia. Ahora se empieza a usar la expresión “democrática” para vincularla al propósito de la memoria: la transmisión de unos valores democráticos donde todos nos encontramos y donde nos respetamos. Y es aquí donde empiezan a elaborarse desde los distintos ordenamientos las llamadas “leyes de la memoria” para hacer referencia a las legislaciones que, con un fuerte simbolismo, toman un papel activo en la reconstrucción histórica. Muchos sistemas europeos han elaborado leyes de la memoria. España no iba a ser una excepción. Nuestra primera ley de la memoria (Ley 52/2007), aprobada durante la legislatura socialista bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ni siquiera mencionaba la palabra “memoria” en el título. El legislador optó por el circunloquio “ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Es bastante fácil adivinar lo que estaba detrás de este título tan enrevesado: la falta del consenso. Si bien para un sector político-social esta ley era demasiado intrusiva y polarizante, para el otro era demasiado tibia en el abordaje de la memoria. Esto determinaría el que sería el destino de la ley hasta condenarla a su irrelevancia jurídica. Si bien es cierto que marcaría una discontinuidad con el pasado, su falta de dotación presupuestaria, presumida por el expresidente Mariano Rajoy en alguna ocasión, imposibilitó de facto el avance en aquellas previsiones que avanzaban en cuestiones de memoria: exhumaciones, reparaciones o simbolismo en el espacio público. La llamada ley de memoria histórica del 2007, sin historia y algo desmemoriada, desde sus inicios ya resultaba anacrónica para un país democráticamente consolidado.
Sería en 2014 cuando se presentaría el demoledor informe del Relator Especial de la Oficina de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ya no había pretextos para avanzar en memoria. En palabras del Relator Pablo De Greiff “España es una democracia madura y la fortaleza de sus instituciones permite afirmar que ahora el país no enfrenta ningún tipo de riesgo de quiebra institucional”. Pero esta legislación no llegaría hasta casi una década después cuando el gobierno de coalición progresista en España impulsaría desde el propio Ministerio (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) la nueva Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) aprobada apenas hace un año. Esta ley ya hablaba de memoria, tanto en el título, como en las primeras líneas de su Preámbulo: “La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia.” Una ley audaz que abraza los estándares internacionales de la llamada justicia transicional basada en los pilares de verdad, justicia y reparación. Incluye en el articulado un capítulo sobre el deber de la memoria democrática (IV) e incluso un título (III) sobre el movimiento memorialista. Frente a la existente privatización de la memoria, se aspira a construir una memoria colectiva. Se dotan para la misma instrumentos como el Plan de Memoria Democrática y de órganos como el Consejo Territorial de Memoria Democrática para las tareas consultivas, decisorias y de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en todo lo relativo a las políticas de memoria. La memoria se consagra así como un deber y como una política pública. La ley da pasos significativos acompañada también de fuerte oposición política que visibiliza la tradicional falta de consenso en el país respecto de este tema. Aunque no satisface todas las reivindicaciones del movimiento memorialista, supone un primer intento en asumir los costes de una transición vendida como idílica para reconstruir una identidad del Estado en consonancia con la protección de los derechos humanos.
Las nuevas elecciones autonómicas y generales han abierto de nuevo el debate de la memoria en España. Los pactos entre PP y VOX en Comunidades Autónomas donde gobiernan juntos han llevado a cuestionamientos y posibles derogaciones de leyes de memoria subnacionales en Aragón, Cantabria o Baleares. A nivel nacional, el pacto de investidura entre Junts y PSOE, con una posible futura ley de amnistía relacionada con el procés, ha ocasionado fuertes tensiones políticas y en determinados sectores sociales . En un país donde, no olvidemos, aún tenemos vigente una ley de amnistía aprobada en 1977, que consagra la impunidad de los crímenes franquistas como precio para la integración política de la oposición.
El recién estrenado nuevo gobierno del Partido Socialista continúa su apuesta por la memoria con un nuevo ministerio de Política Territorial y Memoria democrática. La memoria, se empieza a articular de manera coordinada entre los entes subnacionales, tal y como se planteaba en la nueva ley. Sin embargo, no tenemos que olvidar que, si bien es en este nivel donde se han producido los mayores avances, también se están produciendo algunos retrocesos legislativos que dependen de la aritmética parlamentaria. Mientras que la memoria democrática no sea una política de Estado y genere consensos transversales entre las diferentes ideologías, el proyecto memorialista siempre penderá de un hilo. Esta fragilidad se ve claramente en las últimas manifestaciones en las calles en contra de la nueva amnistía: símbolos e himnos franquistas ocupando el espacio público. En tanto que la memoria siga siendo una asignatura pendiente, debemos seguir apellidándola para que no se nos olvide que, sin memoria, no puede haber democracia.
Cita recomendada: Elena Martínez Barahona, «Memoria democrática en España: la memoria con apellidos», IberICONnect, 13 de diciembre de 2023. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2023/12/memoria-democratica-en-espana-la-memoria-con-apellidos/
Profesora Ciencia Política Universidad de Salamanca. Investigadora Cátedra Memoria Democrática Josefina Cuesta.
Buenas noches, desde Cuba, estas leyes, cuales se han aprobado, tanto la memoria histórica, como democrática a mi manera de ver, de sierra forma se le paga a estos pobres españoles que se tuvieron que ir de su país, por toda una serie de abusos y represiones de diferentes épocas en el siglo xx, mi antecedente estuvo en ese grupo, solo que emigró en fecha de 1921, y sin embargo, acabo recientemente de descubrir, que logró cambiar su identidad, osea descubri que lo abandonaron en un orfanato, pues lo hallé en un Archivo español, al llegar a puerto habanero se adjudicó los apellidos de la familia que quedó en España, fue la causa que al solicitar sus datos en las parroquias y registros civiles de su provincia, nunca aparecieron y si todos lo de sus posibles hermanos y padres y por esta causa no he podido acogerme a la nacionalidad española, ahora preguntase ud, ¿ Cual sería la causa de promover esa ilegalidad de cambiar su identidad? Pues este secreto lo conocimos en fecha del 2020, pues mi abuelo falleció en 1995 a los 92 años, cual secreto llevó al reino de Dios, aquí podemos ver todos los trabajos que pasaron por escapar de la pobreza, el hambre y las guerras, pienso que ellos viajaron buscando su ideoma e idiosincrasia, que la hallaron en América, hija de Espsña , aquí crearon sus familias y dejaron aún más su cultural y su ADN, , les ssludo