Hace algunos años escribí un artículo sobre libertad de expresión y populismo, que luego de otros tantos se publicó como un capítulo en The Oxford Handbook of Constitutional Law in Latin America, editado por los amigos Conrado Hübner Mendes, Roberto Gargarella, y Sebastián Guidi. Es un trabajo que recuerdo con cariño, en parte porque capturaba mi experiencia en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los años de Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador—presidencias notables, que yo estaba encargado de seguir especialmente por su relación problemática con la concepción liberal de la libertad de expresión que el sistema interamericano abrazaba. El artículo tomaba ambas experiencias y las comparaba con la Argentina de entonces, con el objeto de desarrollar tres “casos de estudio” sobre cómo el populismo se vincula con la libertad de expresión. Al volver a este artículo estos días, me llamó la atención su resumen (lo traduzco del original en inglés).

“Este capítulo busca describir los fundamentos normativos del debate sobre la libertad de expresión que afectó a América Latina en los últimos años, especialmente en torno al impulso, liderado por algunos países, para reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con base en este análisis, el capítulo defiende una relación conflictiva entre la política populista y la libertad de expresión. Ahora que el polvo se ha asentado sobre el proceso de reforma interamericana, el análisis parece oportuno y relevante dado el declive del populismo de izquierda en la región y el ascenso del populismo de derecha en todo el mundo”.

La intuición de la última oración motiva este ensayo, que pretende ser una actualización veloz del argumento ante un contexto a la vez similar (populismo) pero diferente (de derecha). Procederé entonces de la siguiente manera. En la primera parte resumiré el argumento del viejo capítulo. Lo reivindicaré al trazar puntos de contacto entre los populismos de izquierda que por entonces estaban de salida y los populismos de derecha que por entonces (circa 2017, cuando el primer borrador fue escrito) asomaban. En la segunda argumentaré que las preocupaciones que señalaba entonces persisten, y que hay nuevas que merecerían nuestra renovada atención.

Populismo y libertad de expresión

Liberalismo y libertad de expresión van, obviamente, de la mano. Se trata de un derecho fundamental en todos los regímenes constitucionales modernos construidos contra el Ancien Régime, a partir de las revoluciones en América y Francia y las ideas del iluminismo del siglo XVIII que las inspiraron. La libertad en la expresión de las ideas, la publicación sin censura previa, y el resguardo de la integridad de los representates por el uso de la palabra en sus funciones son esenciales en todas las declaraciones de derechos y textos de ese primer constitucionalismo atlántico. Estos principios políticos se afirmaron desde siempre como una parte esencial de los nuevos ordenes políticos, siempre en tensión con las demandas de legitimidad que suponía la construcción de un régimen basado en la opinión pública. Pero durante el siglo XX, esos principios se convirtieron en derecho a través de la jurisprudencia de tribunales supremos y constitucionales, que con el tiempo desarrollaron criterios protectorios que influirían—ya en la segunda mitad del siglo XX—sobre el sistema interamericano. 

Esta jurisprudencia adelantó distintos principios básicos, que durante mucho tiempo dimos por sentados: el estado no puede ser juez de la verdad o falsedad de las ideas u opiniones—esta se determina en el debate público y a partir de los juicios individuales de ciudadanos libres; la censura previa está prohibida de manera casi absoluta; los funcionarios públicos deben mostrar una mayor tolerancia a la crítica porque los asuntos de interés público deben ser discutidos de manera robusta, abierta, y deshinibida; el periodismo cumple un rol fundamental—y satisface una necesidad primaria—en las sociedades democráticas; etcétera. Son los principios que estructuran al marco jurídico interamericano de libertad de expresión.

Este fue puesto en duda circa 2013 por un esfuerzo crítico y de debilitamiento liderado por el entonces presidente de Ecuardor Rafael Correa. Él fue quien mejor presentó los puntos de vista contrarios a esos principios liberales, desde una política populista basada en el acto de nominación laclauiano que supone dividir a la ciudadanía de un país en dos campos enfrentados, mediante la construcción de una frontera entre ellos y nosotros, amigos y enemigos, pueblo y anti-pueblo.

Mi análisis por entonces encontraba—en Correa—a la mejor expresión de esa crítica, en parte motorizada por la decisión de colocar a la prensa de América Latina del lado del enemigo en la operación de nominación populista. Los puntos de divergencia sustantivos, que mostraban una visión diferente sobre la libertad de expresión eran tres: que la libertad de expresión fuera un derecho preferido; que los delitos de calumnias e injurias no debían ser más delitos criminales en asuntos de interés público, y que los funcionarios públicos deban demostrar mayor tolerancia a la crítica a la hora de defender su derecho al honor. El análisis de entonces—que realicé con base en intervenciones públicas de Correa, como ésta—revelaba puntos de vista sustantivos, casi doctrinarios, que se expresaban en el campo jurídico como desacuerdos y en el campo político como justificación de la iniciativa de reforma del sistema interamericano. 

El trabajo concluía, sin embargo, contrastando distintas aproximaciones populistas, que admitían diversos grados de tensión con la libertad de expresión. Mi conclusión en ese entonces era que el proceso de discusión en la Argentina sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había sido motorizado por un ejercicio populista en el que la prensa, y sus principales corporaciones privadas, había sido puesta en el lugar del enemigo. Pero a la hora de expresarse jurídicamente, el mecanismo legal elegido e impulsado por el oficialismo de entonces había buscado ser compatible con el sistema interamericano de derechos humanos y con la jurisprudencia tradicional sobre libertad de expresión. La concepción liberal no era, en efecto, contraria a medidas antimonopólicas, incluso cuando éstas fuesen justificadas a través de un ejercicio de polarización. Ciertas condiciones institucionales estructurales diferenciaban a Ecuador y Venezuela de la Argentina, y ellas podían explicar la diferencia de aproximación—como la existencia de un poder judicial independiente con capacidad de bloquear iniciativas gubernamentales, una sociedad civil comprometida e involucrada con el sistema interamericano, el rol de los derechos humanos tanto en el proceso de transición democrática como en el discurso gubernamental de entonces, etcétera. 

Los costos de la operación populista de nominación eran, de todas formas, elevados. El ejercicio implicaba repudiar principios básicos del sistema democrático, como aceptar—de manera paternalista—que los ciudadanos eran manipulados en contra de sus intereses, negar legitimidad a los medios de comunicación para canalizar el debate público, y promover la creación—oficial u oficiosa—de medios de comunicación partidizados, algo que rompía con el ideal regulativo del periodismo neutral u objetivo.

Todas estas tendencias se profundizaron y aceleraron en los últimos años a partir del crecimiento de los populismos de derecha que por entonces asomaban.

Populismo y derecha, recargados

Ya electo, Donald Trump podía atacar a la prensa con impunidad. Su ascenso al poder ocurrió, en parte, en contra de la prensa hegemónica de los Estados Unidos y ella fue—desde entonces—uno de sus principales objetivos de ataque. En el acto de nominación populista, la prensa independiente—acusada de commie en los 50’, de liberal en los 90’ y de woke en los últimos años—era parte del enemigo contra el cual se levantaba la coalición del Make America Great Again (MAGA). En ese contexto, Trump acusaba a la prensa de difundir noticias falsas y los únicos medios legítimos eran los radicalmente partidizados. Ello producía una creciente fragmentación del debate público que contribuía a la polarización política. Patrones similares pueden encontrarse en la actitud frente a la prensa de Viktor Orbán en Hungría, Jair Bolsonaro en Brasil, o Javier Milei en la Argentina. La canción es la misma, aunque la letra cambie. Mientras que en los 2000 la prensa de América Latina era acusada de ser un arma de las corporaciones y el poder económico concentrado, hoy la prensa tiende a ser atacada por partidista e integrante de una casta que los populismos de derecha vienen supuestamente a cuestionar. Las acusaciones de corrupción hechas por el presidente argentino últimamente, adjetivada por los más vulgares insultos, previene la posibilidad de discutir la economía política de los medios de comunicación y cómo éstos sirven—o no—a la democracia.

Además de los ataques verbales, los populismos de derecha y de izquierda recurren a las mismas formas de disciplinamiento como—por caso—el abuso en la distribución de presupuestos publicitarios, bajo razones de pluralismo informativo durante la era progresista de los populismos o bajo pretextos de austeridad en la era derechista. Aún no pueden verse, sin embargo, medidas directas de restricción o cambios normativos audaces que potencialmente puedan ser abusados por parte de los populismos incipientes, aunque no sería descabellado imaginar ese escenario. Incluso Trump ha lanzado amenazas en ese sentido. 

Quizás esa ausencia se explique por la plataformización del discurso político, un fenómeno que agrava el problema pero a la vez corre su eje. Según argumentan algunos teóricos de las nuevas derechas, los medios de comunicación simplemente perdieron centralidad y la horizontalidad de las redes explica, en parte, el crecimiento de los discursos reaccionarios. Esta posición, que tiene mejores defensores, merece ser atendida para entender cambios más profundos. Pero la horizontalidad de las redes, e incluso su defensa ante ataques injustificados, no debería llevarnos a no reconocer como un problema serio el del empobrecimiento del debate público, al cual los nuevos populismos contribuyen especialmente con la lógica de la polarización. La estrategia de nominación que supone la acción política populista lleva a un escenario de confrontación que fuerza los límites del sistema democrático.

En este escenario asoman nuevas controversias, que aún son incipientes. Por ejemplo, varios estados conservadores en Estados Unidos han aprobado leyes que buscan prohibir a las empresas de Internet la moderación de contenidos políticos. Estas leyes surgieron luego de que diversos casos muestren, en ese país, una relación estrecha entre empresas y el gobierno federal para moderar contenido vinculado a la desinformación, especialmente durante la pandemia del Covid-19. Esa relación, desigual y conveniente para ambas partes, revela una forma de gobernanza problemática, en el que los mecanismos informales de presión reemplazan los procesos formales de creación de normas. Ante el regreso de Trump a la presidencia, queda por ver cómo operará en la práctica ese mecanismo, con otros intérpretes. Los indicios por el momento sugieren relaciones estrechas y explícitas de apoyo y acomodamientos estratégicos entre los principales actores del mundo de la tecnología. 

La nueva grieta que pone—curiosamente— a los actores más conservadores como defensores de una libertad de expresión amplia y a los sectores progresistas pidiendo más medidas de censura complejizan el escenario, especialmente ante los cambios de tendencias en el sector público y en el sector privado. ¿Qué pasaría en Brasil, por caso, si el bolsonarismo regresase al poder? ¿Cómo influiría ese cambio político en la relación conflictiva entre el Superior Tribunal de Brasil y X, la empresa de Elon Musk? ¿Cómo influirá, en este escenario, el rol preponderante que la Digital Services Act de la Unión Europa tendrá en los próximos años?

Un futuro incierto

No hay aún demasiadas respuestas para estas preguntas. Pero las amenazas de hace diez años emergen ahora renovadas, distintas pero similares. La libertad de expresión siempre ha sido objeto de controversias, y en los momentos en los que los sistemas políticos entran en crisis, las tendencias restrictivas se acrecientan debido al rol fundamental que el tribunal de la opinión pública tiene en el sostenimiento del ordenamiento político democrático. El terror rojo que invadió a países occidentales después de la Revolución de Octubre, el macartismo a mediados de siglo en Estados Unidos o la doctrina de la seguridad nacional de las dictaduras latinoamericanas de las décadas del sesenta, setenta, y ochenta dan cuenta de este fenómeno: la libertad de expresión es un derecho tan fundamental como permanentemente amenazado. Las amenazas son nuevas, pero no tanto.

Cita recomendada: Ramiro Álvarez Ugarte, «La libertad de expresión ante el populismo de derecha», IberICONnect, 8 de enero de 2025. Disponible en: https://www.ibericonnect.blog/2025/01/la-libertad-de-expresion-ante-el-populismo-de-derecha/