Nota editorial: este artículo se suma al simposio mantenido en IberICONnect y ICONnect sobre la reforma constituiconal del poder judicial en México. Puedes encontrar todas las publicaciones del simposio aquí.

Disentir en una sociedad como la actual es sumamente complejo ya que conlleva la negación del discurso dominante. El disenso implica un sentir diferente a las demás personas y esto tiene como consecuencia, en cierta medida, un grado de aislamiento. Para Diego Fusaro, el disenso no es una cuestión de todo o nada. Más bien, explica el autor, el disenso tiene distintos grados y formas. Una manera de disenso es aquella que se inserta dentro del paradigma que se cuestiona y, entonces, acepta sus premisas básicas. De este tipo de disenso surge una intención de carácter reformista. El otro tipo de disenso, en cambio, cuestiona los cimientos del paradigma dominante. El resultado de este sentir diferente es un ánimo de un corte mucho más drástico, es un ánimo revolucionario. 

Lo que vivimos en México en el contexto de la Reforma Judicial aparenta ser más un disenso de ánimos reformistas. Es decir, tanto la reforma del oficialismo como las protestas de los trabajadores del Poder Judicial y la oposición se insertan dentro de las mismas premisas básicas de nuestro sistema político constitucional contemporáneo. Ambas partes continúan operando dentro del terreno institucional dominante: la división de poderes y los pesos y contra pesos. Por un lado, el oficialismo parece querer acumular más poder -premisa básica del constitucionalismo- para dejar a un lado estos dos arreglos institucionales. Por el otro, existe una aceptación de la necesidad de modificar el terreno institucional para que permanezca su esencia, pero con ciertas modificaciones. La confrontación de las primeras semanas de septiembre de este año continúa operando bajo los cimientos y presupuestos que hemos arrastrado desde la concepción de nuestros diseños constitucionales. 

Ambos ánimos reformistas o de transformación institucional siguen asumiendo supuestos que deberían ser cuestionados. Tanto la reforma oficialista como la protesta opositora parten de la idea de que el poder contrarresta al poder y que las personas somos naturalmente auto-interesadas y siempre buscamos más poder. Desde el oficialismo se continúa presuponiendo esto dado que la aniquilación institucional propuesta nace del afán de que nadie del otro lado del poder pueda contrarrestar su proyecto. Desde la oposición y el poder judicial se presupone lo mismo al considerar que la esencia del sistema político constitucional debe permanecer, pero con ciertas reformas para lograr mayor independencia, mayor imparcialidad y, en consecuencia, una mejor impartición de justicia. Hay diferencias notables entre ambas ideas reformistas y, no obstante, comparten sus puntos de partida.

Así, lo que vivimos en México no ha sido más que una burda lucha por ver quién se queda con el poder. En esta lucha, el poder que se disputa, en términos de Pierre Bourdieu, no es otro que la capacidad de interpretar el derecho y, entonces, de legitimar una visión política de la sociedad. Esta lucha por el poder interpretativo del derecho se da indefectiblemente en el espacio judicial. Este espacio judicial es aquel que, en buena medida, permitió legitimar aquello que tan férreamente se ha defendido a través de las protestas que se dieron durante el proceso de reforma constitucional. La independencia o la imparcialidad defendidas son palabras del léxico común que en el contexto del derecho han adquirido una connotación simbólica que legitima a ciertos actores a apropiarse del derecho. No es coincidencia, entonces, que tanto el oficialismo como los opositores a la reforma tomen estos conceptos, llenos de una dimensión simbólica, como suyos. 

Este espacio judicial es lo que ha permitido que los supuestos que subyacen al sistema político constitucional permanezcan intactos. Esto es así dado que cualquier persona que tenga un conflicto y se vea obligada a recurrir al derecho tiene que aceptar sus reglas de juego. En consecuencia, si quieres solucionar un conflicto por la vía pacífica que ofrece el derecho, estás obligado a someterte a sus reglas y lenguaje. Ni la reforma propuesta ni la crítica a la reforma dan una solución a las problemáticas que surgen de esta dinámica social o, incluso, a las problemáticas endógenas del propio sistema constitucional. No se profundiza, entonces, la democracia por medio de una elección de jueces que se mantiene, exactamente, sobre los mismos cimientos de una democracia que anula el diálogo ciudadano. Tampoco se profundiza la justicia con una contrarreforma que mantiene intactos los cimientos de un sistema judicial disfuncional.

El desenlace del proceso de reforma constitucional de la Cámara de Senadores nos demuestra que nuestro sistema constitucional incentiva a las personas a que cumplan con los supuestos antes mencionados para llegar al poder. Lo único necesario para la aprobación de la reforma fue el cambio de sentido del voto de un senador para obtener la mayoría calificada. El senador que cambió el sentido de su voto actuó de manera auto-interesada al querer garantizar impunidad para él y su familia. La mayoría oficialista actuó de la misma manera al querer acumular más poder. Ahora bien, que las personas en el poder sean auto-interesadas no significa que necesariamente toda persona que aspire al poder lo sea. Más bien, la propia dinámica de nuestro sistema constitucional es la que hace que las personas que llegan al poder cumplan con este presupuesto. De esta manera, lo que inicialmente era un supuesto se convirtió en una profecía autocumplida.

En definitiva, lo que aprobó el Congreso de la Unión no es ni una mejora a la justicia ni una profundización de la democracia. La supuesta alternativa, si es que en realidad hubo una, tampoco parecía proponer un cambio sustancial como el que parece demandar la sociedad mexicana. Más bien, en concordancia con Ran Hirschl, pareciese que estamos presenciando como una élite en el poder, el oficialismo, está buscando permanecer en el poder a lo largo del tiempo. Bajo este contexto, las palabras de Bourdieu se vuelven esclarecedoras de lo que se está viviendo en torno a la Reforma Judicial: “los efectos que se engendran en el seno de los campos sociales no son ni la suma aritmética de acciones, ni el producto integrado de un plan concertado. Se producen esos efectos por medio de la competencia que se ejerce al interior del espacio social. Este espacio es capaz de imprimir tendencias generales, ligadas a presupuestos inscritos en la estructura misma del juego que constituyen[…]”

Entonces, es necesario un disenso más profundo, que esté dispuesto a cuestionar los cimientos de nuestro sistema político constitucional. Este tipo de disenso de máxima intensidad o de secesión suele coexistir, lamentablemente, con la mínima traducibilidad. Es decir, en pocas ocasiones se traduce en actos concretos. La Reforma Judicial a la que México se enfrenta tendrá implicaciones trágicas para el sistema constitucional como hoy lo concebimos. Sin embargo, creo que debemos dar un paso más allá de lo que conocemos y tenemos que comenzar a darnos cuenta lo que implica defender una u otra postura y, sobre todo, a pensar diferente nuestros sistemas constitucionales. A través de cuestionar los cimientos de nuestro sistema político constitucional es que, tal vez, el disenso pueda alcanzar su concreción institucional. 

 


Cita recomendada: José Manuel Sobral Reyes, «Disenso de secesión: entre la lucha por el poder y la protesta», IberICONnect, 18 de octubre de 2024. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2024/10/disenso-de-secesion-entre-la-lucha-por-el-poder-y-la-protesta

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