Los sistemas de administración de justicia alrededor del mundo se han debilitado en los últimos años. De acuerdo con el más reciente Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el 66% de los sistemas de justicia civil y el 56% de los sistemas de justicia penal se debilitaron entre el 2022 y el 2023 en los países encuestados. Las razones de este debilitamiento son múltiples y varían en intensidad entre contextos. Sin embargo, en el corazón de este debilitamiento se encuentran las barreras que enfrentan las personas para acceder a la justicia.
Colombia no es la excepción a este debilitamiento. Este es el resultado de problemas estructurales y coyunturales como la percepción generalizada de altos niveles de impunidad y corrupción, escándalos en torno a la politización de las altas cortes, niveles elevados de congestión judicial y riesgos asociados a la violencia política en distintos territorios.
La falta de acceso efectivo sigue siendo uno de los problemas centrales de la justicia en el país. De acuerdo con la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del 2022, de las personas que reportaron haber tenido algún problema, desacuerdo, disputa o conflicto entre 2020 y 2021, el 35,2% acudió a una autoridad o persona competente para resolverlo y el 19,4% intentó llegar a un acuerdo directo con la persona con la que tuvo el problema. Solo el 22,8% de los problemas y conflictos reportados ante autoridades recibieron una decisión y en el 12,1% se llegó a un acuerdo.
Estas cifras, a pesar de sus limitaciones para capturar las distintas dimensiones del fenómeno, sugieren que los problemas de acceso a la justicia en el país son amplios. Como lo han analizado distintas investigaciones sobre el tema, existen barreras que impiden un acceso oportuno y efectivo a la justicia. Aunque estas afectan a toda la población, suelen ser más grandes y diversas para las poblaciones empobrecidas y racializadas, para las mujeres y diversidades sexo genéricas y para las personas con discapacidad.
En el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, las barreras específicas y diferenciadas que enfrentan son tanto materiales como culturales. Como ha documentado el programa PAISS, entre otras, existen barreras físicas, que son aquellos obstáculos materiales o construídos que dificultan o impiden el uso de espacios y servicios de justicia en condiciones de igualdad, como la falta de espacios para acomodar las sillas de ruedas. También enfrentan barreras actitudinales, que se refieren a las palabras, conductas, estigmas que impiden o limitan el acceso a la justicia, como negar su autonomía o capacidad para participar. Las barreras comunicativas como la ausencia de intérpretes de lenguaje de señas o de comunicaciones en braille.
Aunque Colombia ha llevado a cabo varias reformas a la justicia destinadas a mejorar el acceso, las barreras persisten. En parte, porque las reformas suelen hacer énfasis en ajustes en procedimientos legales o la creación de nuevas figuras jurídicas sin tomar en cuenta buenas caracterizaciones de la demanda de justicia y de las barreras que enfrentan quienes tienen más problemas para acceder. Las reformas siguen siendo necesarias. Pero ¿de qué tipo?
Para encontrar mejores soluciones a los problemas de acceso a la justicia, es necesario avanzar en varias direcciones. Primero, es importante lograr que las barreras y necesidades jurídicas de las personas sean visibles. Para ello, hay que mejorar la información que permita caracterizar el acceso a la justicia tanto a nivel nacional como regional y teniendo en cuenta a quienes enfrentan barreras específicas y diferenciadas. Por ejemplo, como lo ha documentado ILEX, existe una evidente invisibilidad estadística de las personas afrocolombianas en el sector justicia. Sin datos, los diagnósticos sobre su acceso terminan siendo incompletos o insuficientes. Los sistemas de información sobre la justicia deben incluir datos desagregados que permitan entender mejor el acceso de los grupos tradicionalmente excluidos o marginalizados.
Segundo, también es fundamental fortalecer los sistemas de justicia propios y la justicia ancestral de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Este fortalecimiento reconoce los saberes ancestrales y los derechos de estas comunidades y puede ayudar a que encuentren respuestas más rápidas y eficaces a sus necesidades jurídicas. Tercero, las reformas a la justicia deben reconocer el papel de las estructuras de dominación y las desigualdades en la configuración de las barreras que enfrentan las poblaciones tradicionalmente excluidas. Para enfrentarlas, será necesario desarrollar con mayor claridad enfoques interseccionales.
Nadie podría negar que un sistema judicial inaccesible no puede responder a las necesidades de la población. Por eso es fundamental la discusión sobre cómo enfrentar las barreras y promover un acceso en condiciones de igualdad para todas las personas. La persistencia de las barreras afecta la eficacia y legitimidad del sistema judicial y pone en riesgo los derechos de las personas que no pueden encontrar mecanismos para asegurar su garantía.
Doctora en Derecho de Stanford University. Cuenta además con una maestría en derecho de la Universidad Nacional de Colombia y una maestría en investigación socio jurídica de Stanford University. Diana es abogada y especialista en derecho constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, es la Directora General del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad-Dejusticia y como profesora asociada en la Universidad Nacional de Colombia, en áreas de derecho constitucional y justicia transicional. Su agenda de investigación se ha concentrado en temas de desigualdades y justicia de género, reformas judiciales y acceso a la justicia, políticas de drogas, derechos de las víctimas, reparaciones y justicia constitucional. Actualmente, estudia los impactos de sentencias estructurales y lidera un semillero de investigación sobre género y economía del cuidado.
