Presos por tuitear

Introducción. El caso

El 26 de diciembre de 2023, la cuenta de X (ex Twitter) “Morondanga” publicó este mensaje: “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador. Imposible aburrirse en kukuy”. El “exgobernador” sería Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, Argentina, entre 2015 y 2023, y “la mujer”, Tulia Snopek, su pareja. Los Tekis son una banda popular que suele, o solía, participar en el carnaval provincial. 

El 5 de enero de 2024, tras la realización de tareas de inteligencia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinó que el titular de la cuenta era Nahuel Morandini, un docente universitario, y pidió su detención. El mismo día fue detenido Roque Villegas, quien, el 31 de diciembre de 2023, había compartido un audio en Facebook que también hacía alusión a la supuesta infidelidad de Snopek a Morales como motivo de suspensión del carnaval. El audio mencionaba la posibilidad de que Morales pidiese un ADN para comprobar su paternidad respecto de la hija que tiene con Snopek. Morandini y Villegas no se conocían entre sí. 

A ambos se les imputaron los delitos de lesiones psicológicas leves respecto de Tulia Snopek, y de supresión de la identidad y del estado civil de la hija de Snopek y Morales (esto, a pesar de que Morandini nunca mencionó a la menor). El argumento es que las publicaciones afectaron psicológicamente a Snopek y tornaron incierta la identidad de la hija de Snopek y Morales. El fiscal solicitó que se les imponga prisión preventiva y Morandini y Villegas pasaron cincuenta y tres días presos en un penal de máxima seguridad, hasta que fueron liberados. Según su testimonio, Morandini pasó los primeros días en la cárcel desnudo y lo obligaron a comer con las manos. 

Durante el proceso penal, se presentaron como querellantes dos dependencias del Poder Ejecutivo, Tulia Snopek, como víctima, y Gerardo Morales, en representación de su hija. Además, el juez les impuso a Morandini, Villegas, sus familiares y sus amigos la prohibición de realizar “cualquier expresión verbal” sobre Morales, Snopek o su hija.

Presos por tuitear

La persecución penal a Morandini y Villegas contraviene los estándares nacional e internacionalmente reconocidos sobre libertad de expresión en varios niveles. Lo primero que surge es lo inapropiado de la utilización de la vía penal. Si bien ni la jurisprudencia interamericana ni la nacional vedan la posibilidad de perseguir penalmente excesos en el ejercicio de la libertad de expresión, sí la consideraron improcedente cuando no se trata de cuestiones de violencia. La Corte IDH señala que esta vía es señalada como excepcional y sólo procedente ante casos de extrema gravedad. La publicación de comentarios en redes sociales hechas por dos miembros de la sociedad civil, en tono jocoso, y sobre personajes públicos de máximo rango no parece cumplir con el requisito de extrema gravedad. Además, las expresiones de los imputados no sólo son satíricas, sino que se refieren a los motivos de la suspensión del tradicional carnaval provincial. Esto convierte a las expresiones en ejercicios de crítica política. Tanto la CIDH como su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han subrayado la necesidad despenalizar expresiones de crítica política, dada la especial protección que merece este tipo de discurso (un análisis detallado de la necesidad de despenalizar puede hallarse en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia). La imputación a Morandini y Villegas tampoco satisface el requisito de proporcionalidad que deben observar las persecuciones penales en casos de libertad de expresión. A Morandini y Villegas se les imputan delitos cuya pena en expectativa alcanza los ocho años de prisión. 

En relación con la intensidad de la persecución, es interesante notar el simbolismo de que dos de los tipos penales imputados, supresión de la identidad y del estado civil, fueron aplicados casi exclusivamente a familias que apropiaron ilegalmente bebés de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Respecto de las lesiones mentales a Snopek, criminalizar expresiones que generan afectaciones subjetivas tiene el problema marcado por Waldron: dado que las respuestas psicológicas varían de persona a persona, es imposible para el emisor de un mensaje tener una guía de qué se puede decir y que no. En este caso, ninguno de los mensajes parece haberse hecho con la intención de lesionar (entre otras cosas, porque difícilmente una persona con cien seguidores en X podría pensar que lesionaría a un personaje público con un comentario satírico en esa red social).

En el plano de la teoría de la pena, condenar a alguien, y más a una pena extensa, por una publicación en redes sociales que no refleja violencia alguna parece injustificable desde una mirada retributiva. Desde una perspectiva utilitaria, el problema radica en el efecto inhibidor que tiene perseguir expresiones penalmente. Esto, que ha sido marcado tanto por la Corte IDH como por el TEDH, se exacerba en un caso en el que la publicación fue hecha por dos personas sin ningún rol político y con una cantidad muy escasa de seguidores en sus redes sociales, que, además, nunca podrían haber pensado que un comentario suyo podría molestar a la que para muchos es la persona más poderosa de la provincia. La forma y las condiciones de detención también contribuyen al efecto inhibitorio. 

¿Libertad de expresión?

Lo inadecuado de la vía penal lleva a la pregunta relativa a la posibilidad de que Morandini y Villegas sean demandados civilmente. La vía civil es más frecuente en casos en los que una persona siente afectado su honor o su ámbito íntimo producto de lo que considera un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión. En este caso hay argumentos fuertes para sostener que no existió exceso alguno. Como se ha marcado, la supuesta infidelidad de Snopek a Morales fue mencionada como motivo de la suspensión del carnaval, una fiesta popular provincial. De esta forma, la mención a la infidelidad, que, fuera de contexto, podría parecer un asunto íntimo, pasa a ser parte de una expresión de crítica política respecto de un asunto de interés público. A esto se suma el carácter satírico de las expresiones de Villegas y Morandini.

Esto nos lleva a un punto más profundo, que es el elaborado por Goldstraw desde la teoría lingüística. Para que la comunicación entre las personas tenga sentido, debe existir una sincronía entre el emisor y el receptor del mensaje, en la que ambos deben tener presente el contexto en el que se da un intercambio discursivo. Goldstraw considera que si el discurso de un comediante genera violencia porque la audiencia lo tomó como un discurso serio, cuando no lo era, la responsabilidad moral es de la audiencia. La Corte Suprema argentina elaboró un razonamiento similar en “Pando”. 

Si esto se lleva al caso que nos ocupa, X (Twitter) y Facebook son redes sociales caracterizadas por la crítica a la autoridad, la sátira y los chistes o expresiones subidas de tono. Es con ese marco que deben leerse las publicaciones de Morandini y Villegas. En un contexto en el que el Presidente de la Nación comparte a diario publicaciones de humor negro, pero también hasta agresivas, considerar excesivo un comentario jocoso de un ciudadano sobre por qué un gobernante habría decidido suspender un evento público daría un mensaje, cuanto menos, confuso. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.

Para justificar la persecución, el exgobernador Morales preguntó qué le diría ahora a su hija sobre su identidad. La respuesta es simple: que X (Twitter) es una red social en la que la gente publica constantemente comentarios sin pretensión de rigurosidad, como un divertimento o pasatiempo, y que nadie elabora su visión de la realidad con lo que se dice ahí. 

Romper controles fronterizos

La detención de Nahuel Morandini y Roque Villegas, inicialmente, generó cierto revuelo a nivel local y reclamos de organismos de derechos humanos ante cuerpos internacionales. Sin embargo, el caso sólo tomó dimensión nacional cuarenta días después de su inicio. La cobertura de la periodista Paz Rodríguez Niell permitió que lo sucedido se conociera a lo largo y ancho del país. La causa fue tapa del diario La Nación en tres ocasiones, y ameritó comentarios en repudio de la detención de políticos de todos los sectores, desde la izquierda hasta el Presidente de la Nación, el libertario Javier Milei. Diez de los juristas más reconocidos del país criticaron la detención de Morandini y Villegas.

Ante la presión pública, el mismo fiscal que había solicitado la prisión preventiva convocó a una audiencia para pedir su cese un domingo a la medianoche, y Morandini y Villegas fueron liberados. Esto es consistente con la tesis de Gibson, quien plantea que, en contextos democráticos, los gobiernos autoritarios subnacionales buscan que los conflictos locales no pasen las fronteras provinciales, para poder gestionarlos sin rendir cuentas. Para Gibson, la nacionalización de esos conflictos es una herramienta para la democratización de sus soluciones. Si el caso de Morandini y Villegas no hubiera tenido alcance nacional, probablemente seguirían presos (la fiscalía les había ofrecido juicios abreviados por cuatro años y medio de cárcel). Este nivel de visibilización, sin embargo, hoy es la excepción. Por ejemplo, sólo a partir de este caso se difundió que el año pasado un abogado jujeño fue condenado por sedición por hablar con un megáfono contra la reforma constitucional provincial. Construir redes de información, debate e intercambio de experiencias es una tarea urgente para los abogados y abogadas latinoamericanos, en la búsqueda de reducir al mínimo los abusos de poder.

Cita recomendada: Marcos Aldazabal, «Presos por tuitear», IberICONnect, 13 de marzo de 2024. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2024/03/presos-por-tuitear/