Simposio “Reforma Constitucional al Poder Judicial Mexicano”, PARTE IV: La reforma judicial: ¿ni me va ni me viene?

[Nota editorial: Esta es la CUARTA PARTE de un simposio sobre las recientes reformas constitucionales que afectan al poder judicial en México. La introducción al simposio puede encontrarse aquí. Los artículos del simposio están publicados en ICONnect (en inglés) y en IberICONnect (en español). Agradecemos a Ana Micaela Alterio y a David Landau su trabajo en la organización del simposio y la colaboración entre los blogs].

Puedes encontrar la entrada homóloga en ICONnect aquí.

Este meme captura el sentir de una parte de la población mexicana sobre la reforma judicial. Mucha gente no acepta la consigna morenista de que despidiendo a todas las personas juzgadoras del país, y abriendo la judicatura al voto popular, el país será más justo. Sin embargo, tampoco compran el argumento de algunos jueces de que México transita al totalitarismo, un régimen en el que “los individuos son un [medio] para beneficio y desarrollo del estado, y no el estado es el medio para garantizar los derechos de los gobernados.” Para este sector, la reforma es una mera disputa entre elites. Para ellos, la enmienda no agrava la cotidianeidad mexicana; los barrios seguirán abandonados, con calles inseguras, baches y sin acceso a agua potable.

Pero, en realidad, ¿da lo mismo la reforma? En un México con 116 mil personas desaparecidas, 13 feminicidios diarios, ecocidios de estado, 50 millones de personas empobrecidas y racismo estructural, ¿la reforma no agrava la situación? Si ya era imposible hablar de “democracia”, ¿la reforma contribuye a un cambio cualitativo hacia un régimen aún más autoritario? ¿Qué nos dice el proceso y el contenido de la reforma sobre la relación persona-poder? Pensemos en la madre buscadora que acude a la fiscalía, la persona trabajadora que exige su derecho al agua, la mujer racializada que resiste la militarización. Esas personas interactúan con entes, públicos o privados, capaces de condicionar, restringir, o brutalizar sus cuerpos y vidas a través de violencia física, económica o discursiva. ¿Cómo les afecta el cambio constitucional?

Para empezar, el proceso de reforma fue excluyente e indolente. A pesar del mandato convencional de consulta previa, el Congreso nunca convocó a pueblos originarios, afrodescendientes ni a personas con discapacidad. Así, ignoraron a la jurisdicción indígena, rechazaron poderes judiciales anti-racistas, visiones anticapacitistas, y todo lo que aportan los sistemas normativos no dominantes. Además, jamás invitaron a personas buscadoras para escuchar su sentir sobre policías, fiscalías o tribunales. De hecho, como se dijo en redes sociales, “las fiscalías no se tocaron ni con el pétalo de una reforma”.

En cambio, ¿cómo deja al ejecutivo? A la par de un híperpresidencialismo, hoy tenemos militarismo omnipresente. Gracias al apoyo o sumisión de presidentes del PRI, PAN y MORENA, las fuerzas armadas no sólo han ampliado sus facultades en seguridad, ya tienen a toda la administración pública. Hoy construyen vías, administran aeropuertos, y hasta levantan hoteles y casinos en zonas arqueológicas. A pesar de su responsabilidad directa en la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa, la percepción ciudadana sobre éstas sigue siendo relativamente buena, quizás por la disciplina que proyectan, o porque son una de las pocas opciones de movilidad social. A este ejecutivo militarizado ahora lo “contrarrestará” un poder judicial votado popularmente.

¿Y el legislativo? No hay cosa más cínica que que un legislador aprobara esta reforma “anti-corrupción” a cambio de que no se ejecuten órdenes de aprehensión por su involucramiento en una red de pederastia. Al día siguiente, la legislatura de Oaxaca aprobó, por unanimidad, en 6 minutos, sin debate ni análisis, un dictamen de 312 páginas. En dos días, 21 legislaturas locales se unieron. Si algo nos dice el proceso es que hay un abismo entre los legisladores y estudiantes y trabajadorxs judiciales. Imaginar un espacio de encuentro como un parlamento abierto, o, en general, influir en los legisladores es imposible. Es irónico que el poder judicial era el que obligaba a legisladorxs a hacer lo básico: leer antes de votar, o respetar la orden del día. 

Luego, el judicial. La reforma acusa a las judicaturas de ser elites corruptas e inaccesibles que obstaculizan la transformación. Por un lado, la mayoría de los juicios en el país son locales, no federales. Sin embargo, la reforma desconoce que la judicatura federal suele ser mejor evaluada que las locales e ignora problemas de raíz de la local como su falta de presupuesto. Peor aún, no hay nexo causal entre voto popular y reducción de corrupción, precisamente son los partidos los que menos confianza generan. Una alternativa hubiera sido mejores controles procesales, administrativos o ciudadanos. Por otro, la reforma no hace la justicia más accesible. El amparo sigue siendo sumamente complejo y farragoso lo que lo hace caro. Tampoco se equilibran desigualdades económicas con mejores defensorías de oficio. La reforma además elimina las dos Salas de la Corte donde se resolvían la mayoría de los amparos, saturando y mediatizando al Pleno aún más, y entorpeciendo la justicia constitucional. Así, despedirán a las personas juzgadoras, pero no se mejora la tutela de derechos.

¿Cómo se relacionó esta reforma con el “mercado”? AMLO no convocó a madres buscadoras a discutir la reforma, pero sí a las cinco personas más ricas del país. Aunque MORENA se proclama de izquierda, no activó su maquinaria para una reforma fiscal redistributiva. La reforma judicial fue una prioridad, pero no así la reducción de 48 a 40 horas laborales, en el país donde más se trabaja en el mundo. De hecho, la nueva presidenta dijo que la reducción dependería del consenso de los empresarios. Quizás MORENA guarde la “carta” de las 40 horas, para cuando quiera poner militares en el Banco central. De los banqueros depende si una persona trabajadora descansa el sábado, pero no depende de los movimientos de víctimas la forma del sistema de justicia. 

¿Y otros poderes fácticos? La reforma les ofrece togas. Si ya se acusa al presidente de MORENA de vender candidaturas municipales, ¿qué pasará cuando el mercado negro incluya siete mil cargos judiciales? Si el crimen organizado se encarga de amenazar, asesinar, o colocar funcionarios en municipios, legislaturas, gubernaturas e incluso secretarías federales, ¿qué se puede esperar que hará en una elección judicial inescrutable? Si teníamos un narco-estado, ahora tendremos narco-jurisprudencia. 

Con esta “democracia” en mente, tomemos el caso del pueblo de Xochimilco como ejemplo. Hace unos días, el Gobierno de la CDMX y de la alcaldía reprimió al pueblo en una manifestación pacífica. Con el marco jurídico previo, la gente organizada pudo presentar un amparo ante una jueza federal independiente y lograron parar la instalación de un cuartel. Con el nuevo marco, la Guardia Nacional (GN), puede detener a lxs manifestantes, y acusarles de un delito ante un juez militar “sin rostro” y darles prisión preventiva oficiosa.

Entonces, las cosas sí están peor para la colonia. La enmienda no solo creó un problema de triple legitimidad que nos obsesiona a lxs abogadxs (si todos los poderes son electos popularmente: ¿quién tiene la última palabra?), sino que empeora la situación en general. Si caemos en un bache y demandamos al ayuntamiento, da lo mismo porque la reforma no toca los tribunales administrativos. Sin embargo, si tenemos la infortuna de ir a una fiscalía, no sólo tendremos un fiscal saturado, también a una jueza apadrinada por el narco. O si metemos un juicio para tener agua, tendremos un juez financiado por Coca-Cola. 

¿Qué tipo de régimen nos deja? Quizás la dualidad del estado totalitario: reglas para la circulación del capital, y arbitrariedad en muchos otros escenarios. Pero parece que categorías como “erosión de la democracia” no aplican porque nunca hubo un gobierno popular. Tal vez inventaremos etiquetas más precisas. Lo que sí estoy seguro es que nos tenemos que organizar, y articular para resistir esta reforma, la de la GN y la de la prisión preventiva oficiosa que forman un todo autoritario.

Cita recomendada: Rodrigo Camarena González, «Simposio “Reforma Constitucional al Poder Judicial Mexicano”, PARTE IV: La reforma judicial: ¿ni me va ni me viene?», IberICONnect, 3 de octubre de 2024. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/simposio-reforma-constitucional-al-poder-judicial-mexicano-parte-iv-la-reforma-judicial-ni-me-va-ni-me-viene/