En un primer logro para la democracia en Guatemala, el 14 de diciembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad emitió una decisión que establece que los candidatos electos en las elecciones generales de este año, que incluyen al presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y otros funcionarios del Poder Legislativo, deben encontrarse en posibilidad de ocupar sus cargos el próximo 14 de enero de 2024. La decisión de la Corte de Constitucionalidad pone un alto a los esfuerzos del gobierno en funciones para impedir que Arévalo y su partido, Semilla, asuman sus cargos. Sin embargo, los ataques a la democracia de Guatemala no se han eliminado del todo.
Durante los últimos meses, las fuerzas del gobierno en funciones se han alineado en una serie de maniobras legales con motivaciones políticas diseñadas para frustrar la aplastante victoria electoral de Bernardo Arévalo. A pesar de que las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea no encontraron evidencia de la existencia de irregularidades graves en las elecciones de 2023, la fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras (sancionada por gobierno de EE. UU. por «involucrarse en corrupción significativa») inició una investigación contra Semilla por supuestas irregularidades en su registro. En julio de 2023, el juez penal Fredy Orellana (también sancionado por EE. UU. por «autorizar cargos criminales infundados y políticamente motivados») suspendió la personalidad jurídica de Semilla.
En respuesta, Semilla presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, citando el Artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala, que establece explícitamente que no podrá́ suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado. La decisión de la Corte a favor de Semilla permitió que la segunda vuelta de las elecciones procediera. Sin embargo, después de las elecciones, la Fiscal General y el Juez Orellana continuaron con sus esfuerzos de ejecutar la suspensión, interpretando el Artículo 92 como protector solo del proceso electoral y no de los resultados.
Sin embargo, estas acciones antidemocráticas han tenido que enfrentarse a la fuerza de las comunidades indígenas que han liderado la defensa de la democracia. Estas comunidades históricamente marginadas, que constituyen el sesenta por ciento de la población de Guatemala, han estado en primera fila de las protestas nacionales, en las calles, fuera de los tribunales y la fiscalía, exigiendo que se respete el voto y se elimine el “pacto de los corruptos”. El líder de la comunidad indígena Juchanep dijo en la ciudad de Guatemala: “Estamos aquí por obligación moral. No representamos un mero poder, sino una verdadera autoridad. No permitiremos que Guatemala caiga presa de un gobierno de facto impuesto sobre nosotros”.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad del 14 de diciembre se emitió en este contexto, en respuesta a un «amparo» (recurso constitucional extraordinario) presentado por un grupo de ciudadanos guatemaltecos que argumentaron que su derecho a la democracia estaba en riesgo. El Rule of Law Impact Lab de la Facultad de Derecho de Stanford presentó un escrito de amicus curiae en este caso en nombre del exembajador de EE. UU., Stephen McFarland, instando a la Corte a proteger la democracia y el estado de derecho y proporcionando estándares legales internacionales en apoyo.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad estableció de forma precisa y contundente que la orden de suspender a Semilla no puede afectar los resultados electorales. Al extender el alcance del Artículo 92 para incluir no únicamente el proceso electoral sino también el resultado de este, la Corte jugó un papel fundamental en la preservación de la integridad electoral y el derecho al voto.
Sin embargo, aunque esta decisión eliminó la suspensión de Semilla como obstáculo, otros desafíos serios permanecen. Las investigaciones penales individuales contra Arévalo y Herrera, así como los intentos de retiro de la inmunidad de los jueces del tribunal electoral, continúan acechando el proceso democrático. En los próximos días, la Corte, y los valientes defensores de la democracia en Guatemala, deberán estar preparados para defender el voto y el estado de derecho.
* (Una versión previa en inglés de este artículo se publicó en el blog del Laboratorio de Impacto en el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford)
Cita recomendada: Adriana García y Amrit Singh, «La Corte de Constitucionalidad de Guatemala interviene para proteger la democracia, pero deberá permanecer vigilante», IberICONnect, 10 de enero de 2023. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2024/01/la-corte-de-constitucionalidad-de-guatemala-interviene-para-proteger-la-democracia-pero-debera-permanecer-vigilante/
Asesora Experta en el Laboratorio de Impacto en el Estado de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford (Estados Unidos). Es doctora y maestra en derecho por la Universidad de Chicago (Estados Unidos) y licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM, México).
Amrit Singh es catedrática de Práctica Jurídica y directora ejecutiva fundadora del Rule of Law Impact Lab de la Facultad de Derecho de Stanford. Abogada de derechos humanos, ha llevado a cabo litigios estratégicos, investigación y defensa en una amplia gama de cuestiones relacionadas con el Estado de derecho y los derechos en Estados Unidos y en todo el mundo.
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