Veinte años de justicia transicional en Colombia

El 2005 marcó el inicio de una nueva aproximación a la forma de enfrentar el conflicto armado en Colombia. A partir de la Ley de Justicia y Paz, el país empezó un proceso de adopción de medidas encaminadas a garantizar los derechos de las víctimas como parte de la búsqueda de salidas al conflicto armado. Desde entonces, la denominada justicia transicional pasó a ocupar un lugar central en el debate público en torno al conflicto y la paz. Al llegar a sus veinte años de desarrollo, vale la pena hacer un balance de lo que ha representado la justicia transicional para Colombia. En esta columna presento unas primeras reflexiones sobre sus transformaciones y principales resultados que espero profundizar en entregas posteriores. 

Los cambios que ha tenido la justicia transicional han sido múltiples en estos veinte años de historia en Colombia. Estos pueden evidenciarse al identificar los énfasis y aproximaciones de las medidas transicionales a lo largo de estas dos décadas. 

En el 2005, la justicia transicional colombiana arrancó con un énfasis punitivo. La Ley de Justicia y Paz estableció el marco legal para la desmovilización de los grupos paramilitares que acordaron la dejación de armas con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A diferencia de procesos de desmovilización previos, y gracias a la presión del movimiento de víctimas y de derechos humanos, esta ley buscó enfrentar la tensión fundamental entre el logro de la paz a través de la dejación de armas y la necesidad de no sacrificar la justicia para las víctimas. Para ello, creó un procedimiento penal especial que debía desembocar a la privación de la libertad de 5 a 8 años a quienes hubieran cometido violaciones graves a los derechos humanos. Aunque esta es la primera ley que reconoció que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, los mecanismos de verdad y reparación tuvieron menos desarrollo que el de justicia. 

Con el fin de superar las limitaciones de esta apuesta, que no logró garantizar de manera integral los derechos de las víctimas, a partir del 2011 hubo un giro hacia la profundización de la verdad y la reparación. La ley 1448, por ejemplo, creó un registro único de víctimas, una política de reparaciones administrativas y fortaleció el trabajo en memoria mediante la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica. El registro ayudó a mejorar las cifras oficiales y la política de reparaciones permitió que el país desarrollara un programa de restitución de tierras despojadas y un conjunto de medidas de indemnización, rehabilitación y satisfacción en clave transformadora. 

En 2016, el Acuerdo Final de Paz (AFP) entre las FARC-EP y el gobierno nacional incorporó un modelo de justicia transicional holística, como forma de avanzar en la construcción de paz mediante una aproximación integral a los mecanismos de verdad, justicia y reparación. El acuerdo optó por articular al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, nuevas instituciones, como la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Con la JEP, el énfasis en justicia punitiva de los primeros años dio paso a un diseño que incluye componentes de justicia restaurativa y se esperaba que los programas de reparación se fortalecieran. 

Aunque este sistema de verdad, justicia y reparación del Acuerdo de Paz es considerado a nivel internacional como innovador y un modelo a seguir, ha tenido serios problemas en su implementación. Desde el plebiscito del 2016, en el que el 50,21% de los votantes dijo “No” al AFP, el trabajo de las instituciones como la JEP y la Comisión de la Verdad ha enfrentado problemas de legitimidad y múltiples ataques. En medio de estas críticas, el gobierno de Iván Duque representó una época de debilitamiento del modelo de justicia transicional, por falta de apoyo político, desfinanciamiento y bloqueos institucionales, entre otras razones. Este debilitamiento no se ha superado con el Gobierno de Gustavo Petro, a pesar de que ha afirmado su apoyo a la paz y ha aumentado el presupuesto para la implementación del Acuerdo. 

Dados los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo y la complejidad del sistema que se ha venido configurando, la tarea de hacer un balance de los resultados, logros y retos de la justicia transicional es titánica pero necesaria para el país. 

Así, un balance general no podría dejar de reconocer que la justicia transicional ha transformado la manera en que Colombia ha intentado salir del conflicto al incluir como elemento fundamental los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Esto ha permitido avanzar en el camino del reconocimiento de las víctimas tanto a nivel normativo como social. Hoy existen varios estándares constitucionales y legales que garantizan los derechos de las víctimas. También se ha generado un consenso favorable a las víctimas en la sociedad como lo muestra un estudio reciente de la Universidad de los Andes liderado por la profesora Angélica Rettberg. Este no es un logro menor si consideramos lo divisivos que se han tornado los temas relacionados con la paz en el país. 

Sin embargo, así como hay un mayor reconocimiento de las víctimas y sus derechos, el balance sobre la garantía efectiva de sus derechos es preocupante. El estado de las reparaciones lo ilustra. Ante un universo de más de siete millones y medio de personas a reparar integralmente, al 2023 sólo habían sido indemnizadas 1’446.000, que representa un porcentaje muy bajo después de 12 años de implementación del programa y el monto previsto para financiar las reparaciones en los siguientes años de vigencia de la ley no es suficiente para cubrir el número restantes de víctimas, como lo mostramos en un estudio de Dejusticia. 

Estos límites en la efectividad de los derechos de las víctimas ponen en riesgo el potencial de la justicia transicional y su propósito más amplio de generar transformaciones sociales. Por eso, los veinte años de este proyecto necesitan discusiones profundas sobre su futuro. ¿Cómo lograr que los próximos años permitan concretar los propósitos de la justicia transicional? ¿Cómo hacer para cumplirle a las víctimas y garantizar sus derechos? ¿Es necesario repensar la justicia transicional?