El desplazamiento forzado causado por el cambio climático representa una crisis emergente que exige una respuesta urgente y espacios de reflexión rigurosa en clave interdisciplinar. A medida que las temperaturas globales continúan aumentando, fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, sequías e inundaciones se vuelven más frecuentes y severos, afectando desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. Estas comunidades, a menudo empobrecidas y marginadas, se enfrentan a una devastación económica que socava su capacidad para autosostenerse, obligándolas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y mejores condiciones de vida. Pensar los desafíos del derecho en la sociedad contemporánea, supone pensar en las condiciones de una justicia climática desde la interseccionalidad de las formas de vulnerabilidad manifiestas, principalmente en el sur global.
El cambio climático y el desplazamiento forzado están intrínsecamente vinculados. Los efectos adversos del cambio climático exacerban la pobreza, fomentan la violencia y agravan la desposesión ilegal de tierras. En Centroamérica y México, regiones como el «Corredor seco» sufren sequías prolongadas e intensas lluvias que destruyen cultivos y medios de subsistencia, empujando a las familias a la migración interna y, en muchos casos, a cruzar fronteras en busca de refugio. Esta movilidad forzada es a menudo la única opción para aquellos que se enfrentan a la destrucción de sus hogares y la pérdida de sus medios de vida debido a desastres naturales. De conformidad a las fuentes referenciadas en recientes estudios realizados por Dejusticia, la crisis climática podría generar el desplazamiento forzado de aproximadamente 216 millones de personas para el año 2050.
Los desafíos no se detienen en las fronteras nacionales. La migración forzada por el cambio climático a menudo se enfrenta a barreras fronterizas cada vez más militarizadas y políticas restrictivas que dificultan el acceso al asilo. Países como Estados Unidos han implementado medidas draconianas que impiden el proceso de asilo, exacerbando la vulnerabilidad de aquellos que buscan protección. Estas políticas no solo violan las leyes internacionales de derechos humanos, sino que también obligan a las personas desplazadas a emprender rutas más peligrosas controladas por grupos criminales, aumentando el riesgo de violencia y explotación. En contraste con lo anterior, se destacan pronunciamientos como los de la Corte Constitucional colombiana a través de sentencias como la T-123 de 2024 en la que reconoce la variable climática como uno de los factores que incide en el mantenimiento de la crisis de desplazamiento forzado en Colombia
La respuesta de los Estados a esta crisis debe ser integral y basada en la justicia climática y la protección de los derechos humanos. Es esencial reconocer el desplazamiento forzado por el cambio climático como una realidad ineludible que requiere políticas públicas adecuadas y mecanismos de protección eficientes. Los gobiernos deben poner fin a las políticas de rechazo en las fronteras y cumplir con sus obligaciones internacionales para proteger a los refugiados. Además, es crucial que adapten sus marcos legales y políticas para abordar las necesidades específicas de las poblaciones vulnerables afectadas por el cambio climático.
El papel de la comunidad internacional y la sociedad civil es igualmente importante. Organizaciones como Amnistía Internacional, Dejusticia y el Instituto para las Mujeres en la Migración han destacado la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva para proteger a las personas desplazadas por desastres climáticos. Estas organizaciones abogan por un enfoque de derechos humanos que garantice la dignidad y seguridad de los desplazados, al tiempo que promueven la adopción de políticas públicas integrales que aborden tanto los desastres repentinos como los procesos climáticos más lentos y progresivos.
El desplazamiento forzado por el cambio climático es una crisis que nos desafía a repensar nuestras políticas y acciones a nivel global. Es necesario insistir en la íntima conexión entre justicia climática y protección de los derechos humanos. Es imperativo que los Estados y la comunidad internacional actúen con rapidez y decisión para abordar esta crisis, adoptando medidas que no solo sean técnicamente adecuadas, sino también justas y equitativas. Solo así podremos garantizar un futuro seguro y justo para quienes sufren los efectos devastadores del cambio climático. Solo así podremos avanzar en un derecho que efectivamente pueda responder a los desafíos que los nuevos tiempos imponen a la dignidad de los seres humanos.
Cita recomendada: Daniel E. Florez-Muñoz, «Cambio climático y desplazamiento forzado: la necesidad de una respuesta humanitaria integral», IberICONnect, 23 de octubre de 2024. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2024/10/cambio-climatico-y-desplazamiento-forzado-la-necesidad-de-una-respuesta-humanitaria-integral/