Nuevo gobierno en Polonia: los retos de Tusk

El pasado 12 de diciembre Polonia inauguraba un nuevo tiempo político. Tras ocho años en el poder, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) no consiguió el apoyo de la Sejm (Parlamento Polaco). A pesar de que este partido ganó las elecciones del mes de octubre, pero perdió su mayoría parlamentaria. Ningún grupo parlamentario, con la excepción del grupo de extrema derecha Confederación, ha querido trabajar durante la próxima legislatura con el partido liderado por Morawiecki.

Donald Tusk, líder de Coalición Cívica, ex primer ministro polaco entre 2007 y 2014 y presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019, será el próximo primer ministro polaco por mor de un pacto de coalición compuesto por los principales partidos opositores a Ley y Justicia. Los partidos que acompañarán a Coalición Cívica serán la Tercera Vía, de corte conservador, y el partido Lewica (Nueva Izquierda) que agrupa a distintos partidos de centroizquierda.  Esta coalición se ha comprometido a priorizar las cuestiones de seguridad “ante una amenaza sin precedentes provocada por la agresión rusa contra Ucrania”, pero también, y como no podía ser de otra manera, el compromiso incluye la restauración del orden jurídico, esto es, el Estado de Derecho, abordar la crisis climática , así como se ha adquirido el compromiso para anular la de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco de 2020, tribunal que restringió el derecho al aborto.

Con este acuerdo y 248 votos a favor y 201 en contra en la Sejm, Donald Tusk se convertía en primer ministro por tercera vez en su carrera y conformará un gobierno de corte centrista y pro-UE con el que pretende revertir algunas de las medidas adoptadas por el anterior gobierno y terminar con el aislamiento polaco en la UE. 

Varios son los retos a los que se enfrenta Tusk y que incluyen cuestiones esenciales que afectan al Estado Derecho y que bloquean millones de fondos procedentes de la UE y que han permanecido congelados hasta la fecha, pero también otras que tienen que ver con la reducción de derechos experimentada por ciertos colectivos como mujeres y personas LGTBI+, pero también pondrá especial énfasis en recuperar su posición en la UE.

Las principales cuestiones que afectan a esta cuestión tienen que ver con una controvertida reforma del poder judicial y el tribunal Constitucional que se puso en marcha en 2017. En diciembre de ese año el parlamento polaco modificó la Ley del Consejo Judicial Nacional (CJN), el organismo encargado del nombramiento de los jueces. Con esta reforma se cambió la composición del CJN, donde 15 de sus 25 miembros son jueces. A partir de ese momento, sus miembros comenzaron a ser seleccionados por la Cámara Baja del parlamento, la Sejm en lugar de por la comunidad judicial como había sido la norma hasta ese momento. De este modo el proceso de nombramiento de los jueces quedaba expuesto a la interferencia política. Los otros diez miembros del CJN lo conforman representantes del poder ejecutivo y legislativo.  De este modo el sistema polaco de elección del órgano de representación de los jueces se alejaba de la jurisdicción internacional en materia de independencia del poder judicial que estipula que “cualquier método de selección judicial deberá quedar salvaguardado contra nombramientos judiciales por causas indebidas”, también apunta en esta dirección el Tribunal de justicia de la UE (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya han dictaminado en varias sentencias que la composición de la CJN está politizada y que es una de las causas fundamentales del problema de independencia del poder judicial en Polonia. 

En esta misma dirección, y con el fin de tener un control total desde el ejecutivo sobre el judicial, se introdujo un nuevo régimen disciplinario también con la creación de una nueva Sala Disciplinaria en la Corte Suprema para revisar de manera específica los casos disciplinarios contra jueces, fundamentalmente jueces que criticaban los cambios realizados por el gobierno en la elección del poder judicial. El argumento fundamental de esta reforma era que los procedimientos eran arbitrarios y los cargos estaban basados en el razonamiento jurídico de los jueces y no en violaciones de la ética profesional. El objetivo estaba claro, ejercer un efecto paralizador e intimidatorio contra los jueces. El TJUE dictaminó que este sistema disciplinario era ilegal según la legislación de la UE. La respuesta del gobierno polaco en 2022, y solo tras enfrentarse a sanciones que afectaron a la recepción de millones de euros del fondo de recuperación de la UE, fue la disolución de la Sala de Disciplinaria de la Corte Suprema y reemplazada por la Sala de Responsabilidad Profesional, sin embargo, su composición no se ajusta a la legislación de la UE. La consulta realizada por el presidente Duda al Tribunal Constitucional aún no ha sido resuelta. 

Y esto nos lleva a la tercera cuestión, el Tribunal Constitucional polaco. En septiembre de 2021 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el Tribunal Constitucional no puede considerarse un órgano independiente e imparcial ya que algunos de sus miembros habían sido nombrados por el Parlamento en contra de las normas procesales europeas. En este sentido, el Tribunal Constitucional también había sido criticado por sus sentencias inconstitucionales y el socavamiento de las obligaciones internacionales de Polonia en materia de independencia del poder judicial. El 7 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional polaco rechazaba la competencia del TJUE y su jurisprudencia sobre la independencia del poder judicial, considerando que la interpretación del tribunal es inconstitucional en Polonia y, por tanto, cuestionando la primacía del derecho de la UE.

En cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres la promesa realizada por Tusk en campaña fue la de modificar una legislación extremadamente restrictiva sobre el aborto aprobada por Ley y Justicia en 2020 y que fue respaldada por el Tribunal Constitucional declarando ilegales la práctica totalidad de los abortos en Polonia. Una ley que el propio Morawiecki ha afirmado que ha contribuido a la pérdida de la mayoría parlamentaria de su partido, confirmando que la enorme movilización del voto femenino ha jugado a favor de los partidos de la oposición. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la nueva coalición gubernamental no lo va a tener sencillo en este punto. Las fuerzas políticas que la conforman son de corte conservador, con la excepción de Lewica, y una de ellas, la Tercera Vía es reacia a la reforma y, de hecho, ha solicitado la celebración de un referéndum nacional sobre el tema.

Sin duda el panorama político que se abre en Polonia es incierto. Tusk no va a tener fácil la gobernabilidad en un gobierno cuyo principal punto de unión es su aversión a Ley y Justicia.